Aguirre impide que se fiscalicen los contratos de la Gürtel

El PP aplicó ayer el rodillo de su mayoría absoluta para impedir que la Asamblea de Madrid remita a la Cámara de Cuentas los más de 300 contratos que, a dedo y por un monto superior a tres millones de euros, adjudicó entre 2004 y 2008 el Ejecutivo de Esperanza Aguirre a cuatro empresas de la trama Gürtel. Los conservadores tumbaron la propuesta del PSOE con un triple y variopinto argumento: que el asunto "está sub iúdice"; que los socialistas sólo pretenden acallar a los sectores críticos de su propio partido; y que las adjudicaciones, aquellas que el propio Francisco Correa definió como "chorizadas", se hicieron "correctamente".

Tras el veto del PP, el PSOE estudia pedir a la Comisión Mixta Congreso-Senado que reclame la intervención del Tribunal de Cuentas, máximo órgano de fiscalización del país. Que las Cortes formulen esa solicitud aparece como la única vía posible para esquivar el bloqueo del PP y conseguir que el asunto salte desde el ámbito regional la Cámara de Cuentas de Madrid al estatal.

El PSOE pedirá a las Cortes que exijan la intervención del Tribunal de Cuentas

Si el Tribunal de Cuentas examinara esos contratos y concluyese que, con independencia de las eventuales responsabilidades penales, se cometió una infracción contable, los altos cargos que los adjudicaron podrían verse obligados a devolver el dinero de su bolsillo.

Tanto el vicepresidente de Madrid, Ignacio González, como otros cuatro consejeros avalaron con su firma pagos a Special Events, Good and Better, Diseño Asimétrico y Servimadrid, las cuatro empresas del clan Correa que se beneficiaron de los contratos a dedo.

En la versión oficiosa de Aguirre y su equipo sobre los manejos de la red en la Comunidad se repite un estribillo: que Alberto López Viejo, consejero de Deportes hasta su imputación en febrero de 2009 y, antes, viceconsejero de Presidencia, es el único culpable. El PSOE lleva pidiendo desde febrero de 2009 los expedientes de los contratos. No ha habido respuesta.

Los contratos se fraccionaban para adjudicarlos a dedo sin concurso

"Lo que están haciendo es una labor de obstrucción para que no se averigüe lo que ha pasado", diagnosticó ayer el diputado socialista Adolfo Piñedo una vez verificado el veto del PP en la comisión de Hacienda.

La documentación que obra en el sumario del caso Gürtel ha constatado que la Comunidad de Madrid fraccionó los contratos de forma sistemática en beneficio del clan de Correa. Trocear los contratos, es decir, hacer varios supuestos encargos que en realidad eran sólo uno, tenía un solo objetivo: rebajar artificialmente el importe de cada factura, que así se situaba por debajo de los 12.000 euros. Esa era la cuantía que, hasta 2007, señalaba la Ley de Contratos como límite para los contratos menores, aquellos que se otorgan a dedo. "Es evidente subrayó ayer el socialista Piñedo que trocear contratos es un fraude de ley". El paradigma de lo dicho por Piñedo lo constituye el homenaje a los servicios de emergencia que actuaron tras la masacre del 11-M: el encargo se dividió en 15 facturas.