La acusación contra Garzón reactiva el 'caso de los cobros'

Los abogados que presentaron la querella que dio origen a la tercera causa abierta contra Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo, José Luis Mazón y Antonio Panea, no quieren seguir esperando. En un escueto escrito, instan al magistrado Manuel Marchena a no retrasar más la tramitación de la investigación del patrocinio de los cursos que el juez impartió en Nueva York, pese a que Estados Unidos no ha contestado aún al requerimiento que se le envió en julio para recabar información sobre las cuentas de Garzón.

El escrito afirma que, sin perjuicio de mandar un recordatorio a Estados Unidos para insistirle en que debe enviar los datos solicitados, no se debe demorar más el procedimiento. Como próximas diligencias, independientemente de recibir la respuesta, propone volver a citar a declarar a Baltasar Garzón y a su asistente María del Mar Bernabé, como testigo.

En septiembre del año pasado, Marchena ordenó a la Guardia Civil investigar las cuentas corrientes, depósitos bancarios, declaraciones tributarias y, en su caso, participación en sociedades civiles o mercantiles del juez Baltasar Garzón, entre marzo de 2005 y julio de 2006, para determinar cuánto, cómo y de quién cobró el magistrado durante su estancia en Estados Unidos.

La inusual medida se justificaba por el Supremo en "las inexactitudes y contradicciones advertidas en las respuestas dadas" por Garzón y, a juicio del instructor, la intención de la Universidad de Nueva York de "enmascarar la realidad" de las retribuciones que le pagó.

El juez remitió información sobre las cuentas de las que dispuso, pero Marchena la entendió insuficiente y la pidió a EEUU.