Este artículo se publicó hace 14 años.
Casi 80.700 descendientes de exiliados del franquismo ya son españoles
La Ley de Memoria Histórica restituye el honor a 567 víctimas de la dictadura e identifica a 21.000 desaparecidos.
Alrededor de 80.700 descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo tienen ya la nacionalidad española gracias a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, desde que esta fuera aprobada en octubre de 2007.
Además, una veintena de combatientes de las Brigadas Internacionales se han hecho también españoles y otros casi 9.000 hijos y nietos de los que se vieron obligados a abandonar su patria al término de la Guerra Civil y en los años posteriores -un millón y medio según la fundación Pablo Iglesias- tienen aprobado el expediente para adoptar la nacionalidad de sus antepasados.
También, como resultado de esta ley, el Gobierno ha restituido formalmente el honor de 567 víctimas del franquismo, con la entrega de las correspondientes declaraciones de reparación y reconocimiento personal.
Precisamente, una de las últimas ha sido entregada a los herederos del poeta Miguel Hernández, que murió en la prisión de Alicante tras ser condenado en un juicio sumarísimo.
Entre 30.000 y 35.000 desaparecidosLa identificación de los enterrados en fosas comunes es otro de los frentes en los que está actuando el Ejecutivo -hay entre 30.000 y 35.000 desaparecidos no identificados según las fuentes- y, en concreto, tiene muy avanzado el registro de los que fueron sepultados en el Valle de los Caídos, la mayor tumba común de España.
De acuerdo con los trabajos desarrollados hasta ahora, habría unos 30.000 cadáveres enterrados en el mismo lugar donde yacen los restos del dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, de los cuales unos 21.000 ya han sido identificados.
Pese a que los trabajos de identificación están bastante adelantados, el Gobierno no ha cumplido con el plazo fijado para confeccionar este censo, ya que expiraba el 30 de marzo en cumplimiento de una proposición no de ley pactada entre ICV, NaBai y el grupo socialista, a la que únicamente se opuso el PP.
Esta iniciativa parlamentaria incluye igualmente subvenciones para agilizar las exhumaciones y, en su caso, el traslado de los restos cuando así lo soliciten los familiares.
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