Las teleoperadoras reclaman al Estado que impida la deslocalización de sus centros de trabajo

“¿Tienes experiencia en call center y te apasiona ofrecer un excelente servicio al cliente? ¡Te estamos buscando! ¡Contrato de 46 horas!". "Campaña de atención cliente español, servicios fijos y móviles, horarios rotativos 7am a 3pm los primeros tres meses, después turnos de madrugada. Lunes a domingo con día compesatorio".

Las anteriores son dos ofertas laborales de empresas españolas que buscan en Colombia operadores de telemárketing para atender desde ese país a clientes españoles de otras empresas españolas. Adivinen la razón del trabalenguas, que se explica por sí sola en el propio anuncio: "Salario de 1.473.500 a 1.673.500 pesos colombianos". Al cambio son entre 345 y 392 euros al mes.

El sector del telemárketing, que según varias fuentes ocupa en España a más de 100.000 trabajadoras –en femenino porque la inmensa mayoría son mujeres–, lleva años sufriendo un severo proceso de deslocalizaciones motivado por la estrategia de reducción de costes salariales emprendida por las principales compañías.

No es que las teleoperadoras tengan salarios altísimos, de hecho las tablas salariales de algunos convenios colectivos se han quedado obsoletas por las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) en los últimos años. Pero ni siquiera su precariedad puede competir con los bajísimos sueldos de otros países castellanohablantes.

Mileuristas

"Una gestora, es decir una operadora con capacidad para tomar decisiones, con 25 años de antigüedad en la empresa y contrato de 39 horas a la semana, cobra unos 1.250 euros brutos al mes. Es decir unos mil euros netos", explica Rosa Gómez. Es delegada de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el centro de trabajo de A Coruña de Atento, subcontratada por Telefónica para la atención de sus clientes.

A finales del año pasado, las trabajadoras de Atento celebraron una huelga de 24 horas y se concentraron frente a sus centros de trabajo para denunciar el despido de veinte compañeras y para alertar de su política de "destrucción de empleo" de la compañía. En el mes de julio, recuerda Rosa, otras 525 empleadas fueron despedidas porque la dirección "se inventó un traslado forzoso a Madrid desde centros de otras provincias que no era necesario ni estaba justificado, porque la atención telefónica se puede hacer desde cualquier sitio". "Los traslados eran inasumibles para unas compañeras con jornadas parciales y salarios por debajo del SMI", añade.

Atento es propiedad de varios fondos de inversión extranjeros –entre otros Baim Capital, HPS Investment Partners y Farallon Capital Managment–, pero presta servicios a Telefónica, cuyo accionista mayoritario es el Estado español a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que la primavera pasada se hizo con el 10% de la compañía por 2.285 millones de euros. La entrada del Estado en su capital tuvo como primeras consecuencias el despido de su presidente, José María Álvarez-Pallete, y el nombramiento de Marc Murtra como su sustituto.

Las operadoras, asegura Rosa Gómez, creen que, desde su posición mayoritaria en el consejo de administración de Telefónica, es ahora obligación del Estado proteger los empleos directos e indirectos en España y evitar que las subcontratas de la empresa despidan a sus trabajadoras aquí para contratarlas bajo precio en otros países.

Expediente de regulación de empleo

Lo que sucede en Atento es equiparable a lo que ocurre en AbaiGroup, otra firma subcontrada por Telefónica para dar servicio a sus clientes de O2, la marca comercial de telefonía móvil de bajo coste de la compañía. Sus trabajadores iniciaron el mes pasado un calendario de protestas por la deriva de carga de trabajo a un nuevo centro abierto en la localidad colombiana de Pereira, después de que la dirección ejecutara el pasado otoño un expediente de regulación de empleo destinado a amortizar centenares de puestos de trabajo.

"Llevan meses de ataques a los derechos de las trabajadoras", advierte Adrián Seijas, delegado de la CGT en el centro de trabajo de Abai en A Coruña. "La dirección de ABAI busca destruir puestos de trabajo en los centros que tiene en el Estado español y así poder deslocalizar los servicios de atención al cliente de Movistar a otros países, en este caso concreto a la localidad colombiana de Pereira, donde nuestras compañeras sufren peores condiciones que nosotras. Buscan incrementar sus beneficios a través de la precariedad laboral de miles de trabajadoras en todo el mundo", explica. 

"Somos solidarias con la situación de las compañeras de esos países, pero una empresa pública no puede promover la precarización del empleo a costa de destruir puestos de trabajo en España”, añade.

Según Marta, un alias para identificar a otra trabajadora de Abai, con cerca de 20 años de antigüedad en la empresa y que ha pedido resguardar su anonimato, las condiciones son cada vez peores. "Atendemos cientos de llamadas al día, y la empresa nos exige que cada una no dure más de seis minutos, lo que acaba derivando en un mal servicio para el cliente", relata. Ella cobra 1.050 euros netos al mes, y nunca ha recibido los complementos que la empresa ofrece por incentivos de productividad porque, asegura, son imposibles de cumplir.

Incentivos imposibles

"Para tener acceso a ellos la llamada tiene que durar menos de seis minutos y el cliente tiene que puntuarte con un nueve. Y además, aunque éste nos llame para exponernos una queja o un problema, para optar al incentivo tenemos que venderle otro producto, lo que resulta prácticamente imposible en menos de seis minutos y porque la mayoría de las veces ni siquiera tenemos formación o capacitación en ventas", añade.

"Nuestros empleos y nuestras condiciones laborales también son de interés nacional"

Para Marta, el hecho de que el Estado español se haya hecho con el 10% de Telefónica por una cantidad multimillonaria de dinero público, en una operación destinada según el Gobierno a garantizar "la seguridad nacional", debe servir también para que se protejan las condiciones de las teleoperadoras que dan servicio a sus clientes. "Nuestros empleos y nuestras condiciones laborales también son de interés nacional, ¿no?”, se pregunta.

Público se ha dirigido a la SEPI y al Ministerio de Hacienda, de quien depende el organismo, para saber si la entrada de capital estatal en Telefónica y los relevos en su cúpula servirán para mudar la estrategia de deslocalizaciones de sus subcontratas, pero no ha obtenido contestación. Este diario se ha dirigido también a los departamentos de comunicación de Atento, Abai y de la propia Telefónica, pero a la hora en la que se terminó de escribir este artículo ninguna de las tres compañías había respondido.