Volkswagen-Audi España ofrece su colaboración a la Audiencia Nacional

MADRID.- El Grupo Volkswagen ha ofrecido hoy su "estrecha colaboración" al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar el fraude de los motores diésel en España, y ha reiterado que asumirá todos los costes que conlleve la reparación de los 683.626 vehículos afectados.

El titular del juzgado central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional había citado esta mañana al representante jurídico de la empresa, quien debía ir acompañado de abogado y procurador, para informarle de la imputación del consorcio por el fraude de los motores diésel de la familia EA189 Euro5, que montan un software que, si está activo, puede manipular los datos de emisiones de NOX en las inspecciones técnicas.

En el auto de diligencias previas, el magistrado ya imputó al Grupo Volkswagen-Audi España por delitos contra los consumidores, el medio ambiente y la Hacienda Pública, además de por fraude, falsificación documental y publicidad engañosa.

Hoy tocaba comunicárselo, un trámite que supone la imputación formal y que ha durado más de lo debido porque el representante jurídico de la empresa Luis Comas (secretario del consejo de administración del Grupo Volkswagen-Audi en España) y el abogado del despacho Luis Jordana de Pozas no han llevado toda la documentación necesaria para proceder a ser designados como tales ante el juzgado.

Posteriormente, el vicepresidente de Relaciones Gubernamentales e Institucionales de SEAT y del Grupo Volkswagen en España, Ramón Paredes, ha explicado que en este trámite jurídico el fabricante se ha puesto a "total disposición de las autoridades, como siempre ha hecho", y además le han ofrecido una "colaboración estrecha" en las investigaciones que se lleven a cabo.

El portavoz ha eludido entrar en más detalles porque la "investigación está en marcha" y ha aprovechado para insistir en que la "prioridad" son los clientes.

A ellos se ha dirigido para reiterar que pueden estar tranquilos porque todos los coches del Grupo (las marcas investigadas por los motores diésel son Volkswagen, Audi, Seat, Skoda y Volkswagen vehículos comerciales) son "técnicamente seguros y aptos para la conducción".

En esta línea, también ha vuelto a recordar el compromiso del consorcio automovilístico alemán de hacerse cargo de los costes que conlleven la reparación de los vehículos afectados. El coste será "cero" para el cliente, ha precisado Paredes a la prensa, en la que no ha admitido preguntas.

El Grupo Volkswagen-Audi en España está imputado después de que el juez Moreno haya aceptado las querellas presentadas por el sindicato de funcionarios Manos Limpias, la Asociación internacional Antifraude para la defensa de afectados por motores Volkswagen y otros, la Asociación de perjudicados por entidades financieras y la Asociación del defensor del paciente.

Hoy se ha conocido la intención de la asociación jurista de defensa de los derechos civiles de los ciudadanos Asocoes 2015 de presentar una demanda colectiva contra Volkswagen.

Mientras, la Comisión Europea se ha puesto en contacto con el consejero delegado del Grupo Volkswagen, Matthias Müller, para que en diez días aclare los modelos que presentan "irregularidades" en materia de CO2 y que el pasado 3 de noviembre cifró en unos 800.000, de los que 50.000 se han vendido en España.

Esta situación no ha sido denunciada ante el juez Moreno, aunque algunas de las asociaciones que han presentado querella por la alteración de las emisiones de NOX mediante el programa informático lo están estudiando.

El fraude en los motores diésel también ha llevado al Consejo de la Unión Europea a dar hoy luz verde al primer paquete de medidas para que las pruebas de emisiones se hagan también en condiciones reales de conducción y no solo en laboratorio, como se hace ahora.

Se hará mediante un sistema portátil de medición que se conectará a los vehículos y que se empezará a utilizar a partir de enero de 2016.

Tendrá un uso de supervisión, por lo que no se empleará para la homologación de nuevos modelos, según el Consejo de la UE.