Asociaciones de inquilinos denuncian en Catalunya a una treintena de inmobiliarias por anunciar alquileres por encima del precio de referencia

La Ley 11/2025 de medidas en materia de vivienda y urbanismo en Catalunya, en vigor desde el 1 de enero de 2026, regula estrictamente los alquileres temporales y de habitaciones para evitar el fraude en las zonas consideradas como tensionadas. Para evitar estas irregularidades, la norma exige justificar documentalmente la causa temporal y limita el precio total del alquiler por habitaciones al índice de referencia.

Pero como dice el dicho popular, hecha la ley, hecha la trampa. Ya con la regulación anterior, determinados operadores del mercado inmobiliario, como fondos de inversión y plataformas aprovechan los resquicios para publicar ofertas y anuncios con precios por encima de lo que permite la normativa.

Así lo señalan entidades como el Sindicat de Llogateres, que ha presentado más de 50 denuncias, que corresponden a 35 inmobiliarias, ante la Agència Catalana de l'Habitatge y l'Agència Catalana de Consum. Estos actores siguen desarrollando prácticas abusivas gracias a la indefinición jurídica de fórmulas como los alquileres de habitaciones o de temporada.

Uno de los portavoces del Sindicat, Enric Aragonès, pide que "la Administración sea proactiva y no vaya a remolque, actuando sólo cuando recibe denuncias de entidades como la nuestra". Detrás de estos incumplimientos, está la falta de efectivos en el cuerpo de inspectores de vivienda para revisar la normativa. De hecho, a finales del año 2025, cuando se presentó la ley, la Generalitat garantizó que se dispondría de un centenar, cuando ahora sólo hay 10.

Más allá de la falta de efectivos, Aragonès insta a que el Govern impulse herramientas como los programas informáticos automáticos que detecten los incumplimientos. "Las inmobiliarias y los arrendadores que no lo hacen bien deben tener la sensación de que tienen la Administración encima", pide. Ahora mismo, aunque existe un régimen sancionador por estos casos de ofertas de alquiler que se publicitan con precios por encima del índice de referencia, no se acaba actuando, según el sindicato.

La lucha contra las compras especulativas

Ante esta dejadez, Enric Aragonès lamenta que se transmita un mensaje de impunidad. "Los inversores optan por los colivings, el alquiler por habitaciones o las residencias de estudiantes camufladas. Todas ellas permiten, a estas alturas, poner el precio que quieran". En este sentido, critica las operaciones de compras especulativas que "sólo sirven para obtener rentabilidad y ni producen ni dan valor añadido al territorio".

En un manifiesto impulsado por el Sindicat de Llogateres, al que se han adherido más de un centenar de plataformas y organizaciones, que representan a más de 7.000 entidades, se exige acabar con la brecha de los alquileres de temporada. Además, presionan para que este mes se apruebe en el Congreso de los Diputados una reforma legislativa de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que proteja definitivamente los hogares.

Entre las medidas que incorporaría se encuentran una ley que regule los alquileres temporales y de habitaciones en todo el Estado y la articulación de una prórroga obligatoria a los contratos de alquiler vigentes, lo que daría estabilidad a los 155.000 hogares catalanes a los que se les finaliza este año.

En relación con la moratoria de desahucios y anulación de algunos mecanismos de intermediación previos incluidos en la Ley de Vivienda (2023) por parte del Tribunal Constitucional, desde el Observatori Desca se muestra preocupación por sus consecuencias sociales, concretadas en una hipotética oleada de desalojos. La entidad urge a "prever y tener preparadas medidas alternativas y de realojamiento que aseguren la protección de las familias afectadas".

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Judit Castaño

Secuestro de la vivienda

Por otra parte, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), en un informe presentado a finales del año pasado, advierte de una burbuja especulativa con la vivienda que "coloniza" progresivamente toda Barcelona. Según avisan, en la capital catalana hay más de 600 promociones especulativas, que se agrava con "el secuestro" de la vivienda para destinarla a alquiler de temporada y un parque insuficiente de Viviendas de Protección Oficial (VPO).

Como medidas correctoras, la FAVB reclama eliminar el alquiler de temporada, recortar privilegios fiscales a las sociedades de inversión y más recursos para un parque asequible. En el caso del alquiler de temporada, la federación advierte que, a estas alturas, este representa ya el 80% de las ofertas de los portales inmobiliarios, sustituyendo el turístico y desplazando el regulado.

Los datos que tienen las entidades en defensa de los inquilinos, extraídos del Institut Català del Sòl (Incasòl), muestran como la proporción de contratos de temporada han pasado del 0,8% en 2021 al 10% en 2024. Sólo en el último año analizado, aumentaron un 44%, suponiendo un 20% del total de contratos firmados en ciudades como Barcelona.

Esta fórmula ha permitido incrementar precios sin límite y ha generado un incentivo para sustituir inquilinos con contratos habituales para alquileres temporales o de habitaciones. Paralelamente, algunos estudios concluyen una huida de los inversores desde el sector residencial (vivienda) hasta los hoteles, oficinas o residencias de estudiantes. De hecho, algunos fondos como Blackstone o Cerberius están desinvirtiendo en Catalunya por las limitaciones a las prácticas especulativas que dibuja la nueva ley del alquiler.