Isolux Corsán cuenta con plazo hasta el próximo 5 de agosto para acordar con sus principales bancos acreedores y accionistas una inyección de capital de unos 400 millones de euros que garantice la viabilidad de la compañía de construcción e ingeniería con el fin último de evitar el concurso de acreedores.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid admitió la solicitud de 'preconcurso' de la empresa este pasado 5 de abril, con lo que a partir de esa fecha comenzaron a contar los preceptivos cuatro meses para pactar con la banca.

Isolux solicitó acogerse a la ley concursal el pasado 31 de marzo después de que no lograran fructificar las negociaciones que mantenía con sus bancos desde comienzo de año.

Con esta decisión, el grupo busca dotarse plazo suficiente para seguir negociando sin el riesgo de que un tercero inste el concurso de la compañía. Cuenta para ello con el asesoramiento de la firma Alvarez & Marsal.

El grupo que preside Nemesio Fernández-Cuesta necesita una nueva inyección de capital para cubrir sus necesidades de liquidez, garantizar la operativa de la empresa y la ejecución de sus proyectos.

La compañía negocia lograr estos recursos con Santander, Bankia y CaixaBank, bancos que además actualmente son sus tres primeros socios. Las tres entidades suman el 30% del capital de la constructora controlada al 90% por un total de veinte bancos.

Precisamente, Isolux quedó en manos de sus bancos acreedores a finales del pasado año, cuando canjeó por acciones el grueso de su deuda, unos 1.400 millones del pasivo total de 2.200 millones que soporta.

El canje de deuda por acciones constituyó uno de los pilares del plan de rescate que la compañía acordó con sus bancos en julio de 2016.

Dos rescates en un año

De esta forma, Isolux negocia un nuevo rescate con la banca menos de un año después de formalizar el primero, con el que salieron de la empresa y diluyeron a menos del 5% su participación sus antiguos accionistas de control, el expresidente y el exvicepresidente del grupo, Luis Delso y José Gomis.

El plan pactado el pasado año supuso además una reestructuración de la compañía, tanto en la plantilla como en su dirección y organización, y el lanzamiento de un programa de desinversiones de activos no estratégicos para lograr recursos con los que pagar otra parte de su deuda, el denominado 'tramo B', de unos 750 millones.

Así, tras vender un parque eólico en Argentina y la filial de plantas fotovoltaicas T-Solar, trabaja ahora para desprenderse del resto de activos en los que tiene colgado el cartel de se vende. Se trata de un conjunto de líneas de transmisión eléctrica de Brasil, la división de aparcamientos, la filial de ingeniería y varios proyectos de edificación.