Ni la Abogacía del Estado ni la Fiscalía han encontrado argumentos suficientes para iniciar acciones legales para impugnar a Amaiur. Esa ha sido su recomendación al Gobierno de cara al primer plazo que prevé la Ley de Partidos para tratar de vetar listas de cara a las próximas elecciones del 20 de noviembre. Después de que las candidaturas se publicaran hoy en el BOE, la presentación de demandas queda limitada a hoy y mañana.

No obstante, la reforma operada en la Ley de Partidos el pasado mes de enero permitirá a ambas instituciones impugnar a Amaiur hasta el 12 de noviembre e, incluso, después de celebrados los comicios, si surgen elementos objetivos de conexión como por ejemplo, de las vías de financiación con las formaciones ilegalizadas.

Pero, a día de hoy, con los informes de la Guardia Civil y la Policía (este último lleva fecha del pasado día 21) en la mano, la presentación de una impugnación con el listón que estableció para Bildu el Tribunal Constitucional tendría 'un 99,9% de probabilidades de ser rechazada', señalaron las fuentes consultadas.

El informe de la Comisaría General de Información, que de momento cuenta con diez páginas, aunque 'se irá perfeccionando y puliendo', no ha hallado conexiones objetivas o estructurales de Amaiur con las formaciones ilegalizadas, aunque sí subjetivas. Sin embargo, las enumeradas por la Policía no serían suficientes para pasar el filtro establecido por el Tribunal Constitucional (TC), al tratarse de contaminaciones lejanas, indicaron a este diario fuentes jurídicas.

De hecho, el informe afirma textualmente que 'en el seguimiento de los actos desarrollados por la coalición no se ha apreciado ninguno de los elementos que sustentaron la dependencia de los partidos ilegalizados con ETA'.

Y con estos mimbres la impugnación ha quedado descartada. Pero, sobre todo, con el fundamental, consistente en que se trata de una coalición electoral, en la que concurren juntos Bildu, que ya estuvo presente en las elecciones municipales y autonómicas tras recibir el aval del Constitucional, y un partido como Aralar, cuyo rechazo de la violencia siempre ha estado fuera de toda duda. Ni siquiera se lo planteó el PP, cuando entró en vigor la Ley de Partidos y se ilegalizó Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna en marzo de 2003.

Estas serán las primeras elecciones desde entonces en las que no se impugnará ninguna lista por estar supeditada a las órdenes de la organización terrorista.