José Madrid recorre unos 130 kilómetros cada día para transportar a su hijo José Manuel entre Alcorcón (Madrid) y el centro de día de la capital, donde lo atienden. Su hijo, de 22 años, nació con una lesión cerebral que le impide valerse por sí mismo. A pocos minutos de la casa de José hay una flamante residencia y centro de día para personas con discapacidad intelectual. Pero sus instalaciones permanecen cerradas por la falta de entendimiento entre el Ayuntamiento de Alcorcón (PSOE) y la Comunidad de Madrid (PP). 'Es un crimen que teniendo esta residencia acabada, con el dinero que ha costado [unos diez millones de euros], las personas de Alcorcón que necesitan este recurso tengan que irse fuera', se queja.

Como José Madrid, unas 80 familias del municipio, confirman en el ayuntamiento, están a la espera de que se abra el centro, con 150 plazas, cuyas obras finalizaron en mayo del año pasado. En la ciudad, de 167.000 vecinos, no existe otro servicio público de estas características. Por ello muchas familias se ven condenadas a llevar a sus hijos a centros públicos y privados de otros municipios. Algunos padres incluso han pedido una ayuda económica para cuidar a sus hijos, aun deseando obtener plaza en un centro de día, para no arriesgarse a tenerlos a kilómetros de distancia, con las horas de viaje en el autobús que ello supone.

A las puertas de la residencia, tres familiares de personas dependientes denunciaban el jueves a Público lo absurdo de la situación. El martes de la semana pasada se reunieron con el alcalde, Enrique Cascallana (PSOE), que culpó a la Comunidad de Madrid de la situación. El ayuntamiento, que es el que lo ha construido, denuncia que, acabadas las obras, ahora le toca al Gobierno regional equiparlo (camas, cocina, lavandería, despachos...) y contratar al personal para abrirlo al público. 'Aun sin tener en cuenta la Ley de Dependencia, el recurso es responsabilidad de la comunidad', asegura la concejal de Servicios Sociales de Alcorcón, Marina Fernández. La edil recuerda que, por ley, son las autonomías las que se deben hacer cargo de los recursos especializados para servicios sociales, como es el caso.

Muchas familias deben trasladar a sus hijos a otros centros de la región

Por su parte, el Ejecutivo regional asegura que no tomará las riendas hasta que el centro esté equipado. 'Hemos enviado un borrador al ayuntamiento para hacer un convenio, pero hasta que el centro esté equipado, no lo gestionaremos', explican en la Consejería de Asuntos Sociales. 'Es así como lo hacemos siempre', insisten.

Para Fernández, la actitud del Gobierno autonómico es incomprensible. 'Tendrían que agradecer que les damos un centro ya hecho', se queja. Por su parte, el portavoz del PP de Alcorcón, Fernando Díaz, recuerda que el PSOE se comprometió a construir y poner en marcha el centro en su programa electoral de 2003, cuando desbancó al PP del Gobierno local.

La presidenta de los colegios de trabajadores sociales, Ana Lima, reconoce que la Comunidad 'podría aprovechar el recurso', porque hace falta, pero insiste en que los ayuntamientos 'no deben construir servicios especializados, porque es competencia de la autonomía'. El Ejecutivo regional, explica, no está obligado a asumir las competencias de esta residencia.

'Es necesario que el centro esté equipado para que la Comunidad lo gestione', dice el gerente de la Confederación de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps), Javier Luengo. 'Al final, siempre sale perjudicado el afectado', concluye.

Eugenia Torres. Madre de Florencio, de 47 años

Florencio Pachas tiene 47 años y depende de sus padres. Tiene una discapacidad del 92% que le impide ser autónomo. Florencio habla muy mal, sonríe constantemente y razona como un niño. “No sabe el valor del dinero, no se puede bañar solo...”, recalca su madre, Eugenia Torres, de 74 años. Florencio pasa la jornada en un centro de día de Alcorcón. A las 16.30 horas, el autobús lo devuelve a casa. A partir de entonces, sus padres se hacen cargo de él.“Queremos que abran la residencia pronto, nosotros ya somos mayores y llegará el día en que no podremos hacernos cargo de él”, explica el padre, de 77 años. Mientras, Eugenia y Florencio esperan a que la Comunidad de Madrid les conceda la plaza en una residencia que pidieron en 2007 por la Ley de Dependencia. Cruzan los dedos para que no manden a su hijo a un centro lejano a su hogar.

Ana Cencerrado. Madre de Ana Cristina, de 22 años

Ana Cristina balbucea y babea, y su madre le limpia constantemente los labios. Tiene 22 años pero es como un bebé, nunca dejó de serlo. Hace un año, al cumplir los 21, tuvo que dejar el colegio especial y entonces su madre se hizo cargo de ella. Ana es la sombra de su hija, gran dependiente. No se puede descuidar ni un momento.
La falta de plazas de centro de día en Alcorcón lo llevó a solicitar la ayuda económica para el cuidador familiar de la Ley de Dependencia. “No me quería arriesgar a que la llevaran a otro pueblo”, explica. Pero hace dos meses tuvo que rectificar y pedir una plaza en un centro de día: de tanto esfuerzo sufre una lesión en un hombro que la llevó a quirófano. Ahora está a la espera de que la Comunidad de Madrid le diga dónde tiene plaza su hija. Ana está preocupada: “No conduzco y la ruta del bus es demasiado larga”.

José Madrid. Padre de José Manuel, de 22 años

José Madrid y Trinidad Rodríguez preferirían no cobrar los 447 euros mensuales por la Ley de Dependencia que reciben y poder tener a su hijo en un centro de día público cerca de casa. José Manuel, su hijo, nació hace 22 años con una discapacidad física e intelectual que le impide valerse por sí mismo. Apenas puede manipular la silla eléctrica que lo transporta.

2010-06-19José y Trinidad decidieron hace un año mandar a su hijo a un colegio especial privado de Madrid. Cuando pidieron las ayudas por la Ley de Dependencia, se confundieron y solicitaron la ayuda económica, pensando que también tendrían derecho a un centro de día cercano, como dicen que les prometió “la chica” que les atendió. José reivindica que abran la residencia para cambiar su ayuda a la dependencia. “No queremos el dinero ni un centro público que esté en el quinto pino”, se queja.