Los peritos de Bankia se ratifican: las black no eran parte de la retribución

MADRID.- Los responsables del informe de KPMG que presentó Bankia como prueba pericial al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el uso presuntamente fraudulento de las tarjetas black han explicado en la sesión de este miércoles que las visas opacas son "ajenas al circuito ordinario" estipulado y que no constaban en ninguna de las actas analizadas de Caja Madrid y de Bankia.

Ante la Sala Segunda de la Sección Cuarta juzga a 65 exaltos cargos y directivos de la caja extinta, los socios de KPMG han explicado al detalle el informe elaborado para Bankia, que ejerce la acusación particular, y han precisado que los plásticos se emitieron al margen del "control interno de la caja" por lo que "no fueron otorgados ni concedidos conforme al procedimiento" estipulado.

A preguntas de la representación procesal de la entidad nacionalizada, el experto Fernando Cuñado ha expuesto que el circuito de concesión de tarjetas que recoge las bases de datos de la caja se refiere a gastos de empresa en el ejercicio de sus funciones y habla de compensación, lo que en palabras del socio de KPMG, quiere decir que precisa justificación de su uso.

Por su parte Javier Hervas, también responsable del informe, ha subrayado que los estatutos a los que han tenido acceso estipulan que es un sistema de compensación de gastos. Las actas previas al año 1995 no hacen referencia "a ningún tipo concreto de retribución ni de límite" si bien a partir de ese año incluye mayor concreción en lo referente a dietas y gastos que sí debían justificarse.

Los expertos han defendido el informe que entregó Bankia al tribunal tres días antes de que arrancara el juicio en el que se dirime si los encausados cometieron delito continuado de apropiación indebida y administración desleal con los gastos cargados a sus tarjetas, las cuáles según defendieron en su turno de declaración, no requerían de justificación de gastos y tenían un límite establecido.

Por ello se remiten al acta de 1988 que refleja la creación por parte del Consejo de Administración de las visas bajo el epígrafe concreto de "compensación de gastos que se pueden incurrir por el ejercicio de sus funciones", lo que según los peritos les sirve para concluir que no se podían entender como un modo de retribución.

Los gastos de las tarjetas quedaban registrados contablemente en dos cuentas diferenciadas en función de si se trataba de consejeros o bien de consejeros ejecutivos y directivos de la caja, tal y como ha precisado Cuñado quien ha recalcado que la información extraída no hace referencia a las transacciones individuales de cada beneficiario de la visa sino que se trata de un movimiento acumulado mensual.

Los expertos, que solo han respondido a las preguntas de la acusación particular y de las defensas, han precisado que en Caja Madrid el sistema de retribuciones podría ser sobre dietas de asistencia al Consejo de Administración o bien indemnización de gastos. La modificación de los estatutos en 2011 incluye la posibilidad de que los consejeros con función ejecutiva puedan ser retribuidos, condición que se concreta en las actas de Bankia.

También se han hecho eco de la circular 4/2011 por la que las entidades tenían la obligación de informar al Banco de España de todo lo relativo a las retribuciones de los consejeros para que el supervisor determinara si las visas se adaptan a la normativa y en ninguna de dichas comunicaciones se hizo alusión a estas tarjetas.

Los letrados de los expresidentes de Caja Madrid y de Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente, han tratado de demostrar con sus preguntas a los peritos que heredaron un sistema de tarjetas nacido en mayo de 1988 y por tanto no modificaron la naturaleza de las black, a las que los acusados llegaron a cargar un total de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012 en gastos personales, si bien solo se juzga la etapa posterior a 2003.

Cuñado, que ha manifestado que no han tenido limitación alguna a la hora de acceder a las actas y libros mayores requeridos para la elaboración del informe, ha explicado al tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo, que del ejercicio se concluye que los datos contables cuadran con los importes percibidos por dietas de asistencia por los exaltos cargos y directivos.

No obstante, ha asegurado que algunas indicaciones recibidas por el departamento de contabilidad incluyeron manuscritos escritos a mano, una práctica "no habitual", según ha descrito Hervas quien ha agregado que "nunca" ha visto que una tarjeta con carácter retributivo no requiera de justificación de gastos.

En línea con lo expuesto en el informe, Hervas ha precisado que, a fecha de 1 de enero de 2012 con Rodrigo Rato en la Presidencia de Bankia, solo estaba operativa una de las tarjetas black, mientas que, una vez aprobado el Real Decreto-Ley 2/2012 y que incluía una significativa reducción de las retribuciones de los consejeros y directivos de la entidad, se anuló la existente y se emitieron otras cuatro de las cuáles una no se llegó a utilizar.

En concreto hace referencia a las otorgadas a tres de los 65 encausados -Manuel Fernández Norniella, Matías Amat y Sánchez Barcoj- y al exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú, que se negó a utilizar su plástico porque no figuraba en su contrato, según expuso en calidad de testigo ante el tribunal.

La versión de los peritos de KPGM, que han respondido a las preguntas de las partes durante más de tres horas, coincide con la del Ministerio Público quien en su escrito de acusación fue más allá y concluyó que "sin acuerdo previo ni soporte legal, estatutario o contractual" Rato trasladó a la nueva entidad una práctica que le era ajena a las otras seis cajas de ahorro que se habían fusionado para constituir en diciembre de 2010 BFA, único accionista de Bankia hasta su salida a Bolsa en julio de 2011.

Las defensas han centrado sus preguntas en averiguar el epígrafe concreto al que se hace referencia a las tarjetas en las actas, así como su diferente naturaleza en función de si eran oro o plata. Algunas de las representaciones procesales, como la de Ramón Espinar -para el que la Fiscalía pide cuatro años de prisión- ha anunciado que impugnan la prueba.

Los 65 encausados cargaron a su tarjeta gastos de joyerías, tiendas de ropa, restaurantes, viajes, ropa de marca o menaje del hogar, según se ha expuesto en el juicio que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) y que acoge este miércoles la primera vista dedicada a la ronda de periciales. Según el calendario establecido, la Sala de lo Penal tiene previsto que éste quede listo para sentencia el 23 de diciembre.