El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha propuesto este miércoles activar un escudo económico para proteger a los hogares y las familias de la crisis energética desencadenada a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. En una entrevista con Pablo Iglesias en el podcast La Base, el político y economista ha puesto sobre la mesa la idea de acabar con los sobrebeneficios del oligopolio eléctrico, de tal forma que se impida a las empresas del sector disfrutar de los denominados beneficios caídos del cielo, los cuales les permiten a las compañías incluir en los recibos costes asociados a las emisiones de CO2 a pesar de haber producido energía con tecnologías no emisoras como la nuclear o las hidroeléctricas.

La propuesta de Álvarez tiene que ver con la situación energética actual y la escalada del precio del gas, fuente de energía que está marcando el precio del pool en España. Los precios respecto a 2021, año en el que el mercado energético estuvo también agitado, son hasta ocho veces superiores y el escenario bélico en Ucrania hace pensar que la situación podría alargarse más allá del invierno, pues las importaciones gasistas de Europa son un 40% rusas. Este repunte de los precios se puede ver en la evolución de factura de las compras diarias de la UE a Rusia: el gas importado el 1 de enero por Bruselas costó 190 millones de euros; el 3 de marzo la cifra subía hasta los 660 millones, según Bruegel.

"La crisis derivada de la guerra ha abierto una situación preocupante en el ámbito económico, pero el problema de la luz y de la formación de precios es seguramente el más urgente", ha valorado el secretario de Estado, que ha advertido de que se trata de un reflejo de un "problema transversal" relacionado con "la forma en la que está regulado nuestro mercado mayorista". El político de Unidas Podemos ha destacado la necesidad de actuar en esa línea y "desconectar el gas del mecanismo de fijación de precios de la electricidad" para evitar que se siga remunerando a las hidroeléctricas y nucleares a pesar de que sus costes son mucho menores que los del gas. 

El impacto de la escalada de precios del gas de las últimas semanas contrasta con el peso que este combustible tiene en la generación eléctrica, pues menos del 25% de su uso va destinado a ello, según los datos de 2020 de Enagas.

Álvarez ha recordado que la UE permite avanzar hacia mayores controles en los precios y "evitar que el gas sea quien marque el precio en el conjunto de la factura", algo que "condiciona una posible inflación" que podría "mermar" la capacidad adquisitiva de los hogares y de las empresas. "El Gobierno tiene que actuar. Ya se han tomado medidas como prolongar la rebaja de impuestos, el IVA o el de generación eléctrica, pero no basta con ello. Hay que construir un escudo que proteja la economía, los hogares y el tejido industrial", ha dicho.

Todo, a su juicio, pasa por "detraer la sobrerremuneración que están teniendo las empresas". Las cinco compañías del sector energético español han tenido en el último año "más beneficios que en la última década" y ello "obedece a que en la remuneración de las tecnologías que utilizan –hidroeléctrica, nuclear, renovables– cobran por por la entrada del gas en el pool eléctrico", ha insistido. Acabar con estos beneficios caídos del cielo –popularmente conocidos como windfall profits– permitiría, según el profesor de la UAM, "desconectar lo que ocurre en los mercados internacionales de energía de lo que se da en las facturas de las empresas y de los hogares".

La Comisión Europea ya está estudiando medidas similares, aunque por el momento no hay una postura tan contundente como la mostrada por Álvarez. Ursula Von der Leyen ha propuesto una actuación intermedia destinada a grabar esos beneficios caídos del cielo de las eléctricas con impuestos temporales. Bruselas estima que si los Estados actúan en esta línea se podrían recaudar 200.000 millones de euros en el viejo continente que podrían servir para amortiguar el efecto de la escalada de precios en la factura de los hogares. Se trata de una medida que no recortaría a cero los sobrebeneficios de las energéticas y que además no se aplicaría con carácter retroactivo. 

En España, durante la escalada de precios de la primavera pasada, el Gobierno ya ultimó una ley para reducir el impacto del mercado en las facturas, de tal forma que se propuso recortar parte de los beneficios extraordinarios vinculados a las tecnologías no emisoras de CO2.