El dinero en efectivo es más habitual de lo que puede parecer a priori. Pese a que las nuevas tecnologías han influido en la forma del pago en los establecimientos (a través de la tarjeta de débito o crédito insertada en el dispositivo móvil), muchas familias tienen por costumbre guardarse parte de su sueldo en efectivo.   

Es más, hace unos meses, un informe publicado por varios economistas del Banco Central Europeo (BCE) confirmó la importancia de llevar siempre encima pequeñas cantidades de dinero en efectivo, sobre todo porque tiene una gran utilidad psicológica y práctica, así como una liquidez descentralizada.      

Del mismo modo, ante situaciones de crisis (como la vivida el pasado mes de abril en España por un apagón eléctrico), el dinero en efectivo se convierte en la única salvación a la hora de querer comprar cualquier producto o servicio, pues en ese tipo de circunstancias, el pago vía tarjeta suele fallar.      

Sin embargo, existen ciertos límites legales a la hora de hacer pagos en efectivo, pues hay productos que no se pueden comprar solo con dinero en efectivo, ya que se podría estar cometiendo un delito de blanqueo de dinero.       

Cuál es el límite de pagos en efectivo      

El límite de pagos en efectivo, tal y como viene recogido en el Boletín Oficial del Estado, se remonta a la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, modificada por la disposición final 5 de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre y, la más reciente, por la Ley 11/2021, de 9 de julio.      

Esto quiere decir que la normativa anterior permitía realizar pagos en efectivo de una cantidad máxima de 2.500 euros, pero la modificación de dicha norma establece que no pueden pagarse en efectivo operaciones de más de 1.000 euros en la que alguna de las partes intervinientes actúe como titular de una empresa y/o como un profesional (o su contravalor en moneda extranjera).      

Por ejemplo, si una persona quiere comprarse un ordenador de 1.500 euros en un establecimiento deberá pagar el importe íntegro en tarjeta, ya que supera los 1.000 euros. También se aplica a dos grupos empresariales que están llevando a cabo una transacción o la venta/intercambio de un producto o servicio.      

Por otro lado, esta ley también establece un límite para los particulares no residentes en España. Es decir, una persona que no actúa como empresa o profesional y que no tiene su domicilio fiscal en España puede realizar un pago en efectivo de hasta 10.000 euros (o su contravalor en moneda extranjera).      

Otras cuestiones      

Pero esta ley tiene matices, pues un ejemplo de ello es la compraventa de un inmueble efectuada por dos particulares, es decir, ninguna de las partes actúa en calidad de empresa o profesional. En este caso, la ley no limita el pago en efectivo del importe total del inmueble, pero está sujeta a otra normativa.      

Del mismo modo, el incumplimiento de esta ley puede desencadenar en sanciones económicas. En concreto, la sanción por incumplir la limitación de pagos en efectivo es del 25% del importe pagado en efectivo que excede el límite establecido. Y, tanto el pagador como el receptor del pago en efectivo son responsables solidarios de la sanción.      

Esta normativa también prohíbe fraccionar el pago en efectivo y tarjeta de un bien o servicio cuyo importe supera los 1.000 euros. Esto significa que, si una persona desea comprarse un móvil de 1.200 euros, deberá realizar el pago íntegro con tarjeta, pues queda totalmente prohibido el fraccionamiento del importe.      

Por último, según recoge el Reglamento (CE) 2169/2005 del Consejo de la UE, en el artículo 11, tanto los supermercados como los bancos pueden rechazar una compra pagada con más de 50 monedas.