Agenda en mano, Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, dio ayer un golpe de efecto que afianza las sospechas de que espías a sueldo de la Comunidad de Madrid vigilaron en 2008 a dos dirigentes del PP: el ex consejero Alfredo Prada y el propio Cobo, ambos afines a Mariano Rajoy y rivales de Esperanza Aguirre, que amagaba con optar a la presidencia del PP en elcongreso de junio de ese año.

Doce meses después de que estallara el escándalo, y durante una comparecencia de 40 minutos ante la juez del caso para cotejar la agenda de Cobo con los partes de seguimiento que destaparon la trama, el vicealcalde se sacó un as de la manga: todos los partes, relativos a siete días de abril, reflejan su actividad real, subrayó. Y el último, fechado el 11 de abril de 2008, consigna que los agentes no pudieron localizar a 'C' Cobo ni por la mañana ni por la tarde. Los espías ignoraban que ese día así lo subrayó el vicealcalde ante la juez Carmen Valcarce, no podía salir de su casa camino del despacho municipal en Cibeles porque se encontraba de viaje en Zaragoza.

Aquel era un viaje privado del que regresó en AVE a mediodía y sólo conocido por los colaboradores más cercanos del vicealcalde. No figuraba en su agenda pública. Es decir, la Comunidad de Madrid no estaba al tanto de aquel desplazamiento. Y ese hecho hace tambalearse las dos explicaciones esgrimidas por el equipo de Aguirre y su entorno: la primera, que los partes son falsos y que cualquiera pudo escribirlos dado que sólo recogen la actividad rutinaria y conocida de cargos públicos; la segunda, que, en todo caso, los agentes adscritos a la Dirección General de Seguridad sólo hacían 'contravigilancias'.

Pero el parte del 11 de abril de 2008 debilita ambas coartadas. Ni el viaje era de dominio público, algo que cualquiera pudiera garabatear en un papel tirando de hemeroteca; ni cabe hablar de contravigilancia, ni siquiera en la hipótesis de que la Comunidad tuviera la deferencia de brindar protección a un político que no trabaja para ella.

Los espías no sabían que Cobo estaba fuera y esa es la acusación que, de manera implícita, lanzó ayer el número dos de Gallardón porque se dedicaban a espiarlo, no a velar por su integridad física ni a prevenir altercados en actos públicos. Ese último argumento, el de que los ocho agentes bajo su mando se dedicaban a adelantarse a posibles incidentes en actos políticos, es el que ofreció a la juez en septiembre Sergio Gamón, ex director general de Seguridad de la Consejería de Presidencia e Interior, principal imputado en el caso y a quien Aguirre mantiene como asesor. De momento, están igualmente imputados por malversación otros tres ex guardias civiles adscritos a su departamento.

Ninguna contravigilancia se lleva a cabo sin que conozcan su existencia el protegido y sus escoltas, aseguró Cobo a la juez acudiendo a su propio bagaje como consejero de Presidencia con Alberto Ruiz Gallardón. Establecer una especie de contravigilancia secreta incluso para la persona a salvaguardar implicaría el riesgo de 'gravísimas consecuencias', declaró el vicealcalde, según fuentes del caso.

Los partes de seguimiento son 'verosímiles', dijo Cobo ante la juez Carmen Valcarce. Midiendo sus palabras, Cobo expresó ante los periodistas su deseo de saber quién montó la 'gestapillo' que espió a cargos del PP en una acción 'indigna'. En octubre,Cobo señaló públicamente al Gobierno de Aguirre como artífice de la citada 'gestapillo'. Y aquello le ha terminado costando la suspensión de militancia por un año, sanción quetodavía no es firme.

La autoría de los partes continúa siendo una de las grandes incógnitas de este caso, instruido a paso lento por la juez Valcarce. La magistrada ni siquiera ha sometido aún a la prueba pericial caligráfica a dos técnicos de la Dirección General de Seguridad señalados por las acusaciones como posibles autores materiales de los partes manuscritos, José Manuel Pinto y José Palomo. Pinto, cuya imputación ha pedido el fiscal, lleva meses de baja.

El informe policial basado en los datos suministrados por Telefónica para fijar la posición de los móviles que usaban los agentes a las órdenes de Sergio Gamón ya confirmó que, en mayo de 2008, siguieron al entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, hasta las localidades de Chinchón y Brea del Tajo. Los ex guardias civiles imputados admitieron que sí, que lo habían seguido hasta allí. Para hacer 'contravigilancias', adujeron en su defensa.

En septiembre de 2009, la juez desacreditó en presencia del imputado Gamón la solvencia del citado informe. 'No es muy de fiar', dijo. Ahora, Valcarce está a la espera de que la policía analice un segundo informe. Este es también de posicionamiento telefónico pero referido a los días del mes de abril de 2008 con los que se corresponden los partes de seguimiento a Cobo.