Gobierno y sindicatos pactan una subida del 11% hasta 2028 para los 3,5 millones de empleados públicos

El Ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT y CSIF (CCOO ha anunciado que de momento no se suma) han cerrado un acuerdo  para subir los salarios de los casi tres millones y medio  de funcionarios un 11% en cuatro años, que comenzará en la nómina del próximo mes de diciembre con un alza del 2,5% correspondiente a 2025, retroactiva desde enero.

Para 2026, lo que se ha acordado es un incremento salarial fijo del 1,5%, al que se añadiría medio punto más si la inflación a final de año iguala o supera la subida fija del 1,5%. En caso de ser así, ese 0,5% adicional se abonaría en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos. El del 2026 es el único incremento que contará con una parte fija y variable, todos los demás serán exclusivamente fijos.

Para 2027, la subida salarial se queda en el 4,5%, en tanto que para 2028 será del 2%.

Aunque para el conjunto de 2025-2028 la subida pactada es del 11%, los sindicatos calcula que, por el efecto arrastre de los distintos incrementos salariales de cada año, el aumento salarial acumulado que experimentarán los empleados públicos en esos cuatro años rondará el 11,5%.

El acuerdo incorpora además diversas mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios, como la supresión de la tasa de reposición para favorecer el refuerzo de las plantillas, la agilización de los procesos selectivos, la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales o la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado.

Además, el Gobierno se ha comprometido a mejorar la calidad sanitaria del mutualismo administrativo, la conciliación, la promoción interna o la jubilación, además de elevar los complementos de residencia e insularidad, actualizar las retribuciones del personal laboral en el exterior, reforzar la atención al público o adaptar la clasificación de los puestos de trabajo a las funciones reales.

El acuerdo se ha logrado tras una nueva reunión, la segunda en esta semana, de la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, con los representantes de CCOO, UGT y CSIF, para abordar un nuevo pacto plurianual de mejoras salariales y de condiciones laborales para los empleados públicos.

Las partes han acordado constituir una comisión de seguimiento para asegurar el cumplimiento de las medidas pactadas en un plazo máximo de 15 días desde la firma del acuerdo. 

A la espera de CCOO

El Ministerio de la Función Pública se ha limitado a informar de que se ha alcanzado "un principio de acuerdo con dos de las principales centrales sindicales, UGT y CSIF, y está a la espera de que CCOO también forme parte del mismo".  "Dicho acuerdo supone un gran avance para los servidores públicos y también garantiza el poder adquisitivo de los empleados públicos hasta 2028", añade el ministerio.

Previsiblemente, el acuerdo, esté o no esté en él CCOO, será suscrito este jueves.

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha asegurado que se trata de "un gran acuerdo", con el que "no solamente ganan los empleados públicos", sino que también "gana la calidad de lo público, gana la ciudadanía y gana el país en general".  Araque ha subrayado que la subida salarial acordada con el Ministerio garantiza el poder adquisitivo y en torno a un 2,9% de recuperación del poder adquisitivo perdido por los funcionarios.

CSIF ha asegurado que suscribe el acuerdo por responsabilidad, ya que entiende que es el mejor acuerdo posible en las actuales circunstancias dada la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones económicas de la Unión Europea y el gasto en defensa obligado por la OTAN. El sindicato  asegura que su firma no es un cheque en blanco y que velará por que se cumplan todos los puntos pactados