Trump lleva la lucha por los aranceles al Supremo de EEUU
La Administración estadounidense pide al tribunal que resuelva rápidamente su recurso contra la decisión de un juez federal que invalidó la mayoría de los gravámenes argumentan que el presidente republicano se extralimitó en su autoridad.
El Gobierno de Donald Trump pidió al Tribunal Supremo de Estados Unidos que acoja con celeridad un recurso para preservar los aranceles de gran alcance que aplica en virtud de una ley de 1977 concebida para casos de emergencia, después de que un tribunal inferior invalidara la mayoría de los gravámenes, fundamentales para la agenda económica y comercial del presidente republicano.
El Departamento de Justicia apeló el 29 de agosto la decisión de un tribunal federal de apelaciones de que el presidente se extralimitó en su autoridad al invocar la ley conocida como Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), socavando una de las principales prioridades de Trump en su segundo mandato.
El Gobierno pidió al Supremo que acelerara su revisión decidiendo si se ocupaba del caso antes del 10 de septiembre y celebrando los alegatos en noviembre. El nuevo mandato del tribunal comienza el 6 de octubre.
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"Lo que está en juego en este caso no podría ser más importante", dijo el Procurador General D. John Sauer en una presentación escrita.
"El presidente y su gabinete han determinado que los aranceles están promoviendo la paz y una prosperidad económica sin precedentes, y que la denegación de la autoridad arancelaria expondría a nuestra nación a represalias comerciales sin defensas eficaces y empujaría a Estados Unidos de nuevo al borde de la catástrofe económica", añadió Sauer.
Los abogados de las pequeñas empresas que impugnan los aranceles no se oponen a la petición del Gobierno de que el Tribunal Supremo celebre una vista. Uno de los abogados, Jeffrey Schwab, del Liberty Justice Center, dijo en un comunicado que confían en que prevalecerán.
"Estos aranceles ilegales están causando graves daños a las pequeñas empresas y poniendo en peligro su supervivencia. Esperamos una pronta resolución de este caso para nuestros clientes", dijo Schwab.
Los gravámenes forman parte de una guerra comercial instigada por Trump desde que regresó a la presidencia en enero que ha alienado a los socios comerciales, aumentado la volatilidad en los mercados financieros y alimentado la incertidumbre económica mundial.
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Trump ha hecho de los aranceles un pilar de la política exterior estadounidense, utilizándolos para ejercer presión política, renegociar acuerdos comerciales y extraer concesiones de los países que exportan bienes a Estados Unidos.
El litigio se refiere al uso de Trump de la IEEPA para imponer lo que Trump llama aranceles "recíprocos" para hacer frente a los déficits comerciales en abril, así como aranceles separados anunciados en febrero como palanca económica sobre China, Canadá y México para frenar el tráfico de fentanilo y drogas ilícitas a los Estados Unidos.
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La IEEPA otorga al presidente la facultad de hacer frente a "una amenaza inusual y extraordinaria" ante una emergencia nacional e históricamente se había utilizado para imponer sanciones a enemigos o congelar sus activos. Antes de Trump, la ley nunca se había utilizado para imponer aranceles.
El Departamento de Justicia de Trump ha argumentado que la ley permite los aranceles en virtud de las disposiciones de emergencia que autorizan a un presidente a "regular" las importaciones o bloquearlas por completo.
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El fallo del tribunal de apelaciones se deriva de dos desafíos, uno presentado por cinco pequeñas empresas que importan bienes, incluido un importador de vinos y licores de Nueva York y un minorista de pesca deportiva en Pensilvania. La otra fue presentada por 12 estados de EEUU, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Vermont, la mayoría gobernados por demócratas.
La Constitución otorga al Congreso, y no al presidente, la autoridad para establecer impuestos y aranceles, y cualquier delegación de esa autoridad debe ser explícita y limitada, según las demandas.
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