La posible quiebra de una autovía puede obligar a la Generalitat a asumir un rescate de 280 millones

BARCELONA.- La sombra del multimillonario rescate público de las autopistas radiales de Madrid y la indemnización de 1.350 millones a Escal UGS -sociedad controlada mayoritariamente por la constructora ACS, que preside Florentino Pérez- por el cierre del almacén submarino de gas Castor, planea ahora sobre la C-17, una autovía catalana de 49 kilómetros que discurre entre Centelles (Barcelona) y Ripoll (Girona). Cedinsa Ter, la empresa que construyó la vía rápida y tiene la concesión para explotarla, está al borde de una quiebra que supondría un nuevo rescate multimillonario con fondos públicos. En este caso, sería la Generalitat de Catalunya la que tendría que asumir un coste de 280 millones de euros. La autovía fue financiada con el sistema de peaje en la sombra, un método mediante el cual las empresas constructoras son las que pagan la obra y, posteriormente, cobran anualmente de la administración que encargó la infraestructura, con los intereses correspondientes.

Cedinsa Ter, una filial de Cedinsa Concessionària -que, a su vez, está controlada por la constructoras FCC (34%), Comsa Emte (22%), Copisa (22%) y Copcisa (22%)-, firmó en 2009 un crédito de 225 millones para financiar las obras con un consorcio de seis entidades financieras -Caixa Bank, Bankia, Santander, BBVA, Catalunya Banc y el ICO- que venció el 31 de diciembre de 2014. Llegada esta fecha, la compañía no había devuelto el crédito y ahora mismo la principal opción que se baraja, según informó La Vanguardia y confirmaron a Público.es fuentes del Departamento de Política Territorial de la Generalitat, es una refinanciación del crédito por un período de 20 años, con el aval de la administración autonómica.