¿Estaría a favor de la construcción de una fábrica de armas en su pueblo, donde apenas hay trabajo y sus vecinos se ven obligados a irse fuera para poder ganarse las habichuelas? ¿De una planta de reciclaje de basura, aunque parte de la porquería termine siendo incinerada y enterrada cerca de su hogar? ¿De una central nuclear —o de un cementerio de residuos radiactivos— pese al recuerdo de Chernóbil y Fukushima? ¿Y de una térmica si sabe que va a ennegrecer sus lechugas y su ropa tendida? ¿Acaso bajaría a un pozo para extraer carbón cuando ha visto los efectos de la silicosis en sus mayores?

“Nadie se plantea en Cádiz que las corbetas encargadas a Navantia por Arabia Saudí vayan a matar a personas, ni piensa en la guerra de Yemen, porque la Bahía lleva toda la vida construyendo barcos militares, que no disparan flores precisamente. Algo que también habrá sucedido en Ferrol o en Cartagena. Es una polémica que viene de fuera, pero que en general no se da aquí”, explica un trabajador de los astilleros gaditanos, asentados en Puerto Real, San Fernando y en la propia capital, donde también se construyeron cuatro buques patrulleros para la armada venezolana, incluido el bautizado Comandante Eterno Hugo Chávez, ensamblado allá con piezas de acá.

Si los trabajadores de los astilleros no pensasen en los efectos que podrían provocar los barcos, ¿lo hacen los munícipes de la Bahía? Kichi, el alcalde que encabezó la candidatura de Por Cádiz sí se puede (Podemos), ha justificado la producción de Navantia, aunque el entrevistado —quien prefiere, como otros, omitir su nombre— recuerda que las corbetas se construyen en San Fernando. Allí manda Patricia Cavada, del PSOE, también defensora del cumplimiento de los contratos firmados con Arabia Saudí. Ambos regidores podrían pensar no sólo en los trabajadores, sino también en los electores. Poco importa el municipio donde gobiernen o la sede donde se construyan las naves, pues los empleados, en su mayoría, nacieron, residen o votan en la Bahía y poblaciones limítrofes.

“Si el país que encarga los barcos no cumple con la legislación internacional y hace un mal uso de ellos, ya es otra historia, que incumbiría a los mandatarios españoles, no a los curritos. Si las corbetas se construyesen en el astillero de Cádiz, Kichi buscaría un subterfugio para salir del paso, como la reconversión del negocio o la búsqueda de nuevos acuerdos. Sin embargo, no rechazaría un contrato millonario, porque iría contra sus propios electores, muchos de los cuales trabajan en Navantia, pues hoy el obrero está más vinculado a Podemos que al PSOE”, razona el trabajador, quien ha residido en dos Ayuntamientos de la zona. Por Cádiz sí se puede obtuvo un concejal menos que el PP y quedó segundo en las elecciones municipales de 2015, pero con el apoyo del PSOE y de Ganemos Cádiz —integrado por Izquierda Unida y Equo— Kichi logró desbancar a Teófila Martínez (PP) después de veinte años como alcaldesa.

“No se baraja descartar un negocio jugoso, porque aunque su importancia actual es menor que en el pasado, los astilleros siguen siendo un pulmón económico. Así, cuando se construye un petrolero en Puerto Real, dentro del astillero puede haber más de cinco mil personas trabajando, sin contar las que operan fuera. En esta provincia, si estás en plantilla de Navantia, tienes un buen curro, gracias a la estabilidad, porque el personal de la industria auxiliar entra y sale en función de la carga de trabajo. Pero, aun así, se cobra más que en otros sectores, por lo que nadie va a negarse a construir una corbeta, pues te puede garantizar cuatro o cinco años de salario”, subraya el empleado, quien sólo recuerda una protesta laboral por un motivo similar, cuando Chile encargó la reparación del buque escuela Esmeralda, gemelo del Juan Sebastián Elcano. “Intentaron boicotear la dictadura de Pinochet, pero eran otros tiempos”, matiza.

"Claro que te huele mal, pero termina oliéndote a pan"

“Por mucho que les hagas frente, ellos siempre van a ganar, por lo que no vale la pena luchar en su contra si al final vas a pasar hambre. Por eso, dentro de mi empresa defiendo mi puesto de trabajo y, nada más salir por la puerta, defiendo a quienes sufren sus perjuicios”. Así lo ve un empleado de Sogama, la planta de reciclaje de residuos urbanos ubicada en Cerceda, en la provincia de A Coruña. Él nació en As Encrobas, una parroquia que ha sufrido durante décadas una mina de carbón a cielo abierto y la central térmica de Meirama. Su casa natal quedó aislada en el lugar de A Lousa, donde hace tiempo que no reside: una metáfora de la resistencia de un pueblo que sucumbió a la modernidad y que terminaría convirtiéndose en la capital de la basura gallega.

“Que una térmica contamina y nos hace mal lo sabemos todos, pero es lo que nos queda. Lo importante es comer. El carbón nos pica en los ojos, pero al fin del día tenemos que llevar el pan a casa. Lo que sería absurdo es que nosotros nos quedásemos sentados en el sillón y viniesen a trabajar aquí los de otras localidades”, justifica el asalariado de Sogama, donde están empleados muchos vecinos del municipio. Como en Cádiz, la nómina se agradece. “En su contexto, económicamente es un buen trabajo y nadie piensa en las consecuencias de un gran vertedero, como tampoco pensaba en la contaminación de la térmica. Claro que Sogama nos huele mal a todos, pero al final termina oliéndote a pan”.

O a cualquier alimento que puedan llevarse a la boca, aunque él recurre constantemente a la misma metáfora. Sin embargo, no alaba las bondades de la empresa, como tampoco las de la antigua mina y la central. “Sin ellas, Cerceda sería un municipio más y nosotros tendríamos lo mismo que ahora, al igual que otros ayuntamientos que carecen de industria. Si los vecinos de Ordes y Santa Comba, que viven de la agricultura y la ganadería, tienen coches y casas, por qué no los íbamos a poseer sin una industria contaminante? No hubiésemos sido más pobres, sino que nos buscaríamos la vida de otra manera”, concluye el cercedense, consciente de los tejemanejes de antaño para acallar la protesta.

“Quien presentaba una denuncia por los daños que causaban las empresas era presionado para retirarla o, directamente, despedido. La situación ha cambiado, porque antes había muchas más represalias”, matiza. Algunos vecinos y asociaciones, sin embargo, han venido exponiendo desde hace décadas los perjuicios que causaban la mina y la térmica. También los supuestos daños colaterales de la planta de reciclaje de residuos, trufados de acusaciones relacionadas con el supuesto destino de la basura, que según ellos no sólo pasaría por su transformación, sino también por la incineradora o el vertedero.

Por supuesto, el testigo de la lucha pasó de las mujeres de As Encrobas, quienes se enfrentaron en su día a los mosquetones de la Guardia Civil para evitar la expropiación de sus tierras, a artistas locales como Xosé Bocixa. Al frente de la banda de rock de combate Zënzar o como director de documentales, ha denunciado tanto los abusos de poder como las consecuencias negativas para el medio ambiente.

La fiebre del oro

El titular de estas líneas debería ser más preciso: Cuando el trabajo que da de comer a tu familia contamina, enferma o mata. El tercer verbo podría antojarse hiperbólico, aunque a veces, como en el caso del carbón, ha matado poco a poco. No necesita tanto tiempo cuando hablamos de la industria armamentística. Y, en el caso de accidentes nucleares, los efectos han sido inmediatos y a largo plazo. En Cabana de Bergantiños, la rotura de la presa de Aznalcóllar está en la retina de los opositores a la mina de oro de Corcoesto. Descubierta por los romanos y explotada por los ingleses, pasó al olvido hasta que llegaron las vacas flacas y se desató la fiebre del oro, que subió su precio al considerarse un valor seguro.

Surgieron entonces varios proyectos a lo largo de una falla que atraviesa Galicia, pero la lucha de vecinos y activistas medioambientales logró la paralización de la explotación de Corcoesto, pese a los intentos del Ayuntamiento coruñés —en manos del PP— y de la minera canadiense Edgewater Exploration de seguir adelante. En Touro y otros municipios gallegos siguen resistiéndose a la explotación de recursos minerales, no sólo oro, pues consideran que son industrias que causan un grave perjuicio paisajístico y, a corto o largo plazo, medioambiental, al tiempo que generan escasos puestos de trabajo durante un escaso periodo de tiempo.

Luego cesa la explotación de la mina y queda por ver si la adjudicataria cumple con la regeneración prometida en origen. Empresas, habitualmente, filiales o subsidiarias, de modo que la matriz elude las hipotéticas responsabilidades derivadas de un vertido puntual, de una contaminación continuada o del abandono de la mina. Los miembros de Salvemos Cabana y de la Plataforma pola Defensa de Corcoesto tenían claro que, si reventase una balsa —con residuos de arsenopirita y cianuro de sodio— podría contaminar un paraje incluido en la Rede Natura, alcanzar el río Anllóns y afectar al estuario donde desemboca, cercano a Laxe y Corme, con los efectos que acarrearía a la pesca y al percebe.

La asociación Adega llegó a considerar que explotar el filón —que, además de oro, aloja arsenopirita, cuya fragmentación liberaría arsénico— supondría una “bomba de relojería ambiental”. Ya sólo el drenaje ácido de la antigua mina causa una alta concentración de arsénico tanto en el río como en el estuario, según un estudio del Instituto de Investigacións Mariñas del CSIC y de la Universidade de Vigo.

La ciudad del dólar

Luego hay otro tipo de muerte, agónica y metafórica, que se cierne sobre las poblaciones donde cesa una actividad que las había hecho prósperas. Es el caso del Bierzo y de su capital, Ponferrada, que llegó a ser conocida como la ciudad del dólar. Hoy languidece, según un periodista local que lleva más de media vida fuera, quien no comprende cómo los antiguos trabajadores se aferran a una industria en vez de apostar por la reconversión de la economía en otros sectores menos lesivos. “Tras el cierre de las minas de carbón y las centrales térmicas, el Bierzo se ha convertido en una zona deprimida”, explica. “Si te das un paseo por Ponferrada, verás como en la cabecera de la comarca, antaño boyante, proliferan los locales y establecimientos comerciales cerrados. Sin embargo, si pudiesen, los mineros querrían quemar más carbón. Y, si fuese necesario, hasta neumáticos, con tal de seguir con la central abierta”.

El cierre de la central térmica Compostilla II, propiedad de Endesa y ubicada en Cubillos del Sil, estaba previsto para enero de 2020. “Pero ahora se van a poner a quemar biomasa”, se lamenta, en referencia a una planta que abastecerá a la red de calor que proporcionará calefacción y agua caliente a una docena de edificios municipales de la ciudad, un proyecto al que se han opuesto los vecinos del barrio porque les recuerda los perjuicios de la antigua central. “Van a traer camiones con basura de todos los lados y van a convertir el Bierzo en un vertedero, cuando el único futuro de esta tierra pasa por el turismo calidad, algo que entiende cualquiera menos ellos. Ahí tienes el caso de Prada a Tope, así como el de otros empresarios y hosteleros partidarios de potenciar el turismo. Pero, en el bando contrario, están los mineros, quienes defienden cualquier industria contaminante que proporcione un centenar de nóminas, una minucia que no admite comparación con las cifras de empleo de antaño”.

Para hacerse una idea de la contaminación que ha sufrido la zona, remite al trabajo de la asociación Bierzo Aire Limpio, que documenta los daños causados a la huerta berciana. “No nos damos cuenta del valor de nuestro patrimonio cultural y natural. Si el turista ve una central echando humo negro, lo espantas. Habrá visitantes que no volverán por culpa de la contaminación que provoca la quema de la central térmica o la de biomasa. Yo siempre he soñado con tener una casita en el campo, pero con el nuevo proyecto se me han quitado las ganas”, concluye el periodista, quien ha dado cuenta durante el ejercicio de su profesión del declive de la minería de la zona.

De Ence a La Minero

En España, hay más casos de industrias contaminantes o malolientes que proporcionan trabajo, como la pastera Ence, ubicada en la ría de Pontevedra, cuya concesión fue prorrogada por sesenta años en los estertores del Gobierno de Mariano Rajoy. Está por ver si su cierre, en el caso de que llegue algún día, y la pérdida de empleos compensan a la economía local, aunque diversas asociaciones consideran que la recuperación de la ría —que beneficaría tanto al marisqueo como al sector turístico— reportaría mayores beneficios, por no hablar de los efectos positivos en el medio ambiente y en las glándulas olfativas de los pontevedreses, tanto de la capital como de los pueblos circundantes.

Pero volvamos a la comarca del Bierzo, porque el drama de la pérdida de puestos de trabajo a veces impide ver los perjuicios de las centrales térmicas asociadas a las explotaciones mineras. Sin embargo, en esta ocasión, conviene echar más la vista atrás, hasta comienzos del siglo pasado, cuando se inauguró la compañía Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), en su día la mayor carbonera privada del país.

Coincidiendo con el aniversario de su fundación, Jesús Álvarez Courel y Víctor del Reguero presentaron El tiempo de La Minero el pasado octubre. El libro refleja cómo los habitantes de Villablino —capital de la comarca de Laciana, fronteriza con el Bierzo— pasaron de tres mil en 1910 a quince mil en 1960, cuando el 70% de los trabajadores estaban empleados en la minería. La empresa llegó a pagar casi seis mil nóminas y en 2003 producía un tercio del carbón español.

“En el Bierzo, que era una zona eminentemente agrícola, hubo una eclosión económica extraordinaria con la llegada de la industria extractiva y siderúrgica, que generó mucho empleo, incluido el de la construcción del ferrocarril. Ahora bien, las condiciones de vida y económicas de los trabajadores de la zona —así como de los llegados de Zamora, Galicia e incluso de Andalucía— eran pésimas, pues trabajaron incluso mujeres y niños, quienes se vieron afectados por la peste”, recuerda Courel, quien no pinta una situación laboralmente idílica.

“Hubo muchas huelgas, lo que significa que los sueldos no eran tan buenos, excepto posteriormente los de Endesa, que no se pueden comparar con los de miles de trabajadores de otras empresas, incluida MSP”, relativiza el licenciado en Historia del Arte y ex jefe de servicio de Cultura de la Junta de Castilla y León. “Aunque en la primera mitad del siglo pasado la población no estaba concienciada, el periódico El Templario ya denunciaba en 1924 los vertidos al río Sil. Luego, la presa de Fuente del Azufre, construida para refrigerar la central de Endesa, perjudicó al regadío y al hábitat de la trucha y salmón. Una barbaridad a nuestros ojos, pues la conciencia ecológica ahora es mayor, pero qué pensarán de nosotros dentro de cincuenta años por haber contaminado el mar con toneladadas de plásticos”, reflexiona Courel.

El futuro del Bierzo

Ponferrada se consolidó entonces como una ciudad de servicios, volcada en los trabajadores de la mina y de la central térmica, explica el coautor de El tiempo de La Minero. “No obstante, cuando la minería entró en declive a partir de los setenta, la ciudad se resintió y quedó en suspenso. Posteriormente, la crisis económica de 2008 fue la puntilla para la comarca, o sea, terminó de matarla. No obstante, cuando Europa sentenció el sector y fijó su fecha de caducidad, tuvo que llevarse a cabo una reconversión industrial, pero con los fondos Miner se hicieron pabellones, piscinas, rutas de bicicletas y proyectos turísticos que, salvo excepciones, no han valido para nada”.

¿Es comprensible, pues, que el minero siga queriendo quemar carbón —aunque sea foráneo—, biomasa o, si fuese necesario, ruedas —como comentaba irónicamente el periodista—? “En el fondo, el trabajador al final quiere tener un empleo, una familia y una vida. Quien debería preocuparse por la contaminación son las administraciones, que deben velar por el cumplimiento de las condiciones ambientales de las industrias. Pero está claro que las empresas punteras contaminan, por lo que los ciudadanos hemos tenido que pagar un peaje”, concluye Courel.

¿Qué alternativas se plantean entonces a corto plazo en zonas deprimidas como el Bierzo, aunque con un gran potencial en otros sectores? ¿Es el turismo de calidad la solución o, al menos, una de ellas? “Habría que apuntar hacia la industria agroalimentaria y rechazar las que contaminan. La hostelería es una opción válida, pero el turismo rural no nos va a hacer volver al Bierzo feliz, aquella comarca próspera de unos 150.000 habitantes que ha sufrido un encogimiento atroz. Y si el turismo no es la solución, ¿por qué no apostamos por los vinos y los productos del campo, como antes han hecho La Rioja o Murcia?”, se pregunta el ex jefe de servicio de Cultura de la Junta de Castilla y León.

Tiene una respuesta, aunque incomodará a quienes veían cada jornada su rostro tiznado de negro. “El problema es que ahora costaría mucho trabajo decirle a los asalariados del sector minero, siderúrgico o del transporte que se pongan a arar la tierra. Porque, cuando vivías bien, no resulta nada fácil reconvertirte”. Como rezaba el título de la película, pan negro.