"Lo más seguro es que no nos conozca, pero todas y todos los abajo firmantes somos inquilinas e inquilinos de viviendas propiedad de las diferentes SOCIMIs que usted dirige y que, mes a mes, cumplimos con nuestras obligaciones".

Así se han presentado 750 inquilinos madrileños de las diferentes sociedades con las que opera en España el fondo de inversión estadounidense Blackstone, considerado el mayor casero de España. Acompañados por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, un grupo de ellos  se ha concentrado en la sede de Testa Home, una de esta empresas que gestiona el gran patrimonio que el fondo buitre ha ido adquiriendo en España desde que aterrizó en el país, tras la gran crisis económica de 2008.

El objetivo era entregar una carta firmada por 750 inquilinos afectados al presidente de Testa Home y de Fidere, Juan Pablo Vera, en la que le exigen una negociación colectiva ante la finalización de cientos de contratos que las empresas no están dispuestas a renovar sin aplicar subidas o cláusulas que consideran abusivas.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid aglutina a unas 80 familias que hace meses se negaron a firmar los nuevos contratos con subidas de alquiler que llegaban hasta el 70% del precio en algunos casos y que también incluyen pagos como la cuota de la comunidad de vecinos y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Muchos de ellos son personas que alquilaron vivienda de protección oficial que acabó en manos de Blackstone. Los hay de barrios de Madrid como Carabanchel, pero también de ciudades como Torrejón de Ardoz, Alcorcón, Getafe o Aranjuez.

En el marco de la campaña "Nos quedamos", impulsada por los activistas del Sindicato de Inquilinas, decidieron seguir en las viviendas con los contratos vencidos y pagando por diferentes vías el mismo precio que cuando entraron.

Intentan así forzar una negociación colectiva con las empresas del fondo, y la estrategia dio resultado en algunos bloques de Torrejón de Ardoz, pero desde entonces Blackstone se ha negado a negociaciones colectivas de inquilinos organizados y trata de negociar individualmente con algunos de los afectados que considera vulnerables.

"Entre los afectados hay desde octogenarios que entraron en sus viviendas hace más de 20 años gracias a un sorteo de viviendas de protección oficial hasta parejas jóvenes que llevan meses pagando precios desorbitados por su alquiler en zonas claramente tensionadas", recuerdan los activistas.

Jesús Canales, de 57 años, lleva cuatro con el contrato vencido. Recuerda que cuando alquiló su casa en Alcorcón era una vivienda protegida, pero cuando finalizó su contrato comprobó que el dueño era Fidere. Las nuevas condiciones suponían un incremento de precio de entre el 35% y el 40%, algo que Canales no estaba dispuesto a asumir.

Algo parecido le sucede a Daniel Paredero, de 44. Hace ocho que arrendó con Fidere una vivienda social que la compañía había adquirido a la Comunidad de Madrid. "Pagaba 545 euros al mes por un piso amplio, de dos habitaciones", recuerda. Pero a los pocos años hubo una primera subida, hasta 780 euros. Ahora, si quiere renovar, el nuevo precio ronda los mil euros al mes, "y en dos años incluyen la comunidad y el pago del IBI. Son casi 1.100 euros de alquiler. Inasumible. Ya he recibido el burofax que me comunica que mi contrato no se va a renovar", dice. De los vecinos que vivían en su bloque cuando él llegó "ya apenas queda nadie. La mayoría se ha ido ante las subidas", dice.

"Esta acción de organización vecinal también debe servir para que el Gobierno tenga la valentía de aprobar, de una vez por todas, una Ley de Vivienda garantista y efectiva que realmente proteja al inquilinato y persiga la especulación desaforada de las SOCIMI y los fondos buitre", ha insistido los activistas.