2012, el año en que la crisis empujó a los ciudadanos a la calle

La crisis económica y social que sufre España ha tenido fiel reflejo en el incremento de las protestas ciudadanas en las calles: solo en los diez primeros meses del año pasado se produjeron 36.232 manifestaciones en España, prácticamente el doble que en todo 2011, cuando se contabilizaron 18.422.

Son datos recopilados por las delegaciones del Gobierno a instancias del diputado de la Izquierda Plural Ricardo Sixto, y que apuntan a un incremento sostenido de la conflictividad en los últimos ocho años.

Si en 2004 se registraron 10.568 manifestaciones o concentraciones según las estadísticas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en 2008 se contabilizaron ya 16.118, y en 2010, casi 20.000.

En 2011, año del surgimiento del movimiento 15-M y de los indignados, hubo sin embargo un ligero descenso de este fenómeno, que se ha disparado exponencialmente el año pasado, hasta cerca de 40.000 movilizaciones.

Ya en su toma de posesión en los últimos días de 2011, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció que se avecinaban "tiempos recios" que iban a requerir "mano derecha y mano izquierda" para preservar la "paz social".

Fernández Díaz dejó claro que las Fuerzas de Seguridad velarían para que se cumplieran las leyes y se pudieran ejercer derechos fundamentales como el de manifestación, haciéndolo compatible con los derechos de otros ciudadanos a circular por la calle "con normalidad".

El ministro del Interior anunció "tiempos recios" en su toma de posesión

A falta de los datos del País Vasco, cuyas competencias están transferdas, un porcentaje significativo de las 36.232 protestas registradas desde el 1 de enero al 26 de octubre de 2011 no fueron comunicadas a la correspondiente delegación del Gobierno.

Sin embargo, muy pocas concentraciones o marchas fueron prohibidas en ese periodo.

Por ejemplo, en Madrid, solo se vetaron siete manifestaciones de las 2.223 comunicadas a las autoridades, y en Castilla y León no se prohibió ninguna convocatoria, aunque se modificó el recorrido o el horario de un pequeño número de ellas.

Por comunidades autónomas, en Andalucía se contabilizaron en los diez primeros meses del año 7.141 manifestaciones y concentraciones, seguida de Castilla y León, con 4.435; Comunidad Valenciana, con 3.147, y Cataluña, con 3.116 protestas.

Destacan las 623 manifestaciones no comunicadas en la Comunidad de Madrid, frente a las 2.223 que sí cumplieron el trámite ante la Delegación del Gobierno madrileña, lo que supone más de 21 por ciento del total.

En ocho años las manifestaciones se han triplicado

Ejemplo de estas manifestaciones que no contaban con comunicación previa a las autoridades fueron las últimas concentraciones convocadas por la coordinadora Rodea el Congreso y que acabaron con cargas policiales y detenidos en Madrid.

Para el diputado Ricardo Sixto, el incremento de la conflictividad social es fruto directo de la situación de crisis económica, de los recortes sociales y del incumplimiento sistemático de las promesas electorales por parte del Gobierno.

En declaraciones a Efe, Sixto se mostró convencido de que 2013 será todavía más difícil en las calles ante la avalancha de medidas impopuares que, a su juicio, se están adoptando en los últimos tiempos.

El diputado de la Izquierda Plural critica también las multas impuestas por la administración a los convocantes de manifestaciones no comunicadas como parte de una "estrategia deliberada para meter miedo a la gente" y coartar la libertad de expresión.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número de manifestaciones y concentraciones desde el 1 de enero hasta el 26 de octubre de 2012:

Comunidades Autónomas Manifestaciones y concentraciones

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Andalucía 7.141

Aragón 1.205

Asturias 335

Baleares 3.112

Canarias 1.653

Cantabria 717

C-La Mancha 1.882

C. y León 4.435

Cataluña 3.116

Extremadura 737

Galicia 2.213

La Rioja 270

Madrid 2.846

Murcia 460

Navarra 2.892

Com. Valenciana 3.147

Ceuta 26

Melilla 45

TOTAL 36.232

(No incluye los datos del País Vasco al estar transferida la comptencia, al igual que en Catalunya, donde los datos corresponden a los Mossos d'Esquadra).