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La Iglesia Católica le cuesta al Estado 249 millones al año

Más recursos que para el espionaje, el CSD o los seguros agrarios

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Un penitente de la hermandad "Numeraria del Rosario" espera el comienzo de la procesión del Santo Entierro de Compostela, durante la pasada semana santa. MIGUEL RIOPA / AFP

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@e_bayona

ZARAGOZA .- El mantenimiento de la Iglesia Católica le cuesta al Estado casi el doble que el de los partidos políticos y hasta seis veces más que el de los agentes sociales. Y más que la suma de ambos conceptos. Es uno de los peajes de los Acuerdos Jurídicos de 1979 entre España y la Santa Sede, que vuelven a ser cuestionados desde algunas instituciones.

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Más recursos que para el espionaje, el CSD o los seguros agrarios

Esas cifras sitúan la aportación media del Estado a la Iglesia Católica en 249 millones por ejercicio —tuvo su pico en 2011, con una aportación estatal de 343, y el mínimo en 2007, con 152— mientras la de los partidos es de 116 y la de los agentes sociales, de 39,5.

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El Gobierno mantiene un sistema que vencía en 1986

Esa aportación económica es una consecuencia de la aplicación de los Acuerdos Jurídicos con la Santa Sede —coloquialmente conocidos como “el concordato” pese a no ser más que su revisión— que el Gobierno de UCD suscribió con Roma el 3 de enero de 1979, menos de una semana después de que el BOE publicara la Constitución que declaraba la aconfesionalidad del Estado.

El arzobispo Cañizares. EFE

Este preveía que la aportación voluntaria de los contribuyentes vía casilla del IRPF sustituyera, tres años después de su entrada en vigor, como única vía de financiación a “la adecuada dotación a la Iglesia Católica” que, “con carácter global y único” y “actualizada anualmente”, el Gobierno de Adolfo Suárez acordó realizar vía Presupuestos Generales del Estado.

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“Contrarios a la Constitución”

Esta particular relación jurídica y económica entre un Estado formalmente aconfesional y la principal confesión religiosa que opera en su territorio ha sido en muchas ocasiones objeto de críticas y de reclamaciones de revisión, a las que algunas instituciones aragonesas se han sumado recientemente y por vez primera.

La exención del IBI de la iglesia

Por su parte, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, en este caso mediante una iniciativa de Cha que obtuvo el apoyo de Zaragoza en Común (ZeC), PSOE y C’s y la única oposición del PP, ha acordado reclamar la revisión de la parte económica de esos acuerdos “al efecto de generar unas relaciones económicas entre el estado y la Santa Sede más equilibradas y acordes a la realidad actual”.

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