La Ciudad del Motor de Alcañiz quema fondos públicos a 2.000 euros por hora

Un informe de la Cámara de Cuentas de Aragón revela que el circuito arrastra pérdidas y deudas por valor de 77 millones de euros y que ya ha consumido 146 millones procedentes de las arcas públicas. El ex vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, fue el principal impulsor del proyecto, que ya solo puede continuar abierto con nuevas inyecciones de dinero público. La Ciudad del Motor de Alcañíz acoge, desde 2010, tan sólo una competición de moto GP al año y es cierto que también ha generado 77 millones, pero ya los ha consumido.

Motorland lleva cinco años consecutivos siendo el circuito mejor valorado del panorama nacional por pilotos e informadores. El circuito pretendía ser el principal impulsor del sur de Aragón, pero se ha convertido en un pozo que engulle los ingresos públicos a toda velocidad: más de 50.000 durante 14 años. Ubicado en la localidad turolense de Alcañiz y basado en un plan de negocio que pronosticaba ingresos de más de 16 millones al año, ha acabado perdiendo casi 13.

El coste de sus obras “ha superado en 27 millones de euros las previsiones” tras casi triplicarse los costes de adquisición de los suelos y de urbanización. “De haberse realizado la totalidad de las instalaciones previstas, el coste de las obras, teniendo en cuenta las desviaciones de las realizadas habría llegado a los 107 millones de euros”, señala el dictamen.

El informe de la Cámara de Cuentas subraya que tras analizar 152 pagos, “no se identifica el puesto ni la persona que firma las facturas recibidas, ni existe memoria justificativa que acredite que el gasto se ha realizado conforme a las condiciones del contrato o de la orden de pedido en su caso”.

Por otra parte, cabe destacar las irregularidades del Club de oficiales de Motorland, que cargó a la empresa pública recibos por valor de casi 400.000 euros en 2013 y 2014, en concepto de “compensación de gastos de desplazamiento y manutención de los oficiales del Club por asistencia y colaboración en la prueba deportiva”.

Los miembros de la asociación son voluntarios que actúan como comisarios de pista en algunas carreras a cambio de una dieta de 30 o 60 euros. Sin embargo, según el informe “ni en el convenio ni en los recibos se identifica el tiempo de duración de la jornada prestada, ni los criterios de selección de los comisarios”. Para la Cámara de Cuentas, “existe un conflicto de intereses ya que el presidente del club de oficiales es el responsable del área administrativa de la sociedad”.