El PP madrileño disimula la presión a medias. Tiene a tres diputados autonómicos imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el caso Gürtel –Alfonso Bosch, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco–. Los tres están suspendidos de militancia, los tres mantienen su acta en la Asamblea regional. Pero el desconcierto en el Gobierno regional crece con la misma fuerza con la que el juez impone gruesas fianzas a los acusados. Y eso se constató ayer en el distinto tono y rotundidad que emplearon Esperanza Aguirre y su número dos, Ignacio González, cuando se les preguntó a ambos por las responsabilidades políticas. Más dura ella, más blando él.

Por la mañana, el vicepresidente madrileño apenas dejó resquicio a la duda: “El Gobierno ha asumido todas las responsabilidades políticas”, en la medida en que “desde el primer momento todas las personas afectadas dejaron sus cargos de gestión”. Sólo se concedió un matiz: “Estamos ante un proceso judicial abierto. Cuando se resuelva judicial y definitivamente, podrán cambiar las circunstancias”.

A las 16 horas se tenía noticia de los 750.000 euros que deberá abonar López Viejo. Aguirre no se atrevió a respaldar tan férreamente a sus diputados implicados. “A medida que vaya avanzando” la causa judicial, el PP regional “podrá tomar decisiones”. Y dijo más: “Si hay que asumir responsabilidades políticas, el PP de Madrid sabrá hacerlo”.

La presidenta confió en la “presunción de inocencia”, ya que aún no se sabe “de qué se acusa” a sus tres parlamentarios. Sólo ha trascendido, apuntaló, “una imputación de delitos gravísimos a todos ellos”.

Minutos después, ya en la sesión de control en la Asamblea, Aguirre evitó bajar de nuevo al caso Gürtel. Le forzaron Maru Menéndez (PSOE) y, sobre todo, Inés Sabanés (IU). Le echaron en cara que aún estuviesen sentados en su escaño, a su lado, los tres investigados. “Diputados imputados los hay en sus escaños”, bramó la presidenta a los socialistas.

En el pleno saltó de nuevo el viaje del vicepresidente a Colombia, en agosto de 2008. González, en respuesta al socialista Adolfo Navarro, insistió en que acudió al país latinoamericano para solventar problemas que el Canal de Isabel II, empresa pública que preside, tenía allí. Se refirió a las entrevistas oficiales con autoridades colombianas. Nada afirmó sobre lo que aparecía en un dossier de espionaje. En él, acompañantes de González hablaban de “un bufete panameño llamado IGRA y un banco suizo, el Anglo Irish Bank, una referencia para mover los fondos y cheques en Lauryn Group Inc. en Panamá”. González negó esa versión.

La enorme tensión no deja la Asamblea de Madrid. Ayer se repitió, y fue in crescendo. Comenzó Inés Sabanés (IU). La Gürtel, avisó, muestra que la corrupción escala hasta “el círculo de confianza” de la presidenta. Es decir, Ignacio González, que nombró viceconsejero de Presidencia a López Viejo en 2004. “Ni se confunda ni nos confunda. Usted es la máxima responsable de este escándalo. Actúe o dimita”, le retó.

Maru Menéndez, por la mañana, apuntó la misma idea: Aguirre, sostuvo, 'no puede esconder más la cabeza debajo del ala'. Por la tarde, bronca del PP con el PSOE por las protestas de los trabajadores de Iveco, BP Solar y Arcelor en la tribuna de invitados. La presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, expulsó al socialista José Quintana. La oposición se marchó del pleno.