La juez desestima las medidas cautelares solicitadas por un accionista de PRISA sobre la refinanciación de la deuda

El Juzgado de lo Mercantil número 18 de Madrid ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por Global Alconaba, accionista significativo de PRISA con más del 7% del capital, contra los acuerdos adoptados por el consejo de administración de PRISA en su sesión del 25 de marzo de 2025, en la que pedía la "suspensión del acuerdo sobre la refinanciación de la deuda".

En el auto, la magistrada Lucía Martínez Orejas ha señalado que "no ha lugar" a adoptar las medidas cautelares interesadas sin dar previa oportunidad de audiencia a la parte demandada y, además, se convoca a las partes a la vista de medidas cautelares el 23 de abril a las 10.30 horas.

Asimismo, en el escrito, la juez matiza que las cautelares solicitadas por Alconaba no son "razones de urgencia o necesidad" como para que se justifique esta solicitud y que se ha pedido sin "oír al demandado".

"La ausencia de una argumentación rigurosa relativa a este plus de urgencia y la carencia evidente de documentación esencial que como reconoce el solicitante, deberá aportar la demandada, me llevan a desestimar la solicitud y a continuar la tramitación ordinaria de las medidas cautelares", expone el auto.

Por su parte, Global Alconaba alegaba tras su demanda presentada el pasado viernes que "todos" los hechos son "consecuencia de la estrategia" del presidente de PRISA, Joseph Oughourlian, para "asegurar su posición de control de la compañía y hurtar a los accionistas las facultades de nombramiento y de separación de los administradores que la Ley de Sociedades de Capital les concede".

El pasado 25 de marzo, el Consejo de Administración de PRISA acordó realizar un aumento de capital por un importe mínimo de 40 millones de euros con cargo a aportaciones dinerarias, mediante la emisión de hasta 108.108.108 nuevas acciones representativas de un 9,95% del capital con el objetivo de cancelar y reducir deuda.

Al día siguiente, la compañía cerró la ampliación de capital por importe de 40 millones de euros, con la colocación entre inversores privados de más de 108,1 millones de acciones a un precio de 0,37 euros por título. El aumento de capital se ha llevado a cabo con exclusión del derecho de suscripción preferente y mediante un procedimiento de colocación privada acelerada entre inversores cualificados realizado por JB Capital Markets.

Global Alconaba cree que "todos estos movimientos suponen una manipulación inaceptable del funcionamiento de los órganos de gobierno de una sociedad cotizada". "La operación se ha orquestado con opacidad, sin respetar los plazos legales, ni las normas sobre conflictos de interés, y ha excluido deliberadamente a los consejeros críticos del proceso de toma de decisiones", han señalado en un comunicado.

A su juicio, el objetivo ha sido "preservar el poder de un único accionista en perjuicio del interés de la organización y del resto de socios, eliminando cualquier posibilidad de control o renovación del liderazgo por parte del Consejo o de la Junta de Accionistas".