Los trabajadores públicos lanzan un ultimátum al Gobierno: o les sube el sueldo o irán a la huelga

Este jueves 30 de octubre está marcado en rojo para los trabajadores públicos españoles: los tres grandes sindicatos de las administraciones públicas —CSIF, CCOO y UGT— han convocado movilizaciones en toda España para exigir una subida salarial y una mejora de las condiciones laborales. La convocatoria más numerosa tiene lugar desde las 12.00 horas en Madrid ante la sede del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que dirige Óscar López. 

Bajo el lema Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos, CCOO, UGT y CSIF han hecho frente común —algo que no es muy habitual— para lanzar un ultimátum al Gobierno: o atiende las reivindicaciones de los sindicatos o se enfrenta a un calendario de movilizaciones y a la posibilidad de una gran huelga de los trabajadores públicos en diciembre.

Los tres grandes sindicatos denuncian la congelación de los salarios en 2025 de los 3,5 millones de trabajadores públicos. Por el momento, los sindicatos no barajan ninguna horquilla de subida, e insisten en que es el Gobierno quien debe llevar una propuesta inicial a una mesa de negociación.  

Además, los representantes sindicales piden al Gobierno que aborde los asuntos pendientes del acuerdo firmado en 2022 y que expiró este año. Quedan en el aire cuestiones tan importantes como la jubilación parcial del personal estatutario, la clasificación profesional, la negociación colectiva, la eliminación de la tasa de reposición, menos temporalidad y la jornada de 35 horas semanales. En este sentido, las organizaciones sindicales exigen el cumplimiento del acuerdo anterior para pasar a negociar uno nuevo, sobre todo en lo que respecta a las cuestiones retributivas.

"Llevamos un tiempo intentando desbloquear varias cosas", explica a Público Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública de CCOO. "Por un lado, aún están pendientes algunos asuntos pactados en el Acuerdo Marco que solamente firmamos UGT y CCOO. Aquel fue un buen acuerdo para avanzar hacia una administración del siglo XXI. Entre otras cosas, conseguimos concretar una subida salarial del 9,8% a lo largo de varios años", añade Palazzo.

Los sindicatos llevan desde antes de verano criticando la "parálisis" del departamento que dirige Óscar López. El Ejecutivo se escuda en que no puede subir el sueldo a los trabajadores públicos ni acometer el resto de compromisos mientras no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado. "Eso es hacer trampa, porque hay mecanismos de sobra para subir los salarios. Nosotros exigimos la misma seriedad y la misma corresponsabilidad", concreta Palazzo.

CCOO, UGT y CSIF se oponen a que esta mejora salarial se vincule a las cuentas públicas, y defienden que los incrementos en las nóminas de los empleados públicos pueden aprobarse sin necesidad de los Presupuestos. Palazzo sostiene que la actitud del Gobierno no concuerda con la situación económica que vive el país y sospecha que detrás se esconde una "intención política": "El Gobierno sale diciendo que España va como un tiro y que somos los campeones del crecimiento económico, pero hay más de 3,5 millones de empleados y empleadas públicas con el salario congelado en el 2025. Luego se nos llena mucho la boca defendiendo los servicios públicos y nos acordamos mucho de ellos en catástrofes como la pandemia, la DANA o los incendios forestales, pero en realidad, lo que sienten los ciudadanos es que tenemos servicios públicos cada vez más debilitados". 

"Los servicios públicos se sujetan con un acuerdo que garantice una subida salarial y más empleo. Por ejemplo, tenemos que eliminar la tasa de reposición para que las ofertas de empleo público se ajusten a la necesidades de verdad", abunda Palazzo. El sindicalista enfatiza que hay que pensar en el futuro y que limitar el número de plazas de empleo público es poco práctico ante el escenario que está por llegar: "En los próximos diez años se jubila más del 50% de la plantilla de de las administraciones públicas; en algún caso hasta el 70% de la administración local. Esa circunstancia requiere un plan de choque encima de la mesa".

El dirigente sindical apunta otro punto negro de las administraciones públicas: el exceso de la temporalidad, cercana al 35%. "Al final, nosotros lo que estamos reivindicando es mayor calidad de empleo, mayor salario, mejores condiciones, mayores derechos para las personas que trabajan en el sector público. Eso revierte también en un mejor servicio a la ciudadanía y en lo que toda la vida se ha llamado estado de bienestar", afirma Palazzo. 

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EFE

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CCOO y UGT son partidarios de mantener el modelo del acuerdo anterior, que con su plurianualidad ofrecía cierta previsibilidad y contemplaba un incremento fijo pactado en la negociación, junto con una parte variable vinculada a objetivos de PIB e IPC.

Por su parte, CSIF reclama que las subidas salariales de los trabajadores públicos vayan vinculadas al IPC y sean automáticas, como ocurre con las pensiones.

CCOO, UGT y CSIF confían en que la negociación se desbloquee en las próximas semanas, coincidiendo, también, con la llegada de la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, que sustituye a Clara Mapelli.