Una sentencia pionera ha reconocido que las llamadas comerciales incesantes de las compañías perturban el descanso de las personas. Por ello, una jueza de Zaragoza ha condenado a Vodafone a pagar 6.000 euros a un particular por intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad y por vulnerar su tranquilidad y su descanso.

En la sentencia, que avanzó El Confidencial, se reconoce que las numerosas llamadas que realizó Vodafone a un cliente vulneraron su intimidad. Además, el juzgado insta a la compañía telefónica a cesar en estas conductas.

La jueza estima que la actividad comercial desarrollada por Vodafone puede calificarse como "avasalladora y acosadora" y que perturbaba el descanso por los horarios laborales del demandado y por sus problemas de salud, derivados precisamente "de la falta de este necesario descanso", recoge Efe.

El particular presentó la demanda en abril de 2021, en la queda probado que ante la insistente reiteración de llamadas de la operadora. El demandante accedió a suscribirse en agosto de 2020 a Vodafone, pero nunca se llegó a formalizar la portabilidad.

A partir de ahí, se sucedieron multitud de llamadas telefónicas que el demandante asegura que interrumpían sus horas de descanso y que este pidió que cesaran a través de numerosos correos electrónicos, así como que recurrió a la mediadora Autocontrol para que le solucionaran el problema.

La compañía telefónica alegó, según la sentencia, que se había solicitado la restricción de las llamadas y se habían cancelado todos los datos del demandante de sus archivos, pero las llamadas siguieron y Vodafone apuntó entonces que el número no pertenecía a ninguno de sus agentes y que era posible fueran realizadas por personas "que se hacen pasar por Vodafone sin estar autorizados a ello".

Las llamadas continuaron y el demandante volvió a pedir que cesaran porque le molestaban en su descanso, dado que estas se producían después de comer y él trabaja de 6.00 a 14.30 horas, y porque incrementaban las cefaleas crónicas que padece.

La jueza valora la "gran actividad" desplegada por este hombre antes de interponer la demanda en defensa de sus intereses y para conseguir que cesaran las llamadas, aunque esta actividad ha sido "más que insuficiente", según reconoce la magistrada.

Contra la sentencia, que no es firme, cabe interponer recurso de apelación ante el mismo juzgado en un plazo de veinte días.