El Sindicat de Llogateres presenta una demanda colectiva por el cobro del IBI contra el mayor casero privado de Catalunya

"La huelga está perfectamente organizada y planificada, por eso va de la mano de una macrodemanda colectiva. No es una decisión improvisada, tenemos enfrente al mayor rentista de Catalunya". Águeda Amestoy vive desde hace seis años en uno de los bloques que InmoCaixa tiene en Banyoles (Girona). La inquilina lleva dos meses sin pagar la cuota correspondiente al alquiler. "No teníamos otra opción. La empresa no va a ver un duro hasta que se siente a negociar", relata. Águeda no es la única vecina en pie de guerra contra InmoCaixa. El Sindicat de Llogateres ha reunido a sesenta inquilinos para presentar una denuncia contra la entidad y exigir "la nulidad de las cláusulas contractuales y la reclamación de las cuantías", tal y como ha podido comprobar Público. El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Barcelona la ha admitido a trámite hace un par de semanas. 

InmoCaixa se encarga de gestionar el patrimonio inmobiliario de la Fundación La Caixa. La firma tiene 1.850 pisos de protección oficial (VPO) sólo en Catalunya. El parque convive desde hace cinco años con la amenaza de la privatización. El Sindicat de Llogateres reclama "fundamentalmente" que "las promociones no pierdan su condición de vivienda protegida" y pide acabar con las cláusulas abusivas en los contratos. "A los inquilinos no nos corresponde pagar ni los gastos comunitarios ni el IBI", señala Águeda. La vecina recuerda que entró en el inmueble pagando 500 euros y "al poco tiempo" le subieron la renta hasta los 600. "La excusa fue la guerra de Ucrania. Lo escuchas y parece broma", insiste. InmoCaixa les cobra a los arrendatarios entre 30 y 50 euros mensuales en concepto de IBI.

"La suma de lo que me deben asciende a 1.900 euros, 40 cada mes durante los últimos seis años. La cifra cambia en función de la antigüedad de cada vecino: a los que más tiempo llevan en el bloque, más dinero les han robado", continúa Águeda. Toni Cañizares vive en otra de las fincas que tiene la entidad en Sentmenat (Barcelona). InmoCaixa le cobra cerca de 30 euros por el IBI. La última renta que pagó también fue la de marzo. "Nuestro principal objetivo [con la huelga] es evitar que los pisos se privaticen y conseguir que desaparezcan las cláusulas ilegales de los contratos. El hecho de que una vivienda de protección oficial tenga fecha de caducidad nos parece incomprensible, y más en los tiempos que corren", lamenta. InmoCaixa argumenta que "las cláusulas son legales" y "defenderá su actuación en sede judicial", tal y como han confirmado fuentes de la compañía en una conversación con Público.

La huelga de alquileres no es nueva. El Sindicat de Llogateres ha recorrido "buzón a buzón" todas las viviendas afectadas y ha conseguido poner en marcha una campaña para "dejar de pagar las rentas", a la que se han unido –de momento– 62 familias. Los inquilinos en lucha "han estado devolviendo los recibos" y han ingresado el dinero equivalente a la mensualidad en un depósito común, para "retener las cuotas" hasta que "InmoCaixa cumpla con sus demandas", señalan desde el colectivo. La cantidad retenida entre abril y mayo supera los 60.165 euros. "La entidad se ha dedicado a amenazar a los inquilinos que hace más de dos meses que están en huelga, mientras nosotros seguimos pidiendo una negociación. No nos vamos a quedar de brazos cruzados", insisten fuentes del Sindicat.

La demanda, un paso más ambicioso en plena huelga

El Sindicat de Llogateres y los inquilinos en huelga reclaman en su demanda "la nulidad del cobro del IBI" y "la devolución de los más de 230.000 euros" abonados "indebidamente", porque, según argumentan, "vulnera la normativa aplicable a la vivienda de protección oficial". La compañía insiste en su legalidad. Los bloques que secundan esta iniciativa están en Sitges, Banyoles y Sentmenat, pero las fuentes consultadas por este diario no descartan que se sumen más vecinos en las próximas semanas. "La demanda puede crecer y llegar hasta los 1.800 pisos y los diez millones de euros. Esto es un pulso y hacemos un llamamiento a la solidaridad de todo el mundo con quienes luchan por la vivienda pública, es decir, por las casas de todos", reivindican desde la plataforma. 

Las familias no sólo exigen la retirada de las cláusulas abusivas y la paralización de los desahucios pendientes –por la finalización de los contratos–, sino que también piden "frenar el proceso de privatización de los pisos protegidos" y ponerlos en manos de la Generalitat mediante el Institut Català del Sòl (Incasòl). El objetivo con este movimiento es garantizar su condición pública indefinida. Incasòl compró en los últimos meses algunas de estas promociones "a raíz de la presión social de decenas de vecinas" que veían como InmoCaixa se negaba a renovar sus contratos o mantenerlos en régimen de VPO. El organismo público no ha respondido de momento a las preguntas de Público sobre la posibilidad de adquirir más inmuebles de la compañía en las mismas circunstancias.

Águeda y Toni reconocen que la titularidad pública de los inmuebles que gestiona la empresa oscila entre los diez años y los treinta desde la fecha de su construcción, pero "existen mecanismos para ponerlas antes en el mercado libre", como ha ocurrido en medio centenar de bloques. "No puede ser que el dinero de los contribuyentes se desvíe de manera tan exagerada y acabe en manos de fondos privados, sin tener en cuenta la situación de las familias. No tiene lógica ninguna", reivindica el vecino de Sentmenat. InmoCaixa asegura que "la compañía trabaja siempre con sensibilidad en los casos de vulnerabilidad económica y social acreditada" y recalca que "ante desacuerdos puntuales entre las partes", suele gestionar cada caso de forma directa e individual para "buscar soluciones".

La compañía considera además que la huelga de alquileres "no está justificada" e insiste en defenderse en los tribunales. Los inquilinos en lucha recuerdan, en cambio, que "las viviendas de protección oficial no admiten el cobro del IBI" y dicen haber enviado una carta "cada mes" avisando a InmoCaixa de "la retención del dinero correspondiente a la renta", una estrategia que seguirán "hasta que la propiedad se siente a negociar". La demanda tiene la voluntad de ser "universalizable" y sirve para amparar a los inquilinos en la huelga de alquileres, "posiblemente la mejor organizada del último siglo", señalan desde el Sindicat. Águeda, Toni y el resto de familias confían en el proceso y tienen claro que no van a ceder hasta alcanzar un acuerdo: "La denuncia ha sido admitida a trámite. Es un paso de gigante y confiamos en tener nuestro dinero de vuelta".