Privadas, caras y con mayores más dependientes: así es el mapa de residencias que se consolida en España

Residencias caras, privadas y con personas mayores más  dependientes. Esa es la radiografía que deja el nuevo censo presentado y publicado el jueves por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Seis de cada diez centros para mayores funcionan con ánimo de lucro y en el 62,5% de las residencias, una plaza en habitación compartida cuesta entre 1.500 y 2.500 euros al mes. Más de 317.000 personas viven ya en estos centros, tres de cada cuatro con 80 años o más.

El estudio del Imserso se basa en información del año pasado, facilitada por 7.319 centros residenciales, con una tasa de respuesta del 92,7%. Es la segunda edición del censo, después de que el organismo presentara en 2024 un primer estudio elaborado con datos de 2022. Según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, esta nueva edición busca ofrecer una radiografía del sistema residencial que permita conocer su estructura, recursos y modelo de atención y detectar los cambios necesarios para avanzar hacia fórmulas "más flexibles, personalizadas y vinculadas al entorno comunitario", en sintonía con la Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados (2024-2030). 

Entre las conclusiones más llamativas del estudio están el predominio de la titularidad privada, el precio mensual de las plazas residenciales, los servicios de proximidad, la organización de las habitaciones y el marcado carácter feminizado del sector.

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1. El negocio privado domina las residencias 

En las 4.596 residencias para personas mayores analizadas por el Imserso, la fórmula más extendida es la privada con ánimo de lucro, que representa 2.015 centros (43,8%), seguida de la privada sin ánimo de lucro, con 1.010 (22%). A continuación, aparecen los centros de titularidad pública, pero de gestión privada con ánimo de lucro, 683 (14,9%), los de titularidad y gestión pública, 565 (12,3%), y los de titularidad pública y gestión privada sin ánimo de lucro, 323 (7%).

El resultado es que las fórmulas con ánimo de lucro —sumando gestión directa e indirecta— están presentes en el 58,7% de los centros residenciales para personas mayores, es decir, casi seis de cada diez. Asimismo, la titularidad pública alcanza el 34,2% si se suman los tres modelos en los que la administración es la propietaria del centro. Pero la titularidad pública no equivale a la gestión pública: solo el 12,3% de las residencias son simultáneamente de titularidad y gestión pública. El resto de centros públicos está en manos de gestores privados, con o sin ánimo de lucro.

2. El precio de una plaza

Otro de los retratos que ofrece el censo es el del precio mensual de una plaza residencial, aunque el Imserso advierte de que esta cifra no equivale necesariamente a lo que paga directamente la persona residente, ya que puede existir financiación pública, copago u otras fórmulas. En las habitaciones compartidas, el precio se concentra entre los 1.500 y los 2.500 euros mensuales: ese es el rango en el que se sitúa el 62,5% de los centros. En concreto, un 33,8% tiene precios de entre 1.500 y menos de 2.000 euros, mientras que un 28,7% se mueve entre los 2.000 y menos de 2.500 euros. Por debajo de los 1.500 euros se encuentra el 22,3% de los centros, mientras que un 9,9% cobra entre 2.500 y 3.000 euros y un 3,7% alcanza o supera los 3.000 euros.

Carmen Martín (7.291: Verdad y Justicia): "Las pensiones no alcanzan en ningún caso la mitad del precio mínimo de una plaza residencial"

El precio también varía en función de la titularidad y la gestión. Los centros públicos concentran mayoritariamente sus precios en el tramo inferior a 1.500 euros, mientras que los privados con ánimo de lucro tienen una mayor presencia relativa en los tramos intermedios y superiores. En las habitaciones individuales, la concentración entre 1.500 y 2.500 euros es menor, aunque sigue siendo significativa: alcanza al 50,1% de los centros. Un 26,1% se sitúa entre 1.500 y 2.000 euros y un 24% entre 2.000 y 2.500. Por debajo de los 1.500 euros se encuentra el 15,1%, mientras que un 14,7% se mueve entre 2.500 y 3.000 euros y un 7,7% alcanza o supera los 3.000 euros. Es decir: más de seis de cada diez residencias sitúan el precio de una plaza en habitación compartida entre 1.500 y 2.500 euros al mes. En el caso de las habitaciones individuales, son la mitad.

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Carmen Martín, portavoz de la asociación 7.291: Verdad y Justicia, opina en conversación con Público que estos precios son "una barbaridad", especialmente teniendo en cuenta, según señala, que las pensiones no alcanzan "en ningún caso" la mitad del precio mínimo de una plaza residencial. "Son los familiares los que tienen que aflojar el bolsillo: hijos, nietos y todo el que pueda ayudar en ese pago. Es realmente vergonzoso", valora. Martín cuestiona también las soluciones planteadas en la Comunidad de Madrid. "¿La solución? Pues en esta comunidad ya lo sabemos: el proyecto 40-40", afirma, en referencia al plan que anunció Isabel Díaz Ayuso para construir nuevas macrorresidencias. Según explica, de las plazas previstas, el 40% serían públicas. "¿Quién va a poder acceder a ellas?".

3. La habitación individual todavía no es la norma

El análisis también pone de relieve cómo son las habitaciones de las residencias. Solo el 43% son individuales, mientras que el 57% son compartidas. Dentro de estas últimas, el 56% son dobles y un 1% dispone de tres o más plazas. Si se observa el número de plazas y no el de habitaciones, la diferencia se amplía: las individuales representan aproximadamente el 27% del total, frente al 71% de plazas en habitaciones dobles.

El estudio analiza también hasta qué punto las residencias están conectadas con su entorno. Solo el 48,7% de los centros para personas mayores ofrece algún servicio de proximidad, es decir, prestaciones dirigidas también a personas del entorno y no exclusivamente a quienes viven en la residencia. En consecuencia, algo más de la mitad, el 51,3%, no tiene vinculado ninguno. Estos servicios están más extendidos en los centros de titularidad pública que en los de titularidad privada, según recoge el propio informe.

4. Mayores más dependientes

El censo también saca conclusiones sobre el tamaño de los centros y el perfil de las personas que viven en ellos. Las residencias para mayores tienen una media de 75,8 plazas por centro. Los macrocentros son minoritarios: los que superan las 200 plazas representan apenas el 3,5% del total, aunque concentran el 13,3% de las plazas. En cuanto a la edad, el 75,3% de quienes viven en estos centros tiene 80 años o más. En concreto, el 41,7% tiene entre 80 y 89 años y el 33,6% supera los 90. En cambio, el 20,6% se sitúa entre los 65 y los 79 años y apenas un 4,2% tiene menos de 65 años.

La elevada edad va acompañada, en buena parte de los casos, de situaciones de dependencia. El 34,6% de las personas residentes presenta un grado III, el nivel más alto, mientras que otro 34,2% tiene reconocido un grado II. Un 13,3% corresponde al grado I y el 17,9% restante no tiene un grado de dependencia reconocido o no consta que haya sido valorado. 

5. Las mujeres siguen sosteniendo los cuidados

El censo vuelve a poner el foco en una realidad estructural del sistema de cuidados: las residencias están sostenidas mayoritariamente por mujeres. En los centros para personas mayores trabajan 231.129 personas, de acuerdo con los datos declarados por las propias residencias, y el 85,5% son mujeres, frente al 14,5% de hombres. La mayoría, además, forma parte de las plantillas de los propios centros (93,8%), mientras que el 6,2% corresponde a personal subcontratado.

Derechos Sociales estima que España necesitará incorporar 260.000 trabajadoras más de aquí a 2030

El Imserso señala que estos datos evidencian la necesidad de incorporar una perspectiva de género que tenga en cuenta tanto a quienes reciben los cuidados como a quienes los prestan. Una necesidad que, además, crecerá en los próximos años: Derechos Sociales estima que España necesitará incorporar 260.000 trabajadoras más de aquí a 2030 para garantizar los cuidados de larga duración y mantener la cobertura actual del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

El nuevo censo llega pocos días después de que el Congreso aprobara las reformas de las leyes de dependencia y discapacidad, enmarcadas por el Gobierno en la transformación del modelo de cuidados. Desde el departamento de Pablo Bustinduy recuerdan que el real decreto ley de financiación aprobado por el Ejecutivo tiene entre sus objetivos "incorporar más profesionales al sistema, mejorar sus condiciones laborales y revalorizar socialmente los cuidados".