Entrevista a José Manuel López Rodrigo, urbanista y director del gabinete de la ministra de Sanidad"Tenemos que hablar de casas en vez de viviendas, del derecho en vez del ladrillo"

Ingeniero de formación, especializado en el área de planificación y urbanismo. Cooperante y gestor de diversas iniciativas y organizaciones del tercer sector. José Manuel López Rodrigo (Madrid, 1966) tiene un currículum extenso. La última década, dentro de los círculos de la política madrileña y nacional. En 2015 fue elegido como diputado de la Asamblea de Madrid, la pasada legislatura se incorporó al equipo del Ministerio de Justicia y, desde noviembre de 2023, ostenta el cargo de director de gabinete de la ministra de Sanidad, Mónica García. Con todo, ha sacado tiempo para escribir un libro. Y para publicarlo, de la mano de la editorial Akal: Casas. Hacer política con (la, nuestra, tu) vivienda.

De la vivienda como el quinto pilar del Estado de bienestar; de la política de vivienda como una cuestión de Estado, no de partidos; de la creación de una agencia y un fondo públicos de vivienda; de impuestos, de precios y, sobre todo, de proyectos vitales. De esto y mucho más hablamos con él en esta entrevista para Público.

P. En el libro opta por el uso del térmico casa frente a vivienda o incluso hogar. De hecho, lleva esta reivindicación hasta el titular. ¿Por qué?

R. Las palabras son importantes para repensar la política. Ya pasamos de empleo a trabajo o de medioambiente a transición ecológica. Y eso nos ha permitido ver las cosas desde otra perspectiva, priorizando otras cosas. Cuando hablamos de vivienda, en realidad estamos hablando de ladrillos. Cuando hablamos de hogares, estamos hablando de la gente que los habita. La casa es el concepto vital. Es sobre lo que construimos proyectos de vida.

En la realidad española, la casa es un elemento central. Hay países que viven de otra manera, donde hay mucha más cultura del alquiler. Aquí pensamos todo en casas. Hice una pequeña encuesta entre gente que tiene una casa y ha comprado otra para alquilar. Y todos te cuentan que viven en una casa y alquilan una vivienda. Una vivienda que es, a su vez, la casa de alguien. Tenemos que empezar a hablar de casas en vez de viviendas, del derecho a desarrollar nuestros proyectos de vida en vez de hablar de ladrillos.

P. El propio titular alude a otra de las ideas centrales del libro: la vivienda es un ecosistema del que participamos todos.

R. Hasta la crisis climática, siempre hemos pensado en la administración como una máquina. Una máquina con sus piezas: las competencias de las distintas administraciones. Esta es mi competencia, esta es tu competencia. Cada uno gestiona la suya.

Ahora estamos entrando en la lógica del ecosistema. Un ecosistema con cuatro caras. La primera es el acceso. Estamos en un punto en el que incluso una persona medianamente bien situada empieza a tener problemas para acceder a una casa. Ya no son solo los jóvenes o las personas vulnerables. Es un problema generalizado. Otro problema es el uso. Somos la sociedad de la Unión Europea en la que más gente vive en pisos. Tenemos cerca de un millón de personas mayores de 65 viviendo en casas sin ascensor por encima de un tercero. Es decir, un montón de gente encarcelada en su casa. 

El tercer elemento tiene que ver con el cambio climático. Las viviendas son lo que más impacta: el 40% de gases de efecto invernadero y el 35% de los residuos. El último factor es el económico. La vivienda es el sistema de ahorro de la sociedad española desde los años 60. La gente ahorra en ladrillos. Ahí están el 70% de los ahorros de las familias españolas, frente a países como Austria, donde solo solo se destina un 13%. 

Lo que tienen que hacer las administraciones públicas es ser capaces de coordinar el acceso, el uso, la perspectiva climática y el ahorro. Apelando desde todas estas líneas a la población. Como un todo. No solo a través de una de ellas.

P. Habla de la vivienda como el quinto pilar del Estado de bienestar y de la política de vivienda como una cuestión que debería ser de Estado, no de partidos. ¿Cómo podríamos blindar la vivienda frente a los ciclos electorales? 

R. Aquí hay dos cuestiones. Una tiene que ver con lo que planteas de meter la vivienda en el ámbito de la política con mayúscula. En inglés, hay tres palabras para la política: polity, policy y politics. La primera es cómo nos imaginamos la sociedad, la segunda la política pública y la última el juego de los partidos. La vivienda tendría que incluirse en la policy.

Esto es relevante en términos de supervivencia de la sociedad. El INE tiene una prospectiva a 2039, en 14 años, de cómo va a ser nuestra sociedad. Vamos a pasar de 19,3 millones de hogares a 23. De todos estos hogares, un tercio es unipersonal, se mantiene con un solo salario. Otro tercio son dos personas. No necesariamente dos adultos. El último tercio lo forman familias, parejas con hijos. De todo esto sacamos que más o menos la mitad de la población sobrevive con un solo salario. Y su principal escollo es la vivienda.

Luego está el tema de las competencias. Tiene que ver con eso que te decía del ecosistema. No hay que pensarlo en máquina. Es decir, yo muevo mi engranaje y, si tú no mueves el tuyo, es cosa tuya. Así se bloquea la acción política y entras en un proceso de politics, cuando estamos jugando en otro campo, que es el de nuestra supervivencia como sociedad.

P. ¿Cuál ha sido el recorrido histórico que nos ha llevado a perder el control público sobre la vivienda?

R. Hay que pararse a entender por qué tenemos lo que tenemos. El 80% de nuestras casas están hechas a partir del 60, que es cuando se formula la primera política de vivienda. Desde entonces, el consumo de cemento marca cuatro ciclos diferenciados. El primer ciclo es el ciclo que abre la dictadura y que nos deja una sociedad de propietarios que hasta ese momento no existía. En el año 60, la mitad de la población vivía en propiedad y la mitad en alquiler, como en Austria hoy. Y hoy el 75% vive en propiedad y el 25% en alquiler. Es decir, se cambió completamente la forma de ahorro. Los hogares españoles empezaron a ahorrar en ladrillos. Y cambió también la matriz económica. La construcción se erigió en el centro de la economía del país, llegando al 10%. El Estado pasó de ser el proveedor directo de un bien a hacer política para que el nuevo proveedor sobreviva.

Hay un segundo ciclo que va del 85 al 95 y es el momento en el que se cambia la lógica de la protección. El primer ciclo era en VPO, o sea, viviendas de protección oficial. La casa era tuya pero estaba controlada por la administración. En esta segunda fase, se cambia el sistema de VPO, que es lo que se llaman ayudas a la piedra, por un sistema de ayudas a las personas, el IRPF. Se produjo una transferencia de renta de unos 162.000 millones a las familias. Y se quita la categoría de VPO, permitiendo la descalificación de las casas. La administración pasó de un control por el que se hacía cargo de la siguiente generación a repartir mochilas. A partir de ahí cada familia se hace cargo de la siguiente generación. El problema es si ese día no estabas, si no te tocó una mochila, o si te tocó la mochila en Palencia y no en Barcelona. Eso ha marcado la pauta de los ahorros de las familias y también de la desigualdad.

Hay un tercer ciclo, una vez que ya se elimina el control del Estado, que es el de la burbuja. Hasta los años 80, la redistribución se hacía con educación, con sanidad, con servicios sociales, con autopistas y con vivienda. Y a partir de ese momento, la redistribución ya no se hace con vivienda. Es un sálvese quien pueda, en el que el Estado ya ha repartido todo lo que tenía. Ahora estamos en el cuarto ciclo, una vez que se cae el sistema anterior y pasamos la crisis de 2008. Y este ciclo todavía no tiene nombre. Puede ser el de los jóvenes quemando llantas, el de la especulación salvaje, el de los pisos turísticos. La clave está en cómo ser capaces de reconvertir la vivienda en un factor de redistribución de una sociedad que se piensa en casas. Es un ciclo donde el alquiler empieza a ser más importante que la propiedad. En el que necesitaríamos un sistema de acceso que no tenemos.

P. En el libro habla de un primer ciclo de herencias de la generación boomer y la generación X que habría que aprovechar para devolver a la vivienda su papel en la redistribución de la riqueza.

R. Estamos en un momento con mucha demanda y además, como ahorramos en ladrillos, se están produciendo las herencias del primer ciclo, de mis padres. De repente, te cae una casa. O, más bien, un trozo de una casa. Normalmente, lo que hace la gente es hacer las casas líquidas y volverlas a hacer ladrillo. O sea, con la herencia, paga la hipoteca, rehabilita su casa, compra una para ponerla en alquiler o una segunda residencia.

Esta primera tanda de herencias, que son unas 8 millones de viviendas, ¿a qué van a pasar? Si no hay un planteamiento nuevo, va a ir a parar a un mercado especulativo. Por eso es el momento de tomar decisiones. El tema de las herencias es fundamental en este momento porque es cuando están cayendo. Lo ejemplifico en el libro con los datos de las herencias del covid.

P. Propone también repensar el marco político, incluyendo la perspectiva ambiental, una mirada dirigida a lo micro, dándole la vuelta a la lógica neoliberal del mercado y, sobre todo, basando el sistema en evidencia científica, en datos. ¿Cómo es el sistema público de medición, recopilación y difusión de datos en materia de vivienda?

R. A mí me costó mucho encontrar datos. Hay muchas lagunas, datos no coincidentes, otros que cuesta que te faciliten. Es incomprensible en un tema tan crucial. El que no haya datos o no se comuniquen adecuadamente, lleva a los bulos. Por ejemplo, con el tema de las okupaciones, con el que se ha conseguido generar un relato que asusta. Una parte importante de casas vacías en ciudades como Madrid o Barcelona se explican por el miedo de la gente a alquilarlas porque escucha por ahí que se la van a okupar. 

Hay que explicar las cosas. Dos conceptos: el allanamiento y la usurpación. El allanamiento es esto que dicen de que te vas a por el pan y se te meten en casa. Se resuelve fácil, con una llamada a la Policía. En el año 2023 hubo 218 allanamientos en este país, sobre unos 26 millones de casas. O sea, es un problema infinitesimal. La usurpación, por otra parte, es que tengas una casa vacía y alguien la okupe. Vacía, sin uso. No una segunda residencia. Y eso sí se tramita mediante un proceso judicial. En el mismo año, en el 23, la Fiscalía dice que hubo unas 15.000. De nuevo, sobre 26 millones de casas. Estos son los datos de la evidencia científica. Sin embargo, en el relato general, todo el mundo conoce a alguien que conoce a alguien al que le han allanado la casa. 

Otro dato interesante. Cuando buscas cuánta gente vive en propiedad y cuánta en alquiler, las cifras que salen son 75% y 18%. ¿Y el otro 7%? ¿No viven? A medida que sigues profundizando en los datos del Banco de España sobre condiciones de vida, encuentras que, en realidad, el 25% de la población vive de alquiler. Un 15% en el mercado. Un tres y pico por debajo del mercado. Es lo poquito que queda de contratos de renta antigua y gente que tiene alquilados a sus hijos, parientes o conocidos que pagan por debajo del mercado. Por último, hay casi un 7% que vive fuera del mercado, en una casa de algún familiar donde está viviendo gratis. Es decir, de cada diez casas alquiladas en este país, cuatro están fuera del mercado. Este relato no existe, no se cuenta. Se ve también en la declaración de la renta. Sobre 3 millones de declaraciones de renta personales del IRPF que dicen que tienen casa, solo 2,1 tienen ingresos.

P. Otra idea que aparece en el libro es la del Estado emprendedor. Un Estado que no solo apruebe y supervise una regulación, sino que sea además promotor, que se implique en primera persona en las políticas de construcción, de rehabilitación y de movilización de vivienda. En este sentido, propone dos organismos: una empresa pública de alquiler y un fondo público de inversión. 

R. Cuando pensamos en lo público y en la vivienda, nos quedamos en la idea de que vamos a construir viviendas públicas, que no está mal. Pero nuestra capacidad de construcción es limitada, es a largo plazo y es insuficiente. La clave está en cómo gestionas desde lo público lo que ya hay y lo que hay es mayoritariamente privado. Aquí surge la idea de esa agencia pública de alquiler. Hay muchas personas con casas vacías que no las sacan al mercado por miedo. Porque no saben cómo hacerlo, porque no quieren encargarse, porque les han dicho que se la van a okupar. Bastaría con que existiera esa agencia que asuma la gestión de tu vivienda, que te paga todos los meses y te da esa seguridad. Para que así podamos disponer de un gran parque de vivienda, algunas de propiedad y otras de gestión pública, todas con sus precios tasados.

La otra cuestión es generar un fondo para construir y rehabilitar vivienda. En Francia ya hay uno. Y tiene 400.000 millones de euros. ¿Es dinero público? No, es gestión pública de un bien común. No es ninguna locura. Son propuestas que ya existen, que se han probado.

Hay una propuesta que hago, que me parece la clave del sistema. Es la propuesta en torno a la rehabilitación y los recrecimientos. Más o menos el 50% de nuestras viviendas están hechas con las normas MV, unas normas de construcción heredadas de la dictadura que ni son eficientes ni incluyen ascensores. Luego hay un 40% que se levantaron con la siguiente normativa, las NBE, que ya incorpora los ascensores, pero siguen sin pensar en la eficiencia. Solo el 10% de nuestro parque de vivienda se ha construido conforme al Código Técnico de Edificación, que entró en vigor en el año 2006. El resultado es que un 90% de nuestras casas necesitan rehabilitación.

La idea es una rehabilitación hacia arriba, subiendo los pisos. Si se hiciese con construcción industrializada, que pesa poco, podría permitir a la gente construir una planta por encima de sus edificios. Con la condición de que las plusvalías que eso genere se destinen a rehabilitar el propio edificio. Para poner ascensores, mejorar la eficiencia y, a la vez, tener nuevas casas VPO, de protección oficial. Todas las casas nuevas tendrían que serlo por ley. Este tipo de casas se construye muy rápido. Se puede tardar entre 4 y 5 meses. La clave de este modelo es que el promotor sería la propia comunidad de vecinos. Se conseguiría ampliar el parque de vivienda y mejorar el existente. Hice un cálculo muy conservador y este sistema le permitiría al Estado generar en torno a 70.000 millones de euros sin tenerlos. 

P. Habla además de una fórmula para superar la transferencia de dinero público a un parque inmobiliario que se ha patrimonializado individualmente. Para frenarlo, propone un nuevo índice, el VPOP: Valor de Protección Oficial Permanente.

R. Ahora mismo tenemos las VPO, las viviendas. Pero la idea es trabajar también sobre ayudas. Es decir, si yo te doy una ayuda para rehabilitación, esa ayuda, que es para que tú la disfrutes, sigue siendo pública. Entonces, si tu idea es subir el precio del alquiler de tu casa gracias a esa ayuda, me la tienes que devolver. Porque no está para eso. Es recuperar la idea de que las cosas son tuyas, pero están bajo el paraguas de la administración y, por tanto, pendientes de la siguiente generación. Entonces, cuando te doy una ayuda, eso entra en una carga registral. Cuando tú vas a vender o a mover la casa, la carga registral dice: “Esta casa no la puedes vender o alquilar por más de x”. Y así la gente se corta. Las ayudas tienen que estar protegidas, no solo las casas. Toda transferencia pública tiene que estar protegida.

P. ¿Y qué papel debería jugar el sistema fiscal en la política de vivienda, por ejemplo, para controlar la deriva hacia el alquiler turístico?

R. En un sistema de política pública dispones de incentivos, las ayudas, y de impuestos. Es una lógica de palos y zanahorias. Los impuestos sirven como palo. No puede ser que el IVA de una vivienda turística esté bonificado. Lo que tengo que hacer es ponerte un impuesto para que lo que saques por una vivienda habitual o una inversión turística sea, como mucho, lo mismo. Si te subo el impuesto sobre la vivienda turística, no solo el IVA, eso va a favorecer que elijas el alquiler regular, aunque sea para ahorrarte complicaciones. Lo mismo con las casas vacías. Hay que grabarlas para fomentar su salida al mercado. En fin, utilizar la fiscalidad para acompañar la política de vivienda. 

P. ¿Qué papel juega la construcción convencional? La propuesta por excelencia -y la única- de la derecha.

R. En nuestro país, en los últimos cinco años, se han construido 110.000 casas al año, que son las licencias que se dan. Si quisieras construir 500.000, no podrías. No hay infraestructura de construcción para ello. El tejido productivo no da más de sí. Se puede reforzar esta línea de trabajo, pero sigue sin ser suficiente. Para llegar a esos 23 millones de hogares, nos faltan unos 4,8 millones, que solo pueden alcanzarse con otro sistema productivo, que tiene que ver con esto de los recrecimientos y de la construcción industrializada. No con partidas de nueva construcción de 15.000 o 20.000 viviendas, que tardan años en desarrollarse entre que urbanizas el suelo, consigues la licencia y construyes. Por tanto, la lógica del “me voy a limitar a construir” no es que sea buena o mala, es que no es viable. 

P. En el libro subraya la necesidad de cambiar el tono del relato en torno a la vivienda, de pasar de un relato mayoritariamente pesimista a un relato ambicioso y esperanzador.

R. Un pronóstico es lo que tiene este libro: miras los números y te pones a ver qué se puede hacer. ¿De dónde podemos sacar las casas? Lo demás se basa en presentimientos. "A ver si va bien". Hay que trabajar sobre los pronósticos, no sobre los presentimientos. Y, en esa lógica, trabajar sobre la esperanza y no sobre el optimismo. La esperanza es una cuestión proactiva, que rompe con la lógica del relato pesimista, plagado de complejos. Y que, de verdad, se propone encontrar soluciones.