El 15-M apostará en 2012 por el derecho a la vivienda

Aunque la fecha está todavía por definir, los indignados volverán a la calle en los próximos meses posiblemente en marzo o abril y lo harán para reivindicar una lucha que nunca han abandonado, la de la defensa del derecho a la vivienda digna. La asamblea interbarrios de vivienda y desahucios de Madrid, junto a otras asambleas nacidas al calor del 15-M, tiene previsto reunirse mañana con colectivos de afectados por hipotecas y desahucios, así como con miembros de Amnistía Internacional y de la Asociación Libre de Abogados para sentar las bases de un frente común que plante cara a lo que definen como "una tragedia social".

Durante 2011, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se registraron en España 42.879 desahucios. Las cifras para los próximos años tampoco son alentadoras. La asociación de afectados por embargos y subastas (Afes) hizo público ayer un estudio sobre el impacto de la mora hipotecaria en el marco de la crisis en el que concluye que un total de 510.000 familias habrán perdido su casa entre 2012 y 2015.

Exigen una salida a la situación de "exclusión social" de los desahuciados

Según este estudio, elaborado con una muestra de 4.000 unidades familiares, 135.000, familias están sufriendo "en este momento" un proceso de ejecución hipotecaria y otras 150.000 "ya han perdido su vivienda y soportan deudas que impiden cualquier oportunidad de encauzar su futuro".

En este sentido, el presidente de Afes, Carlos Baños, reclama al nuevo Gobierno lo que los afectados por subastas y embargos ya pedían al Ejecutivo de Zapatero: que tome cartas en el asunto. "Queremos que haya medidas encaminadas a la mediación, pero asumimos que este partido se jugará cuando la banca quiera. Y le va a tocar dentro de poco. [Las entidades financieras] tienen que entender que la gente no paga las hipotecas porque no puede, no porque no quiera", señala Baños.

"La vivienda no puede estar regida por las reglas del mercado", denuncian

Bajo el paraguas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el artículo 47 de la Constitución Española, los indignados denuncian en la página web del 15-M de Madrid que el de la vivienda "no es un derecho que pueda estar regido por las reglas del mercado" y recuerdan que hay "miles de familias en situaciones dramáticas".

Por ello, reclaman una solución a la "situación de exclusión social" a la que se ven abocados los desahuciados a través de la dación en pago y el derecho a permanecer en la vivienda mediante un alquiler social. Así, solicitan que los tres millones de viviendas que, a juicio de los integrantes del 15-M, están vacías en todo el país, se reconviertan en un parque de vivienda pública en alquiler en el que los arriendos no superen el 30% de los ingresos de los inquilinos.

Asimismo, los indignados planean exigir el cumplimiento de los pactos internacionales en materia de vivienda mediante la presentación "en cadena" y "de forma reiterada" de escritos con estas reclamaciones en los juzgados pertinentes. Entre otras medidas, como la "paralización de los derribos de viviendas en barrios populares" de Madrid o la "despenalización de la okupación", solicitan un cambio "radical" del modelo urbanístico, que avance hacia un sistema basado en "criterios ecológicos y sostenibles".