15.424 millones de euros es la cantidad que las multinacionales tecnológicas estadounidenses Apple y Google tendrán que desembolsar tras la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de los dos procesos judiciales que dichas compañías tenían abiertos por parte de la Comisión Europea.

Apple tendrá que devolver a Irlanda 13.000 millones de euros por eludir el pago de impuestos, mientras que Google asumirá una multa de 2.424 millones de euros por abusar de su posición dominante al considerar el TJUE que favoreció a su programa de compras Google Shopping en perjuicio de su competencia.

Comparando las cifras multimillonarias de las sanciones impuestas a estas empresas, con sus cuentas de resultados, la pregunta es: ¿sirven para algo estas multas?

Las multas forman parte del coste de hacer negocios

Los críticos sostienen que, sobre todo, en el caso concreto de las big tech, las multinacionales tecnológicas ven las sanciones como una parte del coste que supone para ellas hacer negocios. Las asumen y cuentan con ellas porque "les resulta rentable afrontarlas", apunta Rafael Pampillón, del Colegio de Economistas de Madrid.

No obstante, reconocen que la multa de Apple, de 13.000 millones de euros, "ha sido elevada", ya que "supone casi un 10% de la facturación", señala Alexis Marín, de Basa Abogados. Sin embargo, Papillón recuerda cómo en concepto de publicidad algunas de las grandes empresas multinacionales tienen unas recaudaciones "extraordinarias" que llegan a registran ingresos de hasta 680.000 millones de euros.

Con estas cifras, tanto el sector economista como la abogacía consideran que las multas son "una medida que queda bien de cara a la galería", pero están seguros de que ese dinero "se estará compensado por otra parte, por ejemplo, a través de subvenciones concedidas por los países o por la UE a esas mismas empresas", explica el abogado Alexis Marín.

¿Pueden afectar estas cuantiosas multas a la ciudadanía?

La respuesta no está clara, pero los expertos apuntan a que algunas empresas "utilizan la multa como excusa para subir el precio de sus servicios" al usuario final.

Las multas que se han conocido en los últimos días son fruto de solo algunas de las denuncias que la Comisión ha interpuesto a distintas multinacionales, entre ellas Amazon, Whatsapp o Microsoft. "Hay muchas que han sido recurridas por las empresas y en las que la Comisión ha tenido que retirarse", recuerda el economista Rafael Pampillón.

Las grandes multinacionales no solo manejan datos, información y dinero, también cuentan con "abogados de primera línea" para la defensa de sus intereses. "Y con el favor de las leyes", añade Alexis Marín, que defiende que la legislación vigente responde a los intereses de las grandes multinacionales estadounidenses, "tanto en los EEUU, donde ellos mismos las redactan para que los senadores las aprueben", como en Europa, donde "hace tiempo que estamos sometidos a los intereses de Estados Unidos", sentencia el abogado.

Además, hay que tener en cuenta que las cuantías pecuniarias que imponen las sanciones en concepto de multa no se abonan en el acto, sino que la empresa tiene la posibilidad de recurrir la sentencia, lo que abre un proceso que puede demorarse años. Un tiempo en el que la empresa demandada sigue operando con normalidad, ganando incluso más dinero que el que van a pagar por la posible sanción, independientemente de que las ganancias procedan de la propia violación del reglamento, explican los expertos.

El poder de los 'lobbies big tech'

La repercusión de las presiones por parte de las grandes multinacionales para los países o incluso para la Unión Europea es diferente a la que tiene sobre la ciudadanía. "Las amenazas sobre la creación de menos empleo o incluso la retirada de la empresa y sus servicios" tienen un efecto importante sobre ellos, asegura Pampillón. El manejo de la información que tienen las big tech las coloca "en una posición de poder frente a la UE o los Estados en los que operan", añade el abogado Marín.

La actualización del informe elaborado por LobbyControl y su CEO sobre la influencia de empresas privadas en los procesos legislativos europeos apunta a que el sector tecnológico gasta 113 millones de euros al año en lobby en Bruselas en datos de 2023, frente a los 97 que gastaba el 2021, un 16,5% más. La industria digital se sitúa por delante de las empresas farmacéuticas y las relacionadas con los combustibles fósiles.

Google, Amazon y Meta, entre otras grandes empresas tecnológicas, son las principales responsables del aumento del gasto en lobby: "Las diez principales empresas digitales gastan un total de 40 millones de euros en lobby, más de un tercio del gasto total del sector", apunta el informe. Mientras que el 75% de las empresas gastan menos de 200.000 euros en actividades de lobby y el 25% de ellas incluso menos de 5.000 euros, el otro cuarto restante de la lista, los gigantes tecnológicos han duplicado su gasto, e incluso más, en algunos casos.

Los sectores estratégicos y sus límites difusos

La industria tecnológica está en manos de un puñado de empresas, y la mayor parte de las multas que se les pueden poner "tiene que ver con la protección de datos y con la práctica restrictiva de la competencia", señala Pampillón. Las tecnológicas tienen un volumen de información ingente: saben lo que buscamos, lo que nos gusta y lo que no, y "utilizan esa información como una herramienta de poder", sentencia Alexis Marín.

Las multinacionales tecnológicas no son las únicas que participan del "juego del poder y las sanciones", "cualquier sector estratégico funciona de la misma manera", apuntan los expertos.

"Los bancos saben mejor que el Instituto Nacional de Estadística cuáles son las tendencias de compra de la sociedad y las cantidades que se invierten", señala Rafael Pampillón. Son datos que conocen en tiempo real a través de los movimientos que los usuarios, empresas u otros organismos hacemos con las tarjetas bancarias.

Con ellos, llevan a cabo "un tratamiento de la información registrada y la utilizan internamente para manejar los créditos en su beneficio, por ejemplo", añade el economista. Un ejemplo que se repite con las empresas tecnológicas a gran escala. La diferencia es que estas últimas sí hacen uso de esos datos y "los bancos no, por la política de privacidad".