El Gobierno de Ayuso deja en la calle a Ángela y a sus tres hijos bajo un fuerte dispositivo policial: "En vez de ayudar, han decidido desahuciar"

Finalmente ha ocurrido. Ángela y sus tres hijos -de 7 años, 5 años y 9 meses- se han quedado en la calle. Les han arrebatado lo único que tenían: su hogar. El desahucio estaba programado para este miércoles a las 10 de la mañana. Y ni los informes de servicios sociales, ni la protesta convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ni la situación de indefensión de los menores han conseguido impedirlo. La Agencia de Vivienda Social (el antiguo IVIMA), dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se ha mostrado imperturbable. Llevando la denuncia hasta el final. Hasta sus últimas consecuencias. Con la resolución judicial en la mano y por medio de un fuerte dispositivo policial, Ángela y sus hijos eran escoltados fuera del portal del número 18 de la Avenida de la Libertad, en Alcorcón.

"Aún no me lo creo", comenta en conversación con Público la afectada. "Me la han cerrado", añade con incomprensión. Y es que, poco después de forzar su salida del edificio, la policía procedía a tapiar la puerta de la vivienda. Para impedirle el acceso a la que ha sido su casa durante más de cinco años. La misma casa que la acogió cuando, poco después de su divorcio, se encontró sola y sin alternativas. En la que ha visto crecer a sus hijos mayores. Y nacer a la más pequeña, todavía una bebé. Ángela se siente vulnerable, abandonada por las instituciones. Pero no por eso va a rendirse: "Voy a seguir luchando por mis hijos".

Volverá a intentarlo todo. Pedir la reasignación del que ha sido su hogar, entrar en la lista de solicitantes de vivienda social de la comunidad, buscar algún tipo de ayuda complementaria para el alquiler. Cualquier vía a su alcance para que sus hijos disfruten de una vida plena. "Qué les costará regularizar mi situación y reconocerme como inquilina de un piso en el llevo tantos años", se lamenta al otro lado del teléfono. "Nunca me he negado a pagar un alquiler, ni aquí ni en otro lado. Lo único que necesito es un techo para mis hijos", sostiene la madre de los tres menores. "Con lo que cobro del Ingreso Mínimo Vital y con lo poco que me ayuden, seguro que algo se puede hacer", propone.

No han sido días fáciles. "Cómo te mentalizas de un mes para otro de que te van a dejar sin casa", se pregunta la afectada. Porque sí, le avisaron a mediados de septiembre de una sentencia ya en firme desde el mes de junio. "No me han dado tiempo para reaccionar", critica la inquilina. "He intentado no pensarlo mucho y mostrarme fuerte delante de mis hijos. Son muy pequeños, no he querido preocuparles", continúa. Aún así, ha habido momentos especialmente difíciles de sobrellevar. Como ver por primera vez la casa vacía, sin vida. "Preparar y meter todos mis recuerdos en cajas, a la espera de lo que pudiera pasar, ha sido muy duro", reconoce emocionada.

"No han tenido ninguna empatía para facilitar una alternativa habitacional a los menores", denuncian voces de la PAH

Una veintena de policías

Hace falta repetirlo. Ni un banco, ni un fondo, ni un gran tenedor. El desahucio de Ángela lo ha impulsado un organismo público, financiado con el dinero de todos y dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza. "Conocían la situación. Tanto ellos como el ayuntamiento -del Partido Socialista-, que dispone de sus propios servicios sociales y podría haber ofrecido alguna alternativa. Ninguno ha querido hacer nada. Podrían haber ayudado, pero han decidido desahuciar", denuncia a Público Mirtha Morocho, portavoz de la PAH de Alcorcón.

Y lo han hecho a través de un dispositivo policial extraordinario. "Para un primer intento, teniendo en cuenta que hablamos de una madre y tres niños, una veintena de policías es totalmente desproporcionado", juzga Manuel San Pastor, abogado de la PAH. En lo que califica como una estrategia para intimidar a la familia. Una intimidación que comenzaba días antes, el lunes. Frente a las amenazas de desahucio, la PAH de Alcorcón se movilizaba a comienzos de semana en redes convocando una concentración frente a la residencia de Ángela para el día del desalojo. "Como respuesta, la policía se presentó esa tarde en mi casa para advertirme. Me insistieron en que no me resistiera. Me llegaron a decir que, con la orden judicial, podían tirar la puerta abajo", asegura la afectada. Una instrumentalización del miedo, subrayan desde la PAH, habitual en este tipo de procedimientos.

Todo ello en una semana en la que a la presidenta madrileña se le llenaba la boca hablando de los derechos de la infancia. Bueno, de los no nacidos. "Es indignante. ¿Qué alternativa ha ofrecido ella a estos tres niños? Uno de los cuales, no nos olvidemos, tiene menos de 10 meses", recalca en conversación con Público San Pastor. "Es de una hipocresía y de una mezquindad manifiestas", valora el letrado. Menores a los que, para más inri, no sólo ha expulsado de su vivienda. "Sus nombres aparecen en la resolución judicial como denunciados. Tres menores, lo nunca visto", critica el activista.

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Desde el PAH se muestran tajantes: "Es el colmo de la inhumanidad". Por parte de una administración que vulnera el derecho a techo de sus ciudadanos, abandonando a una familia en la más absoluta indefensión. Y saltándose las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de protección de la infancia. "Es un caso de manual de dejadez de funciones. Lo suyo hubiera sido intentar realojarlos en una vivienda de emergencia, haberles concedido algún tipo de prórroga o haber intentado colaborar con el gobierno municipal para explorar otras alternativas", reivindica San Pastor. "Es una irresponsabilidad que alimenta el círculo vicioso de la marginalidad y el desamparo de muchas familias -cada vez más-, que no pueden acceder al mercado convencional", sentencia el activista.

Público se ha puesto en contacto con la Agencia de Vivienda Social y con la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, encabezada por Jorge Rodrigo Domínguez, para preguntarles por qué se han denegado las solicitudes de readjudicación del piso y de realojo de Ángela y sus hijos. También ha querido saber por qué no se ha considerado el informe de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales, paralizando temporalmente el lanzamiento y ofreciendo a la familia algún tipo de alternativa residencial. Sobre todo atendiendo a la presencia de tres menores en el domicilio, uno por debajo del año de edad. Por último, este diario se ha interesado por el alto número de viviendas vacías gestionadas por la AVS: 884. ¿Por qué se demora tanto su adjudicación? ¿Se priorizan estas viviendas frente a las ya ocupadas? Hasta el momento de la publicación de este artículo, ninguno de los dos organismos ha querido ofrecer respuestas.