"Los recuerdos de toda una vida por la ventana": la especulación expulsa también a los mayores de sus hogares

Suena el despertador. Ocho de la mañana. Carmen y Juan Francisco se levantan para aprovechar las primeras horas del día. Y, de paso, rehuir el sofocante calor de Madrid. Empiezan con un poco de deporte. Carmen en el centro de mayores del barrio; Juan Francisco con una tabla de ejercicios en casa. Llega la hora de los recados. Primero toca el mercado, luego la farmacia. Una parada para comer y a leer qué ha pasado en el mundo. Ya por la tarde, no puede faltar la siesta reglamentaria. Quizá un paseo o un café en el bar de siempre. Y a la cama prontito, a prepararse para el nuevo día. 

La pareja de jubilados vive en Chamberí, en el barrio de Ríos Rosas, desde hace más de 30 años. Ella tiene 66; él cumplió en junio 82. "Teníamos nuestra rutina y vivíamos tranquilos", cuenta Carmen. Hasta que llegó el primer burofax. "Después de más de tres décadas aquí, sin ningún tipo de aviso previo, los propietarios decidían que no nos iban a prorrogar el contrato", relata la vecina. Se tenían que ir. Una noticia que les cayó como un jarro de agua fría. "Se te cae el mundo encima. De repente no sabes muy bien qué va a ser de tu vida", sigue explicando. "¿A dónde te vas? ¿Cómo rehaces toda tu vida? ¿Con qué dinero?", lanza al aire.

"Mientras no tengamos una alternativa digna, nos quedamos", sostienen Carmen y Juan Francisco

No solo les estaba pasando a ellos. Modesto Lafuente 8, el edificio en el que residen, pertenece a una conocida familia de grandes propietarios, los Campos Cebrián-González Ruano. "Tienen unos once inmuebles repartidos por la capital", asegura Carmen. Los burofaxes continuaron llegando y en sus membretes se sucedieron los nombres de todos y cada uno de sus vecinos, puerta por puerta. Hasta 28 familias. Siempre con la misma historia. "Siempre con el único propósito de echarnos", insiste la inquilina. Ante la resistencia de las familias, con todos los contratos aún en vigor, los propietarios recurrieron a otras vías. 

"Empezaron con el acoso", confirma Carmen. Primero fue el silencio. "La falta de explicaciones y de respuestas", hace memoria. Luego los intentos de "intermediación". "Mandaron a dos sujetos, puerta por puerta, para presionar a las familias a llegar a un acuerdo económico", explica la vecina. También a través de sociedades como Savills Aguirre Newman y de sucesivas gestoras fantasma, "creadas ad hoc para diluir responsabilidades". Más tarde fue la dejación de las zonas comunes. Humedades, desperfectos, suciedad. "El colmo ya fue el cambio de suministros sin nuestro consentimiento", protesta Carmen. "Suplantaron nuestras identidades por teléfono para darnos de baja y contratar a su nombre los servicios de otra empresa. Para usar también los suministros como arma de presión", denuncia la inquilina. Una situación que han conseguido revertir hace un mes escaso. "Es una tras otra", valora.

Algunas familias no lo han aguantado. "La semana pasada se marcharon los vecinos que teníamos puerta con puerta. Les quedaba todavía tiempo de contrato, pero no podían más", se lamenta Carmen. De las 28 familias que convivían en el inmueble, ya solo quedan trece. "Muchos se han tenido que ir fuera de Madrid o a casas bastante peores", asegura. Más caras, más pequeñas y en peores condiciones. Pero ellos no. "Mientras no tengamos una alternativa digna, nos quedamos. Hasta que nos desahucien por la fuerza", sostienen con firmeza.

"Echarnos a estas alturas es un descalabro de vida", valora Carmen

No son los únicos inquilinos que resisten, tampoco los únicos mayores. "Hay vecinos que han nacido aquí o que vinieron cuando tenían solo tres o cuatro años. Que han hecho toda su vida aquí, que han tenido aquí a sus hijos", insiste Carmen. Vecinos especialmente vulnerables por su edad, su estado de salud o su dependencia de una pequeña pensión. "Mi marido, por ejemplo, está enfermo desde hace varios años, con la salud muy delicada. Tiene problemas de corazón y requiere constantes revisiones médicas", desarrolla Carmen. Unas necesidades que cubren entre el centro de salud del barrio y el Hospital Clínico, a diez minutos en taxi.

Su presupuesto tampoco da más de sí. "Una de nuestras pensiones la dedicamos íntegramente al pago del alquiler y suministros", calcula la inquilina. Echando mano de la otra hacen frente al resto de gastos. Alimentación, transporte o medicamentos. "Echarnos a estas alturas es un descalabro de vida", razona.

La vida de barrio, en peligro de extinción

No muy lejos, en el mismo barrio, Pedro ha recibido un burofax prácticamente calcado. "Abrí la carta temblando, porque sabía lo que significaba", detalla. Desde entonces, lleva tres días sin dormir. Angustiado, dándole vueltas en bucle a la situación. "Ya tengo una edad, 71 años, y llevo aquí por lo menos 32", cuenta el inquilino. Media vida. "Tengo todos mis libros, mi piano, mi pequeño estudio de fotografía", enumera. "¿Qué voy a hacer ahora con todas mis cosas? Los recuerdos de toda una vida por la ventana", se lamenta.

Su edificio también es una propiedad vertical, de un casero con varios inmuebles por la ciudad. "Tiene uno en la Castellana, otro en el barrio de Salamanca y otros tantos más por Madrid", corrobora Pedro. "Me gustaría invitarlo para que vea cómo vivo y cómo he cuidado mi casa", continúa el vecino. Una casa pintada, saneada, bonita. "Quiero ver si existe la posibilidad de negociar para quedarme, no tengo otro lugar al que ir", explica con preocupación. Tampoco le dan los números. "Estoy solo y vivo de mi pensión, apenas 1.400 euros, y los alquileres por Madrid están prohibitivos", denuncia el inquilino. Gas, luz, agua, teléfono. "Hace tiempo que ya me estaba costando llegar a fin de mes", reconoce.

"Legalmente serán sus casas, pero son nuestros hogares", reivindica Pedro

¿La alternativa? Salir de Madrid. "Soy de aquí de toda la vida, de Lavapiés, y por primera vez siento que me expulsan de mi ciudad, del que es mi barrio", protesta Pedro. "Y con 71 años, que ya no tienes la misma fuerza ni ganas de pelearte con nadie". Ni de estar con abogados, juicios o amenazas de desahucio. "Es la maldición del inquilino. El que paga un alquiler, porque nunca ha tenido para más, no solo no tiene casa, es que tampoco consigue ahorrar", subraya el vecino. "Estás siempre entre la espada y la pared. Tu vida depende de la voluntad de tu casero, de que un día se despierte y decida echarte", critica. "Somos meros bichos ocupando espacio, a ratos interesamos y a ratos molestamos y hay que deshacerse de nosotros", continúa ilustrando. "Pero te voy a decir una cosa: legalmente serán sus casas, pero son nuestros hogares".

No son casos aislados. Las amenazas de desahucio sobrevuelan sobre cada vez más hogares, mucho más allá de los límites del distrito de Chamberí. En todo Madrid. "Están echando a los vecinos de toda la vida y se están cargando los comercios tradicionales", señala Carmen. La vida en los barrios está desapareciendo. ¿Para qué? Para dejar vía libre al turismo. "Con pisos de lujo o turísticos pueden sacar tres o cuatro veces más que con nuestras rentas. Es pura avaricia", acusa la vecina.

Tienen claro quiénes son los responsables. La especulación y los rentistas, sí, pero también los gobiernos. "El Plan Reside es la última coartada legal que el Ayuntamiento de Madrid le ha ofrecido a los fondos y grandes propietarios en bandeja de plata para que nos expulsen y nos cambien por turistas", denuncia Carmen. Pero se muestra tajante: "Estaremos ahí donde haga falta para reivindicar nuestros derechos, para que se escuche nuestra voz".

La edad es un factor de vulnerabilidad

Tanto Carmen como Pedro están abonados al Sindicato de Inquilinas de Madrid. Conocen sus derechos y saben cómo reclamarlos. Pero no siempre es así. "Las personas mayores están muchas veces aisladas, viven solas y no saben cómo pedir ayuda", confirma Paco Morote, portavoz de la plataforma Stop Desahucios. La brecha digital juega un papel fundamental en este aislamiento. "Muchos no usan internet o no se apañan con un teléfono móvil. Tampoco tienen redes de apoyo a las que poder recurrir, más allá de algún familiar, que a veces no se quiere hacer cargo", continúa el activista.

Es el caso de Dolores, de 76 años. También vive en Madrid, en Puente de Vallecas, desde hace casi cuatro décadas. Recibió la primera notificación de su casero hará algo más de dos años. Con juicio de por medio, ya tiene fecha de desahucio a la vista. No le queda familia cercana y vive de su pensión. Unos 850 euros al mes. Tampoco tiene teléfono móvil ni se maneja con internet. Para cualquier gestión, recurre a sus vecinos de al lado, que le están ayudando a buscar una alternativa habitacional. De momento, nada.

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"Es lo habitual", comenta Morote. "Los servicios sociales no ofrecen alternativas dignas a estas situaciones, a veces alguna noche de hostal y otras ni eso", amplía el portavoz. Acaban directamente en la calle. "Con el agravante de la pérdida de su memoria vital, sus recuerdos, sus pertenencias, sus redes vecinales", dibuja el activista.

Otro de los problemas: la falta de datos específicos. Las estadísticas del CGPJ recogen solo datos brutos. No filtran por franjas de edad. "Al final es imposible saber cuántos de esos 27.564 desahucios que hubo el año pasado son de personas mayores. Pero a las asociaciones nos llegan cada vez más", apunta Morote. Pepi en Barcelona, Donato en Murcia o Rosa en Bilbao. Son solo algunas de las múltiples nombres que ponen cara a la realidad del mercado inmobiliario: "La especulación se ceba también con los mayores y no se hace suficiente por defenderlos".