La Justicia impide el derribo de una vivienda en la Cañada Real que habían ordenado Ayuso y Almeida

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de Madrid ha dado la razón a una familia del sector 6 de la Cañada Real que había recurrido una orden de demolición sobre su vivienda. La familia afectada lleva en la misma casa desde 2002. El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid habían pedido derribar la construcción porque, según ellos, los inquilinos "estaban desarrollando un uso residencial en suelo no urbanizable". La Justicia desmonta este argumento y recuerda que la vivienda lleva varias décadas consturida, motivo por el que ha pasado a situarse "fuera de ordenación".

La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid establece un plazo de cuatro años desde la finalización de las obras para derribar construcciones sin licencia. La jueza se remite en la sentencia al artículo 195.1 de esta norma y sostiene que la administración no puede actuar sobre una vivienda que lleva terminada desde los años 80, aunque los vecinos actuales no llegaron al barrio hasta hace dos décadas. 

Los gobiernos de Ayuso y Almeida argumentaban en su defensa que "aunque se hubiera producido la caducidad de la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística", al ser un uso prohibido, la administración podía ordenar "el cese en ese uso y el desalojo de la construcción", no operando en este sentido prescripción ni caducidad alguna. La Justicia ha tumbado sus alegaciones y considera que sólo tienen cabida cuando las construcciones o "usos del suelo" sin licencia se realizan en "terrenos calificados por el planteamiento urbanístico como zona verde o espacio libre", tal y como recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Público. 

"Esta decisión impide al Ayuntamiento de Madrid derribar una vivienda que lleva terminada más de cuatro años; está fuera de ordenación y no puede derribarse. La familia lleva habitándola desde 2002 y su intención es legalizar sus contratos de suministros y pagar su contribución, como cualquier otro vecino de Madrid", declara el abogado de los inquilinos, Javier Rubio Gil, del Centro de Asesoria y Estudios Sociales (CAES). El letrado recuerda, no obstante, que cientos de familias llevan casi cinco años sin red eléctrica en sus casas de la Cañada Real y pide el "restablecimiento del suministro". 

El Defensor del Pueblo y el Consejo de Europa se han pronunciado en este sentido para pedir que se atiendan las reclamaciones de los vecinos. El segundo organismo, de hecho, consideró en una "resolución histórica" que España violó durante más de cuatro años siete artículos de la Carta Social Europea Revisada. Las "recomendaciones" del Defensor del Pueblo también han instado a las autoridades competentes a restaurar la luz en el asentamiento. La Cañada Real lleva sin suministros desde el 2 de octubre de 2020.