La vivienda, una cuestión imprescindible para CCOO también en su próximo mandato

El acceso a la vivienda se ha convertido en un quebradero de cabeza en toda España en los últimos años, hasta el punto de que es ya la mayor preocupación de la población y CCOO no podía permanecer al margen de un problema que afecta a todos los segmentos sociales. El sindicato ya le otorgó prioridad a la vivienda en su último mandato y ahora redobla sus esfuerzos porque considera que ha llegado el momento de actuar con una propuesta fuerte que favorezca de verdad el acceso a la vivienda.

CCOO planteará acciones directas frente a la problemática actual en su XIII Congreso, nuevas propuestas en materia de vivienda que pasan por plantear un Pacto de Estado con medidas concretas que garantice el derecho a la vivienda y contribuya a reducir la desigualdad social que provoca. Es decir, propondrá que los partidos se impliquen de verdad para paliar una cuestión que demanda de una atención primordial.

Que acceder una vivienda digna y asequible, un derecho constitucional, sea ahora la mayor preocupación de la ciudadanía española se debe, según el sindicato, a que durante décadas hemos padecido políticas públicas mal orientadas a garantizar el acceso a la vivienda, a pesar de ese reconocimiento constitucional.

En los últimos 40 años, se han destinado más de 200.000 millones de euros, y la mayor parte de este gasto corresponde a desgravaciones fiscales en el IRPF. La deducción fiscal por inversión en vivienda ha supuesto 162.000 millones de euros y las deducciones en la mayoría de las ocasiones iban directamente a precio. A su vez, en el mismo periodo se han construido desde las Administraciones Públicas algo más de 2,7 millones de viviendas protegidas, el 23% de la totalidad de las construidas, que posteriormente han sido descalificadas y han pasado al mercado privado. Esa práctica ha reducido nuestro parque de vivienda pública al 3,3% del total, algo más de 450.000 viviendas. De no haber sido así, nuestro parque de vivienda pública rondaría el 9,3% homologable a la media de la UE-27.

El derecho a un hogar digno y asequible debe constituir el quinto pilar del estado de bienestar, pero en la práctica estamos lejos de alcanzarlo y por eso CCOO considera es urgente adoptar medidas eficaces que garanticen el acceso a una vivienda asequible y que posibiliten la movilidad laboral, la emancipación temprana de las personas jóvenes y el acceso efectivo al derecho a una vivienda.

Medidas concretas

CCOO planteará la construcción, adquisición y/o rehabilitación de un parque de viviendas sociales suficiente, permanente y asequible tanto para alquiler como para compra. Estas viviendas promovidas por el sector público contemplan dos tipos sociales: para colectivos vulnerables, que serán siempre en alquiler; y asequibles, para el resto de la población, tanto en alquiler como para compra. Toda vivienda promovida con recursos públicos o aportando suelo público debe tener un carácter permanente y permanecer en el parque público de vivienda sin pasar al mercado privado.

El sindicato considera fundamental que el Estado aumente su inversión en la construcción y rehabilitación de viviendas sociales y en la promoción de alquileres asequibles

El desarrollo de políticas regulatorias eficaces, que incluyan la limitación de los precios de alquiler en zonas tensionadas es otra de las medidas imprescindibles. El sindicato considera que es preciso reformar la reciente ley por el derecho a la vivienda y para dar competencias a las administraciones locales para declarar zonas tensionada en caso de que no lo haga la comunidad autónoma.

La regulación precisa del alquiler turístico, de temporada y habitacional se hace igualmente necesaria. No existe un control preciso de los precios del alquiler, que continúan al alza mientras disminuye de manera muy relevante la oferta de vivienda en alquiler residencial a precios asequibles.

CCOO quiere, además, actuaciones más eficaces sobre el mercado hipotecario, ya que las personas deudoras hipotecarias sufren un incremento de tipos de interés derivado de la rigidez y falta de competencia en el sector financiero. El objetivo es facilitar la adaptación de sus hipotecas, aumentando los plazos de amortización, facilitando la transición de tipo variable a fijo y/o la movilidad entre entidades. Así los hipotecados pueden beneficiarse de las posibles mejores condiciones disponibles, ya que los sistemas voluntarios, como el Código de Buenas Prácticas impulsado por el Gobierno en acuerdos con el sector financiero, no han funcionado y precisan de actuaciones normativas efectivas en materia de control de precios.

El sindicato considera fundamental que el Estado aumente su inversión en la construcción y rehabilitación de viviendas sociales y en la promoción de alquileres asequibles. Pero también que el sector privado se involucre a través de acuerdos y mecanismos de colaboración que, en todo caso, siempre se llevará a cabo bajo la premisa de lucro limitado de las empresas privadas colaboradoras.