La CEOE estudia la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto-ley de subida del Impuesto de Sociedades, que entró en vigor el pasado 3 de diciembre y con el que el Gobierno pretende recaudar 4.650 millones de euros adicionales en 2017, según indicaron a Europa Press en fuentes de la patronal.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, y otros miembros de la patronal ya habían manifestado en numerosas ocasiones su oposición a este incremento del impuesto, advirtiendo de que afectará a las inversiones empresariales y a la creación de empleo, pero la CEOE da ahora un paso más anunciando la posibilidad de recurrir el decreto, ya que considera que vulnera varios artículos de la Constitución.

Además, la patronal considera que la continua adopción de medidas de urgencia en materia tributaria es "incompatible con la mínima seguridad jurídica necesaria" en toda actividad económica, pero especialmente exigible por los inversores nacionales o extranjeros.

Según el informe de la CEOE, la retroactividad al 1 de enero de 2016 de algunas modificaciones realizadas al impuesto "no es admisible", sino que es una técnica legislativa "muy perjudicial, manifiestamente mejorable y deja en muy mal lugar la imagen de España". Además, considera que el uso del real decreto debe ser la "excepción y no la norma" a la hora de elaborar normativa de carácter tributario.

En este sentido, la patronal señala que estas medidas deben, por lo general, anunciarse con la debida antelación y tratarse con los afectados, dando el tiempo necesario para recibir aportaciones y dejando que los grupos parlamentarios puedan proponer enmiendas.

La CEOE también critica el continuo cambio del Impuesto de Sociedades, ya que el decreto-ley de diciembre modifica otro que entró en vigor en 2013 y, entre tanto, el Gobierno aprobó una rebaja del tributo que se aplicó en 2015. "Algo se está haciendo mal cuando continuamente se modifica lo ya modificado", señala la patronal en el informe.

Por último, la CEOE afirma que es "absurdo" obtener recaudación imponiendo a las empresas una especie de "deuda forzosa" con Hacienda a través de los créditos fiscales que se generan o aplazan por la limitación de bases imponibles negativas. "Carece de todo sentido sustituir deuda pública por deuda forzosa distribuida caprichosamente entre las sociedades afectadas por las medidas", subraya.