Este artículo se publicó hace 15 años.
El 75% de los pisos que se elevan son protegidos
El parón en la construcción de vivienda es tal que ha hecho que los pisos protegidos (tanto de promoción pública como aquellos donde el promotor recibe algún tipo de ayudas de la administración) supongan ya el 75% de la oferta actualmente en edificación en Catalunya. Aún así, la cifra de vivienda protegida es menor a la planeada porque los bancos y cajas siguen sin cumplir con sus compromisos de financiación, pese a los pactos que han cerrado con la Generalitat.
En los primeros cinco meses del año se iniciaron un total de 4.300 viviendas, lo que supone un 73% menos respecto a las casi 16.000 que se elevaron en el mismo periodo de 2008, que ya de por si fue un año malo. El conseller de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, auguró ayer, en la presentación de los datos, que el año acabará igual o peor.
Muestra de que el mercado está cambiando es que la compra de pisos bajó un 46% y el alquiler subió un 10%.
El problema principal es el que sufren todas las actividades, sea cual sea el sector: que los bancos y cajas no dan financiación para llevar a cabo los proyectos. "Ni el Institut Català del Sòl (Incasòl) puede materializar sus promociones. Es un problema muy importante que retarda enormemente las políticas públicas de vivienda", afirmó Baltasar. Los responsables de la conselleria de Vivienda lamentan que las entidades penalizan aún más la concesión de créditos a promociones de alquiler, que es la principal apuesta de la administración pública.
La dificultad incluso en la adquisición de la vivienda pública por parte de los agraciados en los sorteos, a los que se les niega la hipoteca, hace que "muchas promociones protegidas queden vacías, sobre todo fuera de Barcelona", explicó la secretaria de Vivienda, Carme Trilla.
Medidas en saco roto
El Gobierno catalán ha llevado a cabo medidas innovadoras para solucionar el problema. Pero a la práctica "no funcionan", admitieron sus responsables, porque las cajas y bancos siguen sin cumplir con su parte. La Generalitat cerró acuerdos con diez entidades, que se han comprometido a conceder hipotecas a los adjudicatarios de vivienda protegida. A cambio, el Ejecutivo mantiene que recomprará el piso a la entidad financiera si el propietario no paga el crédito. "El riesgo queda cubierto, pero aún así los préstamos no se han desbloqueado", afirmó Trilla, que añadió que la Generalitat llevará a cabo una campaña para informar al comprador de esta opción para que exija el préstamo, dado que las entidades firmantes están obligadas a concederlo.
El ejecutivo introducirá el lunes cambios en esta opción a través de un decreto. Como paso previo a quedarse un piso, intentará que el propietario se quede como arrendatario, pagando un alquiler más bajo a la entidad. El Gobierno avalará el pago de esta cuantía: si el inquilino no la abona, responderá por él la administración.
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