El desahucio de Rahman enciende Lavapiés: cuando pierdes tu casa porque tu casero deja de pagar la hipoteca

Legazpi, La Latina, Carabanchel, Moratalaz y Chamberí. Los barrios de Madrid han amanecido este miércoles salpicados de carteles. "¡Rahman se queda!", rezan los pasquines, que aprovechan para movilizar una convocatoria del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Una concentración para frenar una injusticia, para denunciar un nuevo caso de vulnerabilidad dentro del mercado residencial: el desahucio de un vecino del céntrico barrio de Lavapiés, Rahman. De él y de su familia: su mujer y sus dos hijos menores, de 15 y 17 años de edad.

No es la primera vez que intentan expulsarlos del barrio. Se trata del tercer intento de desalojo de la familia de origen bangladesí. Un procedimiento en los tribunales que impulsa una entidad con nombre y apellido: el fondo Building Center, gestor de la cartera inmobiliaria de CaixaBank. Con cerca de 25.000 propiedades en régimen de alquiler.

Rahman llegó a España en 2015, hace ya más de diez años. Desde entonces, reside en el número 81 de la calle del Amparo, en el barrio de Lavapiés. Allí trabaja. Allí estudian sus dos hijos. Allí tiene su pequeña red de contactos. Allí desarrolla su vida con normalidad. O al menos así lo hacía hasta el año 2020. Fue entonces cuando el que era su casero dejó de pagar la hipoteca del inmueble, contrayendo una deuda con CaixaBank. Una deuda que se resolvió mediante una ejecución hipotecaria, con la consecuente pérdida de la propiedad del piso.

CaixaBank se lo traspasó entonces a Building Center y fue esta entidad la que abrió un proceso de lo que se conoce como "desahucio por tercer ocupante" contra Rahman y su familia. Un tipo de denuncia que no contempla el Real Decreto-ley 11/2020 que regula la suspensión del desahucio para personas en situación de vulnerabilidad. Durante todos estos cambios de titularidad, Rahman siguió pagando religiosamente a su casero original 700 euros al mes. Hasta principios de este año, cuando recibió una primera resolución de desahucio en firme. Tenía que marcharse antes del 24 de abril. 

Ni CaixaBank ni Building Center le han ofrecido en ningún momento una alternativa residencial. Tampoco han accedido a sentarse con su representante legal. Ni siquiera con el sindicato o con alguna de las asociaciones vecinales y de vivienda movilizadas en torno al caso. "Se han cerrado en banda", confirman a Público voces del sindicato de la capital. "CaixaBank lleva unos años apostando de forma bastante agresiva por la inversión y la especulación inmobiliarias", continúan las mismas fuentes. "Pero normalmente sí están dispuestos a negociar, a valorar alternativas", conceden. No ha sido el caso. "Llegamos a proponer un alquiler algo superior, de hasta 800 euros al mes, o la posibilidad de acordar un realojo en otro piso propiedad de la entidad", continúan explicando. Ni la una, ni la otra. "Le quieren fuera". Sin tener en cuenta su situación y sin asumir ninguna responsabilidad.

Sindicato de Inquilinas: "Seguiremos presionando para conseguir una negociación. Rahman somos todos"

Y es que, a la presencia de menores en el inmueble, se suma otra de las caras más frecuentes de la vulnerabilidad en el mercado residencial: el racismo inmobiliario. No solo por su origen o su aspecto. También por la propia barrera del idioma. "Rahman habla español con dificultad, lo que ha condicionado sus posibilidades de defensa en los tribunales durante estos años. De hecho, hubo una primera vista en el año 2020, a la que acudió, pero sin llegar a comprender la situación. Por eso ha seguido pagando a su casero original, que en ningún momento le informó del cambio de titularidad del piso", explica Víctor Palomo, abogado del caso.

La barrera lingüística tampoco le ha puesto fácil la búsqueda de alternativas. "El mercado inmobiliario se ha vuelto absolutamente hostil. Invivible. Una situación que se multiplica por mil en el caso de las personas migrantes y racializadas", apuntan voces del sindicato. Rahman lo ha experimentado en primera persona. Visitas denegadas, condiciones inasumibles, precios disparatados. "En cuanto escuchan su acento, empiezan los problemas", condensan desde la organización.

Hasta principios de año Rahman se sentía solo, sin saber cómo actuar. A partir de esa primera comunicación de desahucio, las cosas empezaron a cambiar. Fue entonces cuando el inquilino decidió acudir al sindicato, que ha conseguido frenar su desahucio hasta en dos ocasiones: en los meses de julio y octubre. "Ha sido posible gracias a la gran movilización popular", apuntan desde la organización. "Todo el barrio y muchos de los colectivos sociales de la zona han puesto sus cuerpos para defender el derecho a un techo de Rahman y su familia. En todos y cada uno de los intentos de desalojo", amplían. Y esta vez no será diferente.

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La nueva fecha a la vista es este mismo viernes, 14 de noviembre. A las 8 y media de la mañana. "Rahman, no estás solo, estamos contigo", ha advertido por redes el sindicato. Por eso, volverán a las calles. Para defender los barrios madrileños del rentismo y la especulación. Y frenar la expulsión sistemática de sus vecinos. Especialmente aquellos más vulnerables. "Frente al abandono institucional, la movilización popular y la organización vecinal acaban siendo las únicas vías realmente efectivas para prevenir estas situaciones", reivindican desde la organización. "Seguiremos presionando para conseguir una negociación. Para defender nuestros derechos como inquilinas", aseguran. "Rahman somos todos".

Público se ha puesto en contacto con CaixaBank para preguntarle por el desahucio de Rahman y su familia. Este diario ha querido saber si la entidad se plantea paralizar el lanzamiento para sentarse a negociar con el inquilino y sus representantes legales. También le ha preguntado si contempla algún tipo de acuerdo sobre su alquiler o, en su defecto, un posible realojo en otro inmueble de su propiedad. A modo de respuesta, la entidad ha asegurado a este periódico que, en estos momentos, está explorando, juntamente con el sindicato, una alternativa que permita suspender el desalojo. Un acuerdo sobre el que ni el grupo financiero ni el sindicato han aportado nueva información.