Las cosas se van complicando para Sergi Xavier M.M. Su agresión en un vagón de los Ferrocarriles Catalanes el sábado 6 de octubre a una menor ecuatoriana ha tomado otro giro. Ayer la fiscal jefe del tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Teresa Compte, solicitó al juez su detención.

Además, si la menor confirma los insultos en su declaración la fiscalía pediría la prisión preventiva por el peligro de fuga o de reiteración de agresiones a la menor. El juez ha pedido a la niña que hoy vaya a declarar.

Pero el asunto va más allá de la agresión. Y es que se ha puesto en evidencia la falta de coordinación que a veces existe en el sistema judicial.

Los hechos

La agresión a la menor se produjo en sábado, sin embargo, no fue hasta el lunes cuando la fiscal guardia de Sant Boi del Llobregat recibió el atestado policial. El día del ataque, el juez dijo por teléfono a la fiscal de guardia 'que no hacía falta' su presencia en la declaración y por eso la fiscal no acudió. Tampoco convocó oficialmente la comparecencia en la declaración del acusado.

Ayer, en rueda de prensa, Compte explicó que la fiscal de guardia le había comentado en una reunión que cuando se enteró de los hechos no sabía que la víctima era una menor ni tampoco que había imágenes de todo.

Así que, el joven declaró pero quedó en libertad con cargos acusado de un delito de lesiones con el agravante de motivos racistas. No se le pudo imputar la agresión como delito porque no había parte de lesiones y la chica no acudió a declarar.

De hecho Compte ha advertido que solicitará que la menor sea sometida a un examen forense para determinar si sufre algún 'shock postraumático' que requiera tratamiento médico. Esto permitiría imputar al agresor un delito de lesiones. Y es que si no hay parte médico que constante los daños a la menor, será 'muy difícil' imputar al agresor un delito de lesiones y, por lo tanto, que ingrese en prisión de manera preventiva.

La Fiscal jefe explicó que había abierto una investigación interna para aclarar la actuación del ministerio público. También aprovechó la ocasión para quejarse de la falta de fiscales y planteó que, más allá de esta agresión puntual, quizá 'ha llegado el momento' de que el Congreso aborde una reforma del Código Penal que tipifique como delito de violencia con fines vejatorios.

Las reacciones

El caso ha despertado la indignación de muchos. Y las reacciones no han tardado en llegar. La Asociación de Ecuatorianos de Catalunya, la Federación de Asociaciones de Ecuatorianos y SOS Racisme han convocado esta mañana una concentración en el centro Barcelona en repulsa a la agresión.

Por otro lado, la ministra de Asuntos Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa , advirtió ayer en rueda de prensa que su gobierno 'llegará hasta las últimas consecuencias' para que 'caiga todo el peso de la ley' sobre el agresor. La ministra también criticó que el joven de santa Coloma de Cervelló quedara en libertad después de declarar aunque reconoció que la justicia había reaccionado con rapidez para enmendar lo que calificó de 'error'. También explicó que a la familia de la víctima se le ha ofrecido la posibilidad de volver a Ecuador.

No iba borracho

Antes de ayer, Sergi Xavier M.M, al ser localizado por los periodistas, justificó su agresión diciendo que iba borracho y que al ver las imágenes pensó que 'se le había ido mucho la olla'.

Sin embargo, ayer la menor, en declaraciones a Radio Caracol, dijo que en todo momento el agresor era consciente de lo que hacía.
Las cosas se van complicando para Sergi Xavier M.M. Su agresión en un vagón de los Ferrocarriles Catalanes el sábado 6 de octubre a una menor ecuatoriana ha tomado otro giro. Ayer la fiscal jefe del tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Teresa Compte, solicitó al juez su detención.

Además, si la menor confirma los insultos en su declaración la fiscalía pediría la prisión preventiva por el peligro de fuga o de reiteración de agresiones a la menor. El juez ha pedido a la niña que hoy vaya a declarar.

Pero el asunto va más allá de la agresión. Y es que se ha puesto en evidencia la falta de coordinación que a veces existe en el sistema judicial.