Aguirre protege a uno de los imputados en el caso Gürtel

El PP sigue protegiendo al ex consejero madrileño de Deportes y diputado de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel y una de las primeras víctimas políticas de la trama corrupta.

Pese a que López Viejo fue suspendido de militancia del PP y aunque actualmente ocupa su escaño del Parlamento regional en calidad de no adscrito, la presidenta de la Asamblea, la conservadora Elvira Rodríguez, evitó ayer facilitar al PSOE tanto las declaraciones de bienes y del IRPF que hizo el ex consejero en calidad de alto cargo de la Comunidad de Madrid, como la declaración notarial de sus propiedades que remitió a las Cortes cuando tomó posesión como diputado.

Desde el PSOE lamentan que "no haya voluntad de transparencia"

Según explicaron varios portavoces de la Mesa de la Asamblea, que se reunió ayer para tratar este asunto, Rodríguez emplazó a los socialistas a que expliquen "las razones" por las que quieren conocer las declaraciones de la renta de López Viejo, imputado por delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

En el PSOE consideraron que esos cargos justifican "de sobra" su solicitud. "Hay suficiente información en los medios y en el sumario de la Gürtel como para conocer nuestros motivos", explicó Helena Almazán, portavoz del PSOE en la Mesa. La representante socialista afirmó que "el reglamento y una resolución de la Presidencia regional de 2001 no dice que haya que explicar por qué se solicita una declaración de un alto cargo".

Los conservadores no quisieron hacer declaraciones al respecto

Los socialistas también habían pedido la declaración notarial de bienes que López Viejo realizó al llegar a la Asamblea y que está recogida en el Registro de Intereses del legislativo. Pero la Presidencia de la Cámara también evitó remitírsela. Rodríguez emplazó a los diputados del PSOE a que formulen su petición a la Comisión del Estatuto de la Asamblea.

No obstante, el artículo 28 del reglamento de la Cámara recoge que "el contenido del Registro de Intereses tendrá carácter público". En consecuencia, "los datos registrados estarán a disposición de la Mesa y de la Comisión de Estatuto cuando sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y serán accesibles a cualquier persona física o jurídica que lo solicite".

Almazán lamentó la "falta de colaboración" mostrada por parte de la presidenta de la Asamblea, lo que a su juicio de muestra que "no hay una voluntad de transparencia por parte del PP".

Fuentes del PP de la Asamblea madrileña eludieron comentar lo acontecido durante la reunión de ayer de la Mesa. "Nos limitamos a acatar lo que decide la Presidencia", afirmó una portavoz. Tampoco quisieron hacer declaraciones desde el gabinete de prensa de la presidenta de la Cámara regional.