Esperanza Aguirre da marcha atrás ante el Gobierno. La Comunidad de Madrid aprobó ayer un nuevo anteproyecto de la Ley de Cajas de Ahorros, que será tramitado de forma urgente y no limita la representación de los ayuntamientos. El vicepresidente del Ejecutivo regional, Ignacio González, afirmó ayer que aunque la ley en vigor es “plenamente constitucional” preferían “evitar litigios” con Zapatero y “garantizar la seguridad jurídica” de Caja Madrid.

El pasado 30 de marzo, el Gobierno central presentó un recurso de inconstitucionalidad en el que impugnaba dos apartados de dos artículos de la norma madrileña, aprobada a toda prisa en diciembre de 2008. Entre los puntos destacables, uno de los más polémicos era el recorte de la representación del Ayuntamiento de Madrid en la Asamblea de la caja. Aguirre había hecho menguar ostensiblemente el peso de la entidad municipal: de sus 70 consejeros actuales habría pasado a tener 24.

Eso ya no ocurrirá. En el borrador se asume “en todos sus términos” las argumentaciones defendidas por el Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional (TC). “Todos los aspectos controvertidos se derogan y se sustituyen estrictamente por la Ley Orgánica de Regulación de las Cajas de Ahorros”, sostuvo González. En caso de que sea así, la impugnación del Gobierno ante el TC decaerá.

Esperanza Aguirre pierde así una batalla, pero se acerca a la victoria en otro de sus grandes objetivos: relevar a Miguel Blesa de la dirección de la entidad financiera. Para ello, necesita pactar con los socialistas. El pasado 31 de marzo, mantuvo una reunión con el secretario general del PSM, Tomás Gómez, quien tras el encuentro declaró que hacía falta poner al frente de Caja Madrid a alguien con un “perfil más técnico”. Los socialistas no quieren que la entidad se convierta en “un cementerio de políticos”. Blesa, que lleva 12 años al frente de la caja, fue designado por el ex presidente José María Aznar.

En aquel encuentro, Gómez le había pedido a Aguirre que adaptara la ley y por eso ayer desde su círculo se valoraba positivamente que hubiese tenido en cuenta su recomendación. Además, los socialistas consideran que la dirigente conservadora ha dado un paso para desbloquear la situación, aunque aseguran que de momento no hay un nombre de consenso para sustituir a Blesa.

Desde el Gobierno regional se reconoce que la intención última de Aguirre es “seguir adelante con el proceso electoral”. Consciente de que la situación se podía eternizar en el Constitucional, la presidenta madrileña reaccionó de la única forma posible para desactivar el recurso. Sus colaboradores esperan que ahora se retire y así pueda continuar con la renovación de los órganos de Caja Madrid. Lo contemplan como una piedra en el camino para ganar la guerra.

“Queremos evitar los contenciosos con el Estado y generar un marco legal de tranquilidad para cumplir con los plazos previstos, porque eso es lo que toca”, reconoció González en rueda de prensa.

Una vez aprobada la ley, Caja Madrid deberá acoplar sus estatutos. El anteproyecto establece “un nuevo procedimiento de adaptación”. El Gobierno regional no detalló más. Básicamente porque no dio a conocer la letra pequeña y la redacción final de los artículos modificados.

Todo el mundo espera que para junio se reanude el asalto para la sustitución de Blesa.

Desde el Ayuntamiento de Madrid el concejal delegado de Hacienda, Juan Bravo, celebraba ayer “la rectificación” de Aguirre y que se le hubiera dado “la razón” a lo que el Gobierno municipal llevaba meses reivindicando.

¿Cuál es la importancia del cambio de ley?

Al margen de las implicaciones políticas, la decisión de cambiar la ley –aprobada hace sólo cuatro meses– es importante porque permite desbloquear el proceso de renovación de los órganos de gobierno de la cuarta mayor entidad financiera de España.

¿Cómo afectan los cambios en la representación de los municipios?

Con la ley que ahora se quiere cambiar, el Ayuntamiento de Madrid se quedaba prácticamente sin presencia en la Asamblea de la caja. Pasaba de tener 70 representantes a sólo 24. Ahora, podría contar con 36 consejeros generales, que es el mínimo que pedía Alberto Ruiz-Gallardón. Además, crecería el poder de corporaciones como Barcelona, Valencia o Málaga, que también están representadas en la Asamblea.

¿Por qué toma ahora Aguirre esta decisión?

Con el recurso presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, se paralizó la renovación de cargos en Caja Madrid y esa situación podría alargarse varios años. Con el cambio de ley, Aguirre aún gana poder en la caja y puede negociar a quién pone al frente de la entidad financiera.

¿Podrá Miguel Blesa continuar en la presidencia?

Es poco probable que renueve en el cargo. Salvo cambios o pactos de última hora, la nueva ley mantendrá la obligatoriedad de que para repetir como presidente tenga que representar a la misma lista que en las elecciones anteriores. Blesa fue propuesto por la Asamblea de Madrid y no es previsible que Esperanza Aguirre quiera presentarlo de nuevo porque sus relaciones están muy deterioradas.

¿Es este el fin de la batalla?

No está claro. La guerra por el control puede llegar a su fin si el Gobierno retira su recurso de inconstitucionalidad y si el Ayuntamiento de Madrid, que también ha impugnado las decisiones de la Comunidad, hace lo propio con los suyos. Sin embargo, no está claro que Gallardón se retire totalmente de la batalla porque su representación queda mermada, especialmente porque le arrebatan también la que le adjudicaban habitualmente de la Casa Real. Además, no está decidida la postura del PSOE. Lo que sí es probable es que se produzca este año la renovación de los órganos de gobierno de la caja.