Un día después de haber bautizado la huelga de los trabajadores de Metro de 'maniobra política' para derribar a su Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, siguió sin rebajar el tono. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad, Aguirre recurrió a razones de 'justicia' para aplicar los recortes de los funcionarios a los trabajadores de Metro. También se mostró dispuesta a negociar, pero 'siempre dentro de la situación económica en la que nos encontramos'.

La presidenta madrileña no parece dispuesta a ceder. Por ello, hasta en tres ocasiones intentó justificar por qué los trabajadores de las empresas públicas también tienen que ver reducido su salario en un 5%, algo a lo que no obligaba el real decreto ley aprobado en el Congreso. No obstante, reconoció que se ha roto el convenio.

'¿Podríamos haber excluido a Metro como el Gobierno lo hizo con Renfe o Adif? Sí, pero no nos parecía justo. Los empleados públicos que tienen el salario en su mayor parte pagado por el contribuyente y que tienen el puesto de trabajo absolutamente garantizado, creo que no pueden excepcionarse ni ser de mejor condición que el resto', explicó la presidenta.

Además, abundó también en la idea de que desde su Gobierno se considera igualmente 'injusto' el hecho de 'tratar mejor a quienes tienen más capacidad de chantajear'.

En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid defendió que 'España necesita una ley de huelga', una promesa incumplida que, según narró, hizo el ex presidente Felipe González a el ex alcalde madrileño José María Álvarez del Manzano durante la huelga de la Empresa Municipal de Transportes del año 1991. 'Si aguantas, te haré una ley de huelga', recreó la presidenta unas supuestas palabras de González a Manzano.

Aguirre cree que 'tomar como rehenes' a los ciudadanos 'no es propio de un país democrático'.

La presidenta madrileña subrayó la disposición de su Gobierno a negociar, pero aclaró que ayer sólo integraba el comité de huelga un sindicato, por lo que no estaba muy claro el interlocutor al que dirigirse.

Una vez más, Aguirre insistió en que los servicios del 50% son los adecuados, que hay 400 expedientes abiertos para quien los han incumplido y que las 'amenazas' de algunos representantes sindicales están ya en manos del fiscal general del Estado y que 'probablemente' irán al juzgado.

También tuvo palabras para la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que un día antes exigió a la comunidad que diese soluciones. '¿Acaso se sentó ella con los funcionarios a negociar antes del decreto ley que les reducía sus sueldos?', se preguntó.

Por su parte, el presidente del Gobierno solicitó ayer responsabilidad tanto a la Comunidad como a la representación de los trabajadores para alcanzar un acuerdo.

En una comparecencia ante los periodistas después de reunirse con el ex primer ministro británico, Tony Blair, José Luis Rodríguez Zapatero destacó el comportamiento 'cívico y paciente' de los madrileños durante estos paros que han supuesto 'graves trastornos'. Y recordó que hay 'un principio que va paralelo' al derecho de huelga: el del cumplimiento de los servicios mínimos. Al igual que han hecho varios miembros de su equipo, el presidente insistió en la 'actitud de colaboración' del Gobierno con la comunidad.