Un juez levanta la suspensión de las obras de la Operación Canalejas de Madrid

MADRID.-El Juzgado de Primera Instancia número 54 de Madrid ha levantado la suspensión de las obras que realizan en la manzana de Canalejas, en el centro de Madrid, en el marco de la conocida como 'Operación Canalejas', donde está proyectado un complejo hotelero, comercial y residencial y cuyos trabajos estaban paralizados desde el pasado mes de octubre.

El juez ha desestimado la demanda de suspensión de obra nueva interpuesta por la firma R&A Palace Gestión contra el Centro Canalejas Madrid, Grupo Villar Mir, Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacios, OHL y el Ayuntamiento de Madrid.

El fallo establece que la demandante "carece del mínimo título posesorio ni interés jurídico concreto y digno de protección que se le ha de exigir en este tipo de procedimientos".

R&A Palace Gestión pidió hace tres meses la suspensión de estas obras alegando que había suscrito con el Banco Santander un contrato de compraventa sobre el conjunto de los edificios de la Plaza Canalejas y que la entidad bancaria había decidido por su cuenta resolver dicha compraventa revendiéndolo a la parte demandada en diciembre de 2012, que posteriormente decidió poner en marcha este proyecto.

En la sentencia, que llega casi una semana después de que se celebrara en el mismo Juzgado de Instrucción una vista pública entre todas las partes implicadas con el objetivo de analizar la legalidad de las obras, se alza definitivamente la suspensión de obra nueva de la Operación, se absuelve a los demandados y se condena a R&A Palace Gestión al pago de la totalidad de las costas procesales causadas, "con expresa declaración de temeridad".

El fallo señala que el litigio entre R&A Palace Gestión y el Banco Santander respecto del contrato de compraventa de los inmuebles, "no ejercita más que una acción personal de contenido estrictamente económico, pero "no una acción que le vaya a otorgar algún título posesorio" sobre dichos inmuebles.

También hace alusión a un informe que presentó la demandante ante el Ayuntamiento de Madrid en julio de 2012 donde "no marcó las casillas correspondientes a 'Ser propietario de la finca' o ' Ser posible comprador'" sino que "únicamente indicó estar realizando estudios" para los que les resultaba de "gran utilidad" la información.

Asimismo, recuerda que ya en una primera demanda, en el marco del litigio con Banco Santander, R&A Palace Gestión "no estaba solicitando la entrega de los inmuebles ni que se le reconociera derecho ninguno sobre ellos, pese a lo que parece dar a entender posteriormente en su escrito de recurso de apelación; si bien acaba reconociendo en dicho escrito que, en cualquier caso, dicha entrega resultaría jurídicamente imposible".

En definitiva, entiende que independientemente del alcance de las obras, la demandante "no mantiene en la actualidad la posesión ni derecho ninguno" sobre los inmuebles; y "ni siquiera tiene una mínima expectativa de ostenta tales derechos en el futuro" aun cuando la Audiencia Provincial pudiera estimar su recurso de apelación.

Las obras afectan a los siete edificios situados en la Plaza de Canalejas con la calle de Alcalá números 6 a 14 de Madrid. Dicho conjunto está protegido parcialmente por declaración de bienes de interés cultural acordada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. La autoridad municipal, por su parte, expidió licencia como obra sobre bien de interés cultural, "con las directrices y prohibiciones acordes a tal protección".

El 2 de octubre de 2014 los servicios del Ayuntamiento denunciaron "infracciones notorias" sobre elementos protegidos y se decidió la paralización de las obras. El 4 de agosto de 2015 la autoridad municipal, a solicitud de Centro Canalejas Madrid, autorizó a llevar a cabo por tiempo de un mes trabajos de mantenimiento en elementos de protección y seguridad tanto en fachadas como en elementos estabilizadores.

Ante estos hechos, las demandadas solicitaban la desestimación de la demanda interpuesta por R&A Palace Gestión, cuestionando la legitimación activa de ésta para iniciar el procedimiento de paralización de obras, "al negar que sea titular de ningún derecho o interés jurídico digno de protección sobre los inmuebles donde se están ejecutando las obras".

Respecto a la falta de legitimación activa, en la vista pública del pasado viernes, Centro Canalejas aseguró que la declaración de propiedad de R&A Palace se basa en una jurisprudencia "que legitimaría esa propiedad". También negó que la obra de la Operación Canalejas alcance "derechos personales" de R&A Palace.

Además, en dicha vista, la Defensa de Centro Canalejas alegó que "las acciones de R&A Palace Gestión no están encaminadas a la adquisición de un derecho real". Por ello, aseguraron que "esa construcción jamás podrá causar daños a quien no tiene título jurídico sobre el inmueble".

Por su parte, el Grupo Villar Mir -que reconoció ser accionista del Proyecto Canalejas pero no propietario de los inmuebles- incidió, al igual que Centro Canalejas en la "falta de legitimidad" de R&A Palace, a quien acusó de un "abuso de derecho" y a quien pidió que pusiera "fin" a dicho procedimiento.

OHL aseguró que son necesarios "requisitos objetivos y subjetivos como la legitimación activa", para acreditar ser titular de la obra o inmueble, y ha señaló que R&A Palace no cumple ninguno de ellos. Del mismo modo subrayó que OHL ha sido perjudicada por la paralización de las obras. Además, la Defensa de OHL pidió que "especifique" en qué modo opera como propietaria de los 7 inmuebles de la Operación Canalejas.

La Defensa del Ayuntamiento de Madrid se adhirió a la falta de legitimación activa alegada por las otras Defensas. "El Ayuntamiento no es titular de ninguna obra, no es perturbador de nada y menos en responsabilidad con los co-demandados", aseguró la Defensa del Consistorio.

R&A Palace afirmó que "se trataba de poner en marcha un determinado procedimiento para garantizar el conjunto de los bienes culturales de Canalejas 1 y Alcalá 14". En este sentido, recordó que el 3 de marzo de este año se indicó que las obras ejecutadas excedían de lo autorizado y afectaban a elementos protegidos.