El Estado español gasta cada vez menos dinero en proteger a quienes no disfrutan de un puesto de trabajo. Y no sólo por el descenso del desempleo, sino también porque las prestaciones se han endurecido bajo el Gobierno de Rajoy. Eso hace que hoy no tengan cobertura un 43,5% de las personas en situación de desempleo, frente al 25% que había cuando estalló la crisis.

La Seguridad Social dedicó 4.614 millones de euros a las prestaciones por desempleo durante los tres primeros meses de 2018. De esa cifra, 2.720 millones fueron para sufragar la prestación contributiva (la que se recibe en función de lo que el trabajador ha cotizado) y el resto correspondió al nivel asistencial, a la llamada Renta Activa de Inserción y al Programa de Activación para el Empleo.

Hace años que no se registraba una cifra tan baja de gasto en protección al desempleo. En el periodo enero-marzo de 2015, cuando la economía empezó a recuperar su tendencia al crecimiento, se destinaron a ese fin 6.860 millones de euros; es decir, un 33% más que ahora. También en el primer trimestre de 2016 y 2017 la cifra fue mayor: 5.040 y 4.675 millones, respectivamente.

El gasto en prestaciones, sin embargo, empezó a disminuir ya antes de que se iniciara la recuperación. En cómputo anual, sólo en el tiempo que Rajoy lleva en la Moncloa, ha pasado de los 29.995 millones de euros en que lo dejó Zapatero en 2011 a los 17.474 millones de 2017. Durante este tiempo, la tasa de cobertura (el porcentaje de parados con algún tipo de protección) ha caído del 70,7 al 56,5%.

A 31 de marzo pasado había 1.825.393 beneficiarios de las prestaciones por desempleo: 952.820 mujeres y 872.573 hombres. La contributiva, en cambio, la percibían más varones (357.279, frente a 353.766). Eso significa que el colectivo femenino es mayoritario en lo que respecta a las prestaciones que no dependen de lo cotizado y que, por lo general, son más bajas.

En el nivel asistencial, por ejemplo, había 392.803 mujeres y 380.888 hombres, siempre según los daos que proporciona el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De ellas, 119.523 no habían cotizado lo suficiente para generar el derecho a la prestación contributiva, 115.021 la había agotado ya y 107.895 tenían más de 55 años, que son las tres causas fundamentales de acceso al subsidio.