64 ex altos cargos renuncian a 4,7 millones en indemnizaciones

Un total de 64 ex altos cargos de la administración general del Estado han renunciado a sus "cesantías" de manera directa o por no haber contestado al requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que supondrá un ahorro de 4,7 millones de euros, mientras que otros 21 han preferido seguir cobrándola. El departamento de Cristóbal Montoro hace este balance una vez acabado el plazo de contestación de las 85 personas con derecho a cobrar dicha compensación económica, que no se puede compatibilizar con otra remuneración pública o privada desde que así se aprobó el 14 de julio dentro del decreto de ajuste de 65.000 millones de euros.

Ya se conocía que la mayoría de los ex altos cargos del Gobierno socialista que cobran algún sueldo, incluido el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, habían renunciado a esta indemnización, que se eleva a un 80% del salario percibido durante el tiempo al frente de esa responsabilidad, con un máximo de dos años. De los miembros de su Gabinete, tan solo la extitular de Cultura Ángeles González Sinde, no afiliada al PSOE, ha avanzado que no renunciará a la indemnización.

Del Gobierno de Zapatero, sólo la exministra de Cultura Ángeles González Sinde no renuncia a la indemnización

Al concluir el pasado 1 de agosto el periodo fijado para adaptar la situación a la nueva legislación, un total de 55 ex altos cargos de los 85 que tenían derecho al cobro han contestado a las solicitudes remitidas. De ellos, 21 ex altos cargos han optado por cobrar la prestación compensatoria y 34 han renunciado a seguir cobrándola. En el caso de los 30 que no han contestado se da por entendido, por imperativo legal, que también renuncian a su cobro.

El Decreto establece la incompatibilidad para miembros del Gobierno, secretarios de Estado y asimilados; el fiscal general del Estado; el presidente y vocales de la CNMV y todos los organismos reguladores y de supervisión; el gobernador y el subgobernador del Banco de España, el jefe y secretario de la Casa del Rey; y magistrados del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional y cargos del Defensor del Pueblo.

En cuanto a los miembros del Gobierno, tenían derecho a la pensión indemnizatoria el ex presidente, 18 ex ministros y 39 ex secretarios de Estado y asimilados. Se han recibido 35 respuestas, de las que 6 optan por mantener la cesantía, otras 29 renuncian y 23 no han contestado.

De la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, tenían derecho a esta compensación 7 ex altos cargos, de los cuales 3 optan por percibir la prestación compensatoria y otro opta por percibir otra retribución pública, y otros 3 al no contestar, renuncian. Por lo que respecta a la Comisión Nacional de Energía, los afectados eran 9 personas, de los que 4 optan por la retribución compensatoria al cese y otra renuncia a ella, otros 4 también por no contestar. En la Comisión Nacional de la Competencia, una persona opta por mantener la cesantía y otra renuncia a ella.

En la Comisión Nacional del Mercado de Valores sólo había una persona afectada que ha optado por la prestación compensatoria. En relación con el Banco de España, se han recibido dos respuestas. En este caso no se produce ningún ahorro, dado que ya la Ley de Autonomía del Banco de España establecía la incompatibilidad con una segunda retribución pública o privada.

En el Consejo General del Poder Judicial hay uno que opta por la retribución y otro escoge la retribución pública de la actividad que está desempeñando. En el Tribunal Constitucional tres personas optan por la remuneración de transición, que en su caso se percibe sólo durante un año.

En la Comisión Nacional del Sector Postal la persona afectada ha renunciado al optar por otra retribución pública. En el Consejo de Seguridad Nuclear los dos afectados han optado por la cesantía.

En el caso del Tribunal de Cuentas hay 7 afectados de los cuales se han recibido 5 respuestas que se decantan por la prestación compensatoria. No obstante, dado que han sido cesados el 23 de julio, el resto tienen de plazo para optar hasta el 10 de agosto, por lo que no se han tenido en cuenta para el cálculo.