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¿Al servicio de los ricos?

Tasas en segunda instancia y bodas y divorcios por notario, la agenda oculta' de Gallardón

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El silencio de Mariano Rajoy durante la campaña sobre las medidas que adoptaría en el plano económico hizo que sus adversarios denunciaran una agenda oculta del PP. En el terreno de la Justicia, sin embargo, no se esperaban sorpresas. La derogación de la última Ley del Aborto o la reforma en el acceso al CGPJ aparecían en el programa electoral del PP. Pero Alberto Ruiz-Gallardón ha optado por dejar su impronta desde el primer momento, anunciando el pago de tasas para los ciudadanos que quieran recurrir en segunda instancia y el desvío a los notarios de los matrimonios y los divorcios consensuados.

Ambas medidas pretenden solucionar la excesiva litigiosidad que colapsa los juzgados españoles, diagnóstico compartido en todos los ámbitos judiciales. Y las dos propuestas también comparten un desembolso extra para los ciudadanos, adicional a lo que ya se extrae de sus impuestos, lo que hace a la oposición hablar abiertamente de 'copago judicial'. Del mismo, el ministro excluyó a aquellos que no tengan recursos, concepto aún sin desarrollar, y prometió que la cuantía sería devuelta al litigante si ganaba el recurso. La jurisdicción penal quedará excluida del pago.

El ministro dice que ya hay tasas, pero las personas físicas están exentas

Ante las críticas recibidas durante la exposición parlamentaria de las tasas, Gallardón afirmó: '172 millones de euros anuales del presupuesto dedicado a la Administración de Justicia nace directamente de un sistema de tasas. Por tanto, no estamos inventando absolutamente nada nuevo'. Pero su anuncio sí establece algo novedoso: las tasas están reservadas para las jurisdicciones Civil y de lo Contencioso-Administrativo y, según la página web de Justicia, quedan exentas las personas físicas, los ciudadanos.

'Disuadir de la segunda instancia mediante la imposición de tasas es instaurar la Justicia para ricos', concluye el portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, quien dice no adivinar qué aporta la medida que no haga ya el servicio de pago de las costas a la parte contraria, que puede decidir un juez.

Para exponer el exceso de litigiosidad, Ruiz-Gallardón optó por comparar a Españacon Francia: si el país vecino, con 65 millones de habitantes, tramita al año seis millones de asuntos; España, con una población de 47 millones, alcanza los 9,3 millones de litigios. Pero ahí también obvió que Francia es de los pocos países de nuestro entorno que, en una ley de 30 de diciembre de 1977, estableció el principio de gratuidad de los actos judiciales ante los órganos jurisdiccionales civiles y administrativos.

Gallardón pone como ejemplo a Francia, país que no aplica el copago'

En cuanto al recurso a los notarios, el catedrático de Derecho Constitucional Luis Aguiar advierte: 'Son unos funcionarios muy singulares que funcionan con aranceles, diferentes en unos casos y otros. Los notarios están en el mercado'. La medida fue anunciada por Gallardón en una radio al día siguiente de reunirse con el Consejo del Notariado, que le expuso la grave situación económica de la profesión, con un descenso del 70% en ingresos desde 2007, según sus cifras. 'El debate debe ser si dejamos el Registro Civil en manos de los jueces o no. No es estrictamente necesario. Otros funcionarios se pueden encargar de los matrimonios, las defunciones, los nacimientos o los divorcios', apunta Luis Aguiar.

El exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín distingue entre los dos supuestos. En el caso de las bodas tendrían un coste que hoy es cero. Justicia aún no ha aclarado si la vía del notario será exclusiva o sólo una opción para quien quiera, por ejemplo, acortar la espera para casarse en un juzgado, que hoy oscila entre los cuatro y los ocho meses. Para Martín Pallín, siempre debe tratarse de una opción. 'Casarse en un notario es, en cualquier caso, bastante triste', apunta.

Bodas y divorcios pactados sólo suponen el 2,5% de la carga judicial

Otro caso es el de los divorcios consensuados, ya que la necesidad de un abogado y un procurador, señala, encarece la separación. Y recuerda la necesidad de que el Ministerio Fiscal esté presente en cualquier proceso donde se discuta la situación de menores. En todo caso, Martín Pallín muestra su sorpresa por el hecho de que 'los sectores del PP más cercanos a la Iglesia' pusieran el grito en el cielo con el divorcio exprés y ahora respalden esta medida.

En lo que coinciden todos los expertos es en la escasa incidencia que para los juzgados suponen matrimonios y divorcios consensuados, un 2,5% de los 9,3 millones de casos que conocen los juzgados españoles.

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