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El incierto futuro de Abengoa: Ernst & Young, una discutida oferta y una errática política del Gobierno andaluz

La compañía, que emplea a unas 1.500 personas en Sevilla y a otras 14.000 en todo el mundo, está inmersa en un concurso de acreedores después de que fracasaran todos los planes de viabilidad.

Trabajadores de Abengoa, convocados por los sindicatos UGT y CCOO, pasando junto a la Catedral y la Giralda de Sevilla durante la manifestación que ha tenido lugar hoy en defensa del empleo.
Trabajadores de Abengoa, convocados por los sindicatos UGT y CCOO, pasando junto a la Catedral y la Giralda de Sevilla durante la manifestación que ha tenido lugar hoy en defensa del empleo. EFE/ Raúl Caro

El destino de Abengoa, una empresa puntera, tecnológica, que tiene en propiedad numerosas patentes, y cuyas filiales siguen obteniendo contratos –uno de los últimos en México– está hoy fagocitada por las deudas, que rondan los 6.000 millones de euros, y su futuro, incierto, ha quedado en manos de la justicia y de una de las grandes compañías consultoras, Ernst & Young, a la que el juzgado de lo mercantil número 3 de Sevilla, ciudad donde tiene la sede, acaba de nombrar administradora de sus bienes a cambio de una jugosa cantidad, que podría estar en torno al millón de euros. 

La compañía, que emplea a unas 1.500 personas en Sevilla y a otras 14.000 en todo el mundo, está inmersa en un concurso de acreedores después de que fracasaran todos los planes de viabilidad y rescate intentados en los pasados años, el último de ellos después de que el Gobierno andaluz, que preside Juanma Moreno, se quitara de en medio y se negara a avalar –al no hallar fórmulas jurídicas para ello, según aseguran– con 20 millones de euros un enésimo intento de rescate pactado entre el Gobierno de España y la banca.

Unos días antes de que la consultora Ernst & Young –que tendrá que estudiar si las filiales de Abengoa entran también en concurso o no– tomara las riendas de Abengoa, la empresa presentó un nuevo plan, que ha causado importantes dudas a la banca, a los accionistas y al propio Gobierno de España, a quien se le pide que financie –a través de avales del ICO, de Cesce y de la aportación de una "ayuda temporal" de la SEPI de 249 millones de euros– un supuesto relanzamiento del grupo empresarial.

La jugada implica la aplicación de "ciertos cambios y modificaciones a los instrumentos de deuda actualmente vigentes, que implicarían en todo caso capitalizaciones y quitas", es decir, la renovación de los compromisos de la banca con la multinacional, y todo ello vinculado a una discutida operación, que implicaría que "un grupo de inversores liderado por TerraMar Capital LLC" acabara por controlar el 70% del capital social de Abengoa, con una inversión de apenas 50 millones y la aportación de otros 150 millones –en dos fases, primero 35 millones y después 115– en préstamos.

TerraMar tiene antecedentes en EEUU que han causado alarma, debido a que ha participado, con la ayuda de fondos de inversión, al menos en una operación de alto riesgo, basada en la compra de deuda y de activos de empresas en quiebra que luego se revenden maximizando el beneficio, como ha revelado Diario de Sevilla en esta información. En su comunicación a la CNMV, Abengoa no explicita las condiciones del préstamo de esos 150 millones que recibiría de TerraMar.

El Gobierno de España estudia la operación, como no puede ser de otro modo, pero no la ve en absoluto clara, según las fuentes consultadas por Público.

En paralelo a todas estas operaciones, una filial de Abengoa mantiene abierto un pleito de más de 1.000 millones de euros contra España por la disminución a las primas a la renovables ejecutada por el gabinete de Mariano Rajoy a las renovables. Es decir, mientras Abengoa pide millones a la SEPI también le reclama en los tribunales.

La compra  de la sede

Y también está la actuación del Gobierno andaluz, que algunas fuentes tachan de errática y difícil de entender. Después de negarse a poner 20 millones de euros en avales –el Gobierno andaluz ha asegurado siempre que los letrados de la administración, vistos los antecedentes de Ejecutivos anteriores, del PSOE, que afrontan un rosario de juicios, no habían hallado formas jurídicas para ayudar a la compañía– en el último plan de rescate, lo que fue una de las causas del fracaso del mismo el pasado 16 de marzo, el gabinete de Juanma Moreno aprobó una operación presupuestaria, a través de la que, de un modo indirecto, los fondos europeos financiarán con 78 millones de euros la compra de Palmas Altas, la sede de Abengoa en Sevilla.

El Gobierno andaluz pretende levantar allí a medio plazo la Ciudad de la Justicia de Sevilla, un proyecto que lleva décadas en cuarentena y que por distintas razones jamás ha llegado a hacerse. Ahora, a varias fuentes consultadas les llama la atención, además de la fórmula utilizada por el Ejecutivo para disponer de ese dinero –que a final de cuentas reduce el dinero extra que podría ir a la sanidad y la educación en Andalucía–, también la celeridad de la Junta, después de no haber puesto en disponer de esos fondos. De ejecutarse la compra ahora, tendrían en el fondo un destino incierto y podrían acabar en el bolsillo de los acreedores de Abengoa, en lugar de contribuir a la salvación de numerosos empleos en Sevilla.

Una explicación sencilla emerge entre tanta duda, que al Gobierno andaluz le interese más levantar la Ciudad de la Justicia o al menos iniciar la operación antes de las próximas elecciones, que el destino de los miles de empleos de Abengoa.

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