La plataforma de criptomonedas FTX anunció este viernes que ha pedido acogerse al proceso de bancarrota en Estados Unidos y que su fundador y máximo responsable, Sam Bankman-Fried, ha dimitido.

La decisión confirma el colapso total de esta plataforma, una de las más importantes del sector, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares y que en los últimos días se ha venido abajo por falta de liquidez y con los usuarios apresurándose a retirar sus fondos.

En un comunicado, FTX aseguró que la declaración de bancarrota es la medida adecuada para gestionar los activos de la compañía y proteger los intereses de sus accionistas.

Tras este suceso, las criptomonedas más importantes del mercado, bitcoin y ethereum, volvían a registrar pérdidas. Desde la compañía de custodia de activos digitales Onyze han señalado que la situación que se está viviendo en el mercado "afecta negativamente en términos de confianza para el ecosistema".

Durante las primeras horas del día de este viernes ambas criptomonedas mantenían ganancias, pero tras el comunicado de FTX, bitcoin se devaluaba un 3,77% y se vendía a 16.901 dólares (16.374 euros), mientras que ethereum caía un 5,04% y cotizaba a 1.255 dólares (1.215 euros).

Estas empresas en la legislación española

Este mismo viernes, el Gobierno español anunció que incluirá en el Código Penal a las criptomonedas y otras formas de pago electrónico como medios susceptibles de cometer fraudes, según figura en uno de los puntos de la proposición de ley orgánica registrada en el Congreso por el PSOE y Unidas Podemos para derogar el delito de sedición.

A juicio de los socios del Gobierno de coalición, la relevancia de los delitos informáticos ha sufrido un crecimiento exponencial a lo largo de los años, como consecuencia del incremento del ciberespacio y el consecuente aumento de la ciberpoblación en el ámbito de Internet.

Es por ello que desde PSOE y Podemos proponen adaptar el Código Penal a las directivas europeas, ya que el reglamento español atiende de manera prioritaria a los diferentes bienes jurídicos tutelados o puestos en peligro, tales como el patrimonio, la seguridad del tráfico o la fe pública y no al concreto modo de comisión.

En este contexto, se introducen los medios de pago inmateriales, y entre ellos, los soportes digitales de intercambio que permiten efectuar transferencias de dinero electrónico, de monedas virtuales y otros criptoactivos. El Gobierno aclara que en estos dos últimos casos se les aplican estos preceptos "en la medida en que puedan usarse de manera habitual para efectuar pagos".