La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de evitar suspender los señalamientos judiciales y dejar la decisión en manos del juez no ha sentado nada bien a los operadores jurídicos. Por este motivo jueces, fiscales, abogados y procuradores, así como funcionarios, han cargado contra el Poder Judicial por su gestión de la crisis del coronavirus.

Esta decisión ha provocado la amenaza generalizada de aplicar el artículo 21 de la ley de Riesgos Laborales, en la que se establece que los trabajadores tendrán "derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando consideren que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud".

"En los Juzgados de Princesa pueden llegar a estar, en un sólo día, unas 3.000 personas", explica a Público la magistrada Natalia Velilla. "Además, muchas personas que están a la espera de juicio se han acercado para saber si se seguirán celebrando juicios la semana que viene, por lo que la afluencia ha sido mayor", continúa.

"Estamos hablando de que se han prohibido las reuniones de más de 1.000 personas y aquí, en un sólo días pueden venir muchísimas más. Esta situación ha provocado intranquilidad entre el funcionariado, porque no hay ninguna medida de seguridad para evitar el contagio. Aquí no hay gel desinfectante, muchos baños no tienen jabón y el trato con el público es absolutamente cercano", asegura.

Las asociaciones judiciales han firmado un comunicado en el que aseguran que "dejar la decisión acerca de la suspensión de actuaciones a la discrecionalidad de cada juez es irresponsable". Además, explican que esta decisión da pie a una "previsible e indeseable disparidad de criterios en una misma sede judicial".

Las asociaciones de fiscales también han mostrado su malestar ante el acuerdo del CGPJ.

Por el momento, la Magistrada Juez Decana de los Juzgados de Madrid ha comunicado la prohibición del acceso del público a las sedes judiciales, salvo que se acrediten o justifiquen documentalmente que han sido citados por un órgano judicial o tienen un procedimiento abierto en alguno de los juzgados de la sede a la que pretenden acceder.

Otra circunstancia que también ha generado caos los últimos días en los juzgados ha sido el préstamo de togas.

Muchos abogados están comenzando a celebrar juicios vestidos de calle por miedo a que su ropa de trabajo, que pasa por varias manos a lo largo del día, pueda transmitirle el coronavirus.