Los abortos en menores no aumentan con la nueva ley

Los abortos entre adolescentes no se han disparado con la nueva Ley del Aborto, según acredita un informe de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai). El hecho de que desde julio de 2010 la interrupción del embarazo sea libre hasta las 14 semanas y que las menores no necesiten el consentimiento de sus padres basta con informarles, salvo contadasexcepciones no ha convertido la norma en un coladero.

Las declaraciones esta semana del candidato del PP a las elecciones, Mariano Rajoy, en contra de este punto de la ley, que su partido tiene recurrida al Tribunal Constitucional, están alejadas de la realidad. Sólo un 3,2% de las mujeres que han abortado desde la entrada en vigor de la nueva norma tenían 16 o 17 años, un dato similar al de años anteriores. En 2009, con la antigua norma, esa misma cifra fue del 3,8%, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad.

El 87% de las menores acudió a las clínicas con un familiar

Esa es la conclusión principal que se extrae del estudio de Acai. Las clínicas abortistas han tomado una muestra de 36.718 mujeres que han abortado en sus centros de toda España desde que entró en vigor la Ley del Aborto, en julio de 2010, hasta el mes de octubre pasado. Además, el 87% de las jóvenes (un total de 1.035) no sólo acudieron a las clínicas habiendo informado previamente a sus padres, sino que además fueron acompañadas de sus madres o tutores legales.

"Quien usa el sistema es porque lo necesita, no se abusa", defiende Santiago Barambio, presidente de Acai, en cuyos centros se realizan alrededor del 95% de los abortos. La presidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), Isabel Serrano, ratifica esta opinión. Los centros de planificación familiar, el primer lugar donde suelen acudir las jóvenes para informarse de cómo y dónde pueden abortar, no ha visto alterado el volumen ni el perfil de sus pacientes, explica. "Es falso que las adolescentes estén abortando sin control", insiste Serrano.

"Quien usa el sistema es porque lo necesita, no se abusa", defienden las clínicas

La presidenta de la FPFE defiende "el buen funcionamiento" de la actual norma. "Ha permitido que esa minoría de chicas con problemas familiares, en centros de menores y tuteladas puedan abortar, acompañadas por los trabajadores sociales", asegura. Además, Serrano recuerda que las clínicas que practican los abortos van con pies de plomo y son muy estrictas a la hora de constatar que la menor que no ha informado a sus padres no lo ha hecho porque ello le supondría un grave conflicto familiar, con violencia de por medio. De lo contrario, podrían tener problemas legales.

La Ley del Aborto en vigor eliminó la obligatoriedad de que las chicas de 16 y 17 años tuvieran que contar con el beneplácito de sus padres para poder abortar, como se venía haciendo desde que se despenalizó el aborto en 1985. La norma actual establece que basta con que las chicas de esta franja de edad informen a sus padres de su decisión. Este fue uno de los aspectos más criticados por el PP, que lo consideró un coladero.

Los conservadores aún se contrariaron más cuando, en los últimos días del debate parlamentario, se incluyó en el texto una excepción, a instancias de los grupos de izquierda. No estará obligada a informar a sus padres la chica de 16 o 17 años que "fundamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo", contempla la ley.

En este sentido, Rajoy fue contundente el jueves pasado, en una entrevista en la Cadena Ser. "A mí no me gusta que una niña de 16 años pueda abortar sin el conocimiento o el consentimiento de su madre. Las niñas tienen derecho a recibir el cariño de sus madres. Me gusta la vida. No se las debe dejar solas en esa circunstancia".

Para los profesionales que realizan abortos y trabajan en la planificación familiar, esta postura es sólo una cuestión de moral. La realidad pone de manifiesto que sólo 151 jóvenes (el 13% de las menores que abortaron y el 0,4% del total de abortos) no pudieron informar a sus padres o tutores legales de su decisión. No fue una rabieta ni un acto de rebeldía, defienden los profesionales.

"Las chicas tienen un miedo terrible a acudir solas a abortar. ¿En qué cabeza cabe lo contrario?", explica Blanca Cañedo, responsable de una clínica abortista de Asturias y coordinadora del estudio de Acai. Por eso, defiende, con los datos sobre la mesa, que esa minoría que no informó a sus padres, responde a unos perfiles muy concretos.

Uno de los casos más claros, relata Cañedo, fue el de una adolescente magrebí que acudió con la denuncia por malos tratos contra su padre que interpuso ante la Policía Nacional. En otros casos, se trata de chicas inmigrantes que viven solas o con amigas y acuden con una compañera de piso. Los responsables de las clínicas constatan con los trabajadores sociales próximos a la paciente que así es. "Tenemos muy consolidados estos cauces de comunicación con los trabajadores sociales", destaca Cañedo. Según explica, con la norma de 1985, cuando era necesaria la autorización paterna, estas chicas no podían abortar, ya que sus tutores no residían en España.

Entre esas 151 chicas que abortaron sin informar a sus padres también las hay que, por ejemplo, tienen a su padre en la cárcel y viven en centros de tutela. En ocasiones, prosigue Cañedo, incluso hay madres que se desentienden. "Hemos recibido a adolescentes a quienes les hemos pedido el teléfono de sus madres para explicarles la situación. Pero, cuando hemos hablado con ellas, nos han dicho que vale, que pasaban del tema", relata.

Para los profesionales del sector, cambiar la ley, como pretende Mariano Rajoy, y volver a requerir el consentimiento paterno para poder abortar a los 16 y 17 años, dejaría a esta minoría, precisamente un grupo de población ya de por sí en el umbral de la exclusión social, a abortar por vías clandestinas. "Se someterían a más riesgo, utilizando métodos no controlados", denuncia Serrano.

Con la constatación de que la Ley del Aborto no ha disparado las cifras de intervenciones tampoco entre las mayores de edad, según los datos ofrecidos por las autonomías,Isabel Serrano insiste en que la prevención sigue siendo una tarea pendiente.

La ley establece que se debe impartir educación sexual en la educación obligatoria, pero no va más allá. Ni se ha aclarado en qué cursos se impartirá ni en qué asignatura. Según explica Serrano, algunas autonomías, como Catalunya y Andalucía, ya han incluido de forma más o menos reglada esta formación en el currículo escolar. No obstante, en este sentido, España está por detrás de otros países.