La UE limita los pagos en efectivo a 10.000 euros para frenar la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales

Los Estados de la Unión Europea han acordado este miércoles limitar a un máximo de 10.000 euros los pagos en efectivo con el fin de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De esta manera la UE refuerza su normativa y amplia el ámbito de aplicación del marco vigente, dando flexibilidad a los Estados para imponer un límite máximo si lo desean.

El ministro de Finanzas de la República Checa, Zbynek Stanjura, cuyo país preside el Consejo de la UE este semestre, ha afirmado que los pagos de más de 10.000 euros resultarán "imposibles". Stanjura también ha sido tajante en relación a la financiación del terrorismo, denunciando que los terroristas y quienes aportan el dinero para ello "no son bienvenidos en Europa". 

El acuerdo de los ministros sentará así la base para negociar con el Parlamento Europeo la nueva directiva y la regulación de la lucha contra el blanqueo de capitales (AMLD6), que entrará en vigor una vez hayan aprobado el texto definitivo ambas partes.

Cerco a los criptoactivos

No solo se pondrán límites a los pagos en efectivo. Las normas prevén extender también los controles antiblanqueo que ya existen en la Unión Europea al sector de los criptoactivos, de modo que los proveedores de estos servicios tendrán que llevar a cabo verificaciones sobre sus clientes a la hora de efectuar transacciones por valor de 1.000 euros o más.

Deberán asimismo adoptar medidas para mitigar los riesgos en las transacciones con los llamados monederos no alojados y habrá medidas de verificación reforzadas para las relaciones transfronterizas entre los proveedores de servicios de criptoactivos, según la posición adoptada por los Estados.

También pasarán a estar sujetas a la regulación contra el blanqueo los joyeros, relojeros y orfebres, así como las personas que comercian con metales y piedras preciosas y bienes culturales.

"Más transparentes y armonizadas"

Los Estados prevén además hacer "más transparentes y armonizadas" las normas sobre los beneficiarios reales de las empresas. En concreto, para determinar quien es el beneficiario real habrá que tener en cuenta quién es el propietario y quien controla la entidad.

Se aclara, asimismo, cómo identificar y verificar la identidad de los propietarios reales de diferentes tipos de entidades, incluidas las no comunitarias, y en los casos en que estas tengan estructuras con varias capas de control y propiedad.